Asamblea ejidatarios en defensa de la tierra
Feliz Navidad y Año Nuevo 2013

Hemos abierto una página especial para que los compañeros miembros de ADN en Puebla, expresen sus puntos de vista sobre nuestro BLOG y además compartan sus propuestas políticas para el desarrollo de nuestra organización, así como para conocer su opinión sobre la situación económica, social, cultural y política del estado de Puebla y del país.

jueves, 15 de noviembre de 2012

punto de acuerdo se exhorta al gobernador de Puebla. Roxana Luna Porquillo



Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a reconsiderar la demanda presentada contra Fabián Gómez Hernández y Adrián Ruiz, director del portal Contraparte Informativa y columnista de El Heraldo de Puebla, respectivamente; y a encabezar un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 22 de febrero de 2011, entre opiniones a favor y en contra y sin realizar los foros solicitados por los trabajadores de los medios, el Congreso de Puebla aprobó, con 40 votos a favor y 1 abstención (del Partido del Trabajo), la despenalización del “daño moral”, como la figura legal que engloba los llamados “delitos de prensa”, difamación y calumnia, y colocarlos en el rango civil, para que los “infractores” ya no paguen con cárcel su “falta” sino que sea por medio de una sanción económica fijada por un Juez, quien a su criterio “castigue” con un monto económico al periodista. Empero, la sanción económica puede tan alta que lo despoje de su patrimonio.
La iniciativa fue presentada al congreso por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Éste pretendía definir como daño moral la “afectación que una persona sufre en su prestigio, sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos” y dar la responsabilidad en la obligación del derecho de réplica al periodista y no al medio. Finalmente, la iniciativa tuvo algunos cambios.
Los diputados también aprobaron que el monto máximo de la sanción por “daño moral” sea de 3 mil días de salario mínimo (170 mil 100 pesos de acuerdo con el tabulador 2011 para la zona C). Además, un artículo transitorio que obliga al Congreso del estado a legislar en un periodo no mayor de seis meses una “ley de responsabilidad civil sobre la personalidad para puntualizar los derechos al honor, vida privada y propia imagen”.
Esta propuesta fue calificada como “ley mordaza” y en las redes sociales llegó hasta la creación de unhashtag: #rafamordaza.
Esta reforma –señalaron algunos trabajadores de los medios– dejó abierta la posibilidad de un mecanismo de autocensura que, sin una regulación, es el juez quien establece la sanción económica a su arbitrio, que puede ser estratosférica, de tal magnitud que será imposible que el sancionado la pueda pagar.
Pues bien, y... la “ley mordaza” funcionó.
El director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo local, Sergio Ramírez Robles, tramitó las querellas en que se asienta que Fabián Gómez Hernández, director del portalContraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, violaron los artículos 1958 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y 6o. y 7o. de la Constitución General de la República, y de que, fuera de contexto, insultaron a funcionarios del gobierno de Puebla”. Que varios funcionarios han “soportado” durante año y medio “humillaciones e insultos”. Los acusados han publicado que Moreno Valle es intolerante ante la crítica y pretende imponer una relación autoritaria entre el gobierno, los medios de comunicación y los periodistas.
“Sobrepasaron –dice la querella– los límites del libre ejercicio del periodismo y abusaron de la libertad de expresión en perjuicio del honor del gobierno a través de la humillación de funcionarios públicos”. Los medios han filtrado que se trata de una lista en la que aparecen otros 17 periodistas que han criticado a la administración estatal, quienes podrían enfrentar acciones similares.
El gobierno de Puebla exige que el Poder Judicial declare a los informadores responsables “de daño moral causado por hecho ilícito, cometido en agravio de diversos funcionarios del gobierno estatal” y que “por vía de reparación del daño moral, (se ordene) la publicación de un extracto de la sentencia que se dicte en el presente juicio, en la cual se declare la existencia de la responsabilidad civil”.
Consideramos preocupante que se demande a periodistas, pues es evidentemente un rasgo de autoritarismo, que inhibe el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la pluralidad, exigido por un régimen democrático. Los funcionarios públicos, por tener esa calidad, son parte de la observación y crítica permanentes, y de ellos lo que se espera es precisamente tolerancia a la crítica. Este tipo de gobernadores no sólo no ve ni oye la crítica y las observaciones de los opinadores públicos sino que ahora, como gobierno, un funcionario introduce una querella en nombre de todo un gobierno y del conjunto del aparato estatal, exigiendo una reparación del daño, posiblemente pretendiendo que los informadores rectifiquen diciendo que el gobierno “ha cumplido todas las promesas que ha anunciado.”
No es una demanda individual, de una persona física que alega un daño específico, sino una acusación de un funcionario público que sale en defensa de su jefe, el gobernador y de todos los demás funcionarios públicos y, por su carácter, obviamente, los juzgados deben desechar las querellas.
“La atribución del vocero de tramitar demandas en nombre del gobernador o de funcionarios de gobierno es inconstitucional –han dicho públicamente los especialistas–. Los derechos a la personalidad, la vida privada, el honor y la propia imagen son personalísimos; sólo quien considera que se violó su derecho puede demandar. El decreto que concede facultades al vocero no puede estar por encima de la Constitución”. Además, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresamente concluyen que “el derecho a la información está por encima de los personales de los funcionarios públicos, quienes son personalidades que permanentemente son observados en su actuar como tales y que tienen por obligación entablar una relación pública con la sociedad”.
Los medios de comunicación han informado que los otros periodistas amenazados con la demanda son
1. Adrián Ruiz (El Heraldo de Puebla);
2. Selene Ríos Andraca (Central);
3. Salvador Ríos (El Sol de Puebla);
4. Fabián Gómez (Contraparte Informativa);
5. Enrique Núñez Quiroz (Intolerancia Diario);
6. Álvaro Delgado (Proceso);
7. Iván Tirzo (El Sol de Puebla);
8. Alejandro Mondragón Quintero (Status);
9. Valentín Varillas (Status);
10. Rodolfo Ruiz Rodríguez (e-consulta);
11. Fernando Pérez Corona (e-consulta);
12. Ricardo Morales (Intolerancia Diario);
13. Jorge Castillo (Intolerancia Diario);
14. Cirilo Calderón (El Sol de Puebla);
15. Carlos Macías Palma (El Popular);
16. Eduardo Rivera Santamarina (Unomásuno);
17. Fermín Alejandro García (La Jornada de Oriente);
18. Fernando Maldonado (Periódico Digital); y
19. Arturo Rueda (Cambio).
Ante tales hechos, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular Poder Ejecutivo de Puebla a reconsiderar la demanda presentada contra los periodistas, Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista de El Heraldo de Puebla, y a encabezar un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión.
Palacio Legislativo, a 15 de noviembre de 2012.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

punto de acuerdo comisión especial plural para la educación media superior en México. Roxana Luna Porquillo



Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial plural para la educación media superior en México, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 13 de octubre de 2011, la LXI Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de decreto que presentó la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Con fecha 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformados el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el transitorio segundo del mismo decreto se señala: “Se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022”.
Con fecha 9 de octubre del presente año, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara publicó una comunicación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la que remite el documento Efectos de la declaración de la obligatoriedad de la educación media superior en la demanda futura por servicios educativos presupuestales, donde informa de la trigésima reunión nacional plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), celebrada el 10 de septiembre de 2012.
En el comunicado se especifica: “Se interpreta el concepto de obligatoriedad establecido por el legislador, de tal forma que la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se establece como el deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica”.
Y agrega: “La obligatoriedad para el Estado se reduce a garantizar que el sistema educativo nacional tenga la capacidad de absorber a los egresados de la educación básica y de retenerlos en las aulas hasta la conclusión de sus estudios en este nivel educativo”. Acota: “Las principales causas de la falta de cobertura son explicadas más por número de jóvenes que no terminaron la secundaria y por la deserción en la media superior”.
Además, señala: “Esta definición trae como resultado que la evolución futura de la demanda esté altamente condicionada por el comportamiento de tasa de cobertura y la eficiencia terminal de la educación secundaria así como del la tasa de eficiencia terminal de la EMS, por otra parte la reforma constitucional tampoco establece al Estado Mexicano la obligación de ofrecer Educación Media Superior a aquellos que teniendo concluida la Educación Secundaria se encuentren por encima de la edad típica, es decir que se encuentren en situación de rezago educativo (énfasis nuestro). De forma tal que de no darse un cambio sustantivo en estas variables, no obstante que se declaró obligatoria la EMS, no cabe esperar un incremento importante en la demanda por este servicio educativo”.
El transitorio segundo del decreto dice: “... ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país”. Enfatizo: “en sus diversas modalidades en el país”. Esto implica la enseñanza media superior de los sistemas federal, estatal, municipal y autónomo, en sus modalidades de propedéutico, mixto y terminal, pero también la educación para adultos.
Agrega: “La población que no fue absorbida por la educación media superior, calculada a partir de la tasa de absorción para el ciclo escolar 2008-2009, cuya tasa de cobertura fue del orden 62.3 por ciento, lo que viene a significar que cerca de 2.4 millones de jóvenes en edad de cursar la educación media superior no lo estaban haciendo”.
El comunicado concluye: “Para el ciclo escolar 2010-2011, la tasa de absorción de egresados de secundaria alcanzó 96.7 por ciento lo que significó que casi 97 de cada 100 egresados obtuvo un lugar en la educación media superior. Sin embargo, el indicador de cobertura neta, es decir el porcentaje de la población de 15 a 17 años que se matricula en este tipo educativo, al inicio del ciclo 2010-2011 fue de 53.2 por ciento. Si se estimara la cobertura sólo para el grupo de edad típica con secundaria terminada, entonces sería de 69 por ciento. En el primer caso, se estaría hablando de la inasistencia de casi 3 millones de jóvenes, mientras que en el segundo, de un millón y medio: dentro de los últimos se encuentran cerca de 600 mil jóvenes que desertaron” (énfasis nuestro).
Todo ello quiere decir que la SEP, según su interpretación, sólo atendrá en esos 10 años a los egresados de secundaria que cuentan con su certificado de estudios y cuantifica en un millón y medio de jóvenes aproximadamente para 2012 y abandona a su suerte a otro millón y medio de jóvenes que no fueron absorbidos y los que no terminaron su secundaria, y a quienes desertaron en la enseñanza media superior, durante más de cinco años, que es el tiempo promedio en que pudieron estudiar una carrera profesional y que no tuvieron esa oportunidad, hasta alcanzar la edad correspondiente.
Las cifras que aquí conocemos ilustran sobre la responsabilidad de la SEP, principalmente sobre la eficiencia terminal de la enseñanza secundaria y la media superior y que en consecuencia se traduce en jóvenes que no logran obtener su certificado de secundaria y de preparatoria y que la SEP no logró retenerlos para el término de sus estudios.
Éstos son precisamente los jóvenes que constituyen el grupo denominado peyorativamente como “ninis”. Estamos hablando entonces, como dice la SEP, de 3.5 millones de jóvenes que no estudian, debido principalmente a que esta dependencia federal no ha resuelto la mejora de la eficiencia terminal, o evitar la deserción en educación media superior y a los cuales la SEP no dará educación media superior. Y también ha decidido que no atenderá la población en calidad de rezago educativo.
La política educativa en la educación media superior
La política educativa de Luis Echeverría adoptó la decisión de separar las escuelas preparatorias de las universidades y la creación de los colegios de bachilleres. A esto obedecía también la separación de las prevocacionales del Instituto Politécnico Nacional y las secundarias de las normales rurales, creando escuelas de técnico-agropecuarias, industrial y comercial, y de separar las escuelas preparatorias de las universidades para sustituirlos por Colegios de Bachilleres, Conalep u otras instituciones.
En el régimen de Carlos Salinas de Gortari se aplicó una política aún más restrictiva de la educación superior y de la media superior, impulsando las carreras del sistema terminal postsecundaria y las cortas de bachillerato (PNES 80).
Así proponía la disminución del ingreso, con aumento de demandantes de educación media terminal, con campañas de orientación vocacional; aumento de requisitos y procedimientos de selección académica para el ingreso, con eliminación gradual del pase automático, implantación de topes de admisión por carreras y la Racionalización del crecimiento de la población escolar. (p. 10.41).
Según el Informe nacional sobre la educación superior en México, de la SEP, la política educativa aplicada en 1983, flexibilizó el currículo y pasó al sistema de créditos, para no prolongar los estudios innecesariamente y disminuir lo más posible la estancia de los estudiantes en las aulas. Unificación del tronco común curricular, reducción de años de estudio y unificación de fechas de ingreso del bachillerato. Los diversos sistemas y propuestas educativas, son un obstáculo, ya que la homologación de créditos entre los diferentes currículos es difícil. Como consecuencia, los jóvenes desertan”.
En México, el número de jóvenes de entre 25 y 34 años sin bachillerato es de 58 por ciento, junto con Turquía, lo que lo convierte en uno de los países con mayor porcentaje. México ocupa el primer lugar cuando se mide la deserción entre 33 de 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha informado que en el sistema educativo, la tasa de deserción más alta está concentrada en la preparatoria y bachillerato, que llega a 15 por ciento.
Por las fechas en que fue celebrada la reunión del Conaedu, es decir, el 10 de septiembre de 2012 y la fecha del dictamen, podemos intuir que las conclusiones de la reunión mencionada influyeron finalmente en la redacción de la reforma constitucional, acotando los efectos solo a los egresados de secundaria y que se encuentren en la edad típica, abandonando a los jóvenes que no pudieron estudiar la secundaria y los que desertaron por la deficiencia terminal de la SEP en este nivel educativo.
Han sido entonces la SEP y la política aplicada, la responsable de que existan estos jóvenes que no estudian y no ha tenido políticas eficientes para que terminen su educación, ni tampoco, para que los que han desertado, puedan posteriormente terminar su instrucción secundaria con programas intensivos y especiales para los jóvenes.
A esa situación se agregarán ahora los jóvenes que no pueden ingresar en la educación media superior y los que desertan. Estos programas deben aplicarse inmediatamente y resolver la terminación de la educación secundaria y la media superior de estudiantes rezagados y que ya suman 9 millones. Es evidente que ahora podemos iniciar la solución de los jóvenes ninis por lo que corresponde a su educación. La madre de los ninis es sin duda la SEP.
Deserción en educación media superior
En México, 14.5 por ciento de los bachilleres que se encuentran en las aulas abandonan los estudios, es decir, 600 mil jóvenes en edad económicamente activa, terminan integrándose al campo laboral informal, mal remunerado o incluso ilícito. En promedio, en los países de la OCDE, 20 por ciento de los adultos jóvenes dejaron de estudiar antes de completar la preparatoria.
De los jóvenes de 15 a 18 años, 60 por ciento no recibe educación media superior, por lo que es necesario que la SEMS amplíe sustancialmente el programa de becas, ya que de las principales causas de la deserción es el no poder sustentar sus estudios.
En el ciclo escolar 2009-2010 del programa “Síguele, caminemos juntos”, que realizó la SEP, cada 25 segundos, en promedio, un joven decide no seguir estudiando y abandona el bachillerato. Para 2008-2009, se calculaba que por día 3 mil 114 jóvenes desertaron a diario del bachillerato. Su magnitud no sólo afecta la calidad de vida de los jóvenes, sino también tiene repercusiones económicas y sociales en el país”.
Para contener este fenómeno, la SEP intensificó la campaña de inscripción para que los estudiantes puedan obtener una de las 400 mil becas, para retener a los jóvenes en las aulas de la educación media superior.
En el apartado “Justificación” del programa se plantea que el propósito es disminuir la deserción y la reprobación escolar.
Motivos para el abandono
“Los jóvenes de 15 a 19 años de edad que dijeron –en la Encuesta Nacional de la Juventud 2005– haber abandonado la escuela señalaron como las principales causas el que “tenía que trabajar” y “porque ya no me gustaba estudiar”, como los motivos centrales de su decisión, dice el estudio”.
Deserción es un drama: SEP
El subsecretario de Educación Media Superior informó que la cifra de jóvenes de entre 15 y 18 años de edad que deberían estar en la escuela y no lo hacen es de un millón 800 mil personas, entre los cuales están los que habiéndose inscrito abandonaron sus estudios y los que no concluyeron la primaria o la secundaria o son analfabetos.
La cifra de jóvenes que pertenecen a la cohorte generacional de 6 millones y tienen edad para cursar estudios de educación media superior, alrededor de 4 millones 200 mil alumnos están en las aulas, y 1 millón 800 mil “por alguna razón no lo están”.
Al presentar el informe, en París, Equidad y Calidad de la Educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventajas, la OCDE consideró que el abandono escolar es uno de los mayores desafíos en todos los países y planteó 10 recomendaciones para prevenir el fracaso escolar y ayudar a mejorar las escuelas y estudiantes en desventaja. Entre ellas están el crear un “pase automático” que limite la reprobación, “clausurar” las escuelas que no brinden un servicio adecuado y fusionar los pequeños planteles, además de impulsar créditos y apoyos conforme a las necesidades de los alumnos, entre otras.
El estudio señala que el entorno socioeconómico bajo, las circunstancias personales o sociales y de injusticia, “provoca el fracaso escolar cuya manifestación más visible es la deserción”.
El gobierno tiene una responsabilidad de asegurar que los jóvenes encuentren oportunidades para realizarse en la proximidad de su vida adulta. En 2010 nuestro país alcanzará el máximo histórico en el número de jóvenes entre 16 y 18 años, los cuales constituyen el grupo en edad de cursar educación media superior (EMS).
“De no haber un nuevo impulso a la EMS, en el ciclo escolar 2012-13 la tasa de graduación sería de 49.1 por ciento por ciento, la cual es menor al promedio en el que se encontraban los países de la OCDE a finales de la década de los años sesenta”. En otras palabras, de continuar las tendencias actuales, al inicio de la segunda década del siglo XXI, la EMS en nuestro país tendría un rezago de 50 años. Esta no puede ser una opción para un país que aspira a mayores niveles de bienestar en una etapa en que el número de jóvenes alcanza su máximo histórico.
Cobertura
Dadas las tendencias demográficas y educativas que se observan en el país, el crecimiento más notable del sistema educativo nacional durante los próximos años se localizará en el nivel medio superior. La cobertura de la EMS debe entenderse como el número de jóvenes que cursa el nivel en relación con los que se encuentran en edad de cursarlo.
El cuadro siguiente muestra el indicador de cobertura de la EMS desde 1990 y las proyecciones hasta el 2020. Incluye datos sobre el número de egresados de secundaria, para poder dimensionar la demanda de servicios de EMS, y la tasa de absorción (que divide el número de alumnos de nuevo ingreso en la EMS entre los egresados de la secundaria). Asimismo muestra la llamada eficiencia terminal, un reflejo de la deserción, que mide el porcentaje de alumnos que egresa del nivel respecto de los que ingresaron tres años antes.
Cuadro I.3. Indicadores de cobertura de la EMS. Cifras nacionales


Los datos muestran que, en el escenario tendencial que consideró la pasada administración federal, la cobertura de EMS pasaría de 58.6 a 65.0 por ciento a lo largo de la actual administración. La eficiencia terminal y la deserción prácticamente no tendrían cambios.
El cuadro es revelador de que, al menos entre 1995 y 2006, el problema de la falta de cobertura en la EMS ha obedecido a la deserción y la baja eficiencia terminal antes que a la incapacidad del sistema de absorber a los egresados de la secundaria. En los años próximos se deberá reanimar el crecimiento de la oferta educativa, pues el número de egresados de secundaria seguirá creciendo hasta llegar a poco más de 1.8 millones de alumnos en 2010.
Debe tenerse en mente asimismo el nivel académico de los egresados de secundaria; puede condicionar su desarrollo a factores más allá de su control.
La deserción afecta de manera especialmente severa a los grupos de bajos ingresos. Ello se debe en parte a consideraciones sociales, culturales y económicas. La escasa cobertura de la EMS en los primeros deciles de la distribución del ingreso está asociada a que el sistema educativo no resuelve satisfactoriamente las desventajas de partida de ese segmento de la población.
Esta situación refuerza la inequidad que se observa en el sistema educativo del país. Como se observa en la siguiente gráfica, entre los estudiantes de entre 15 y 17 años que abandonan la escuela, la mayoría de los cuales se ubica en los deciles de ingreso más bajos, la mayor parte, alrededor de 40 por ciento, lo hace por falta de interés por los estudios.

En resumen, en la coyuntura actual resulta esencial fortalecer la cobertura, equidad y calidad en la EMS, de manera que tenga sentido estudiarla, y se convierta en un mecanismo a través del cual los jóvenes adquieran habilidades y conocimientos que les resulten útiles para desarrollarse como personas y actores en la sociedad y el mercado laboral.
En promedio, los jóvenes de México tienen su primer trabajo a los 16.4 años, salen de casa de sus padres por primera vez a los 18.7 años, tienen su primera relación sexual a los 17.5 años. Este tipo de eventos revelan que se trata de una etapa determinante en la vida y en el desarrollo personal. Es muy importante considerar la vulnerabilidad a la que la persona se encuentra expuesta, los cambios que en ella tienen lugar y la trascendencia de las decisiones que el joven asume a lo largo de esos años. Todo ello reclama una atención especial hacia los estudiantes, la cual debe comprender diversos sentidos.
Desde luego, habría que agregar que los 18 años es la edad en la que los jóvenes adquieren la mayoría de edad y con ello los derechos y obligaciones que otorga la ciudadanía plena.
Entonces, la SEP interpreta incorrectamente que su responsabilidad, regateando los recursos, pues su atención se reduce solo a un millón y medio de jóvenes dejando en el abandono, al otro millón y medio que no obtienen su certificado, sino, además, a aquellos que no pudieron ingresar a secundaria y que además desertaron de este nivel de enseñanza y del nivel medio superior.
La SEP tiene la obligación de resolver la eficiencia terminal de la secundaria y hacer un esfuerzo especial para ello, por lo que el monto del presupuesto que se enuncia en el comunicado, no considera la solución de la problemática que esto implica. Además, debe tomar medidas extraordinarias para incrementar la eficiencia terminal en educación media superior y evitar la deserción.
Es evidente que lo primero que salta a la vista es que tendrá que duplicar su presupuesto para educación media y media superior.
Por ello es necesario que la SEP incluya en sus cuantificaciones presupuestarias la responsabilidad de formación y capacitación de profesores de educación media y media superior, elevando con ello la calidad de la enseñanza, que incremente el número de plazas de profesores de carrera de tiempo completo, profesionalizando la enseñanza y reduzca la contratación de profesores hora clase. Además es posible establecer un amplio sistema de escuelas de enseñanza secundaria y media superior para adultos, lo cual también debiera ser considerado.
Para todo ello deberán reformarse diversas leyes y sobre las cuales en su oportunidad presentaremos las iniciativas correspondientes.
Por tal motivo, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados crea una comisión especial plural para la educación media superior en México, con los siguientes
Objetivos
a) Dar seguimiento a la aplicación de la cobertura general neta a la educación media superior ordenada en la reforma del artículo 3o. constitucional;
b) Que dé seguimiento a la eficiencia terminal en el nivel secundario y de la educación media superior, tomando las medidas necesarias para evitar la deserción;
c) Que la totalidad de los egresados de secundaria cuente con la matrícula que le corresponde;
d) Que sean ampliados los programas en la educación para mayores de 18 años; y
e) Se cumpla este mandato constitucional de lograr 100 por ciento de la cobertura nacional.
Dados los objetivos y el plazo de 10 años establecido en la reforma constitucional, la comisión tendrá como duración el correspondiente a la LXII Legislatura.
Los recursos económicos y materiales que requiera la comisión serán determinados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo, a 23 de octubre de 2012.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

martes, 23 de octubre de 2012

POLÍTICAS DE CALDERÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS



IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE CALDERÓN EN MATERIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
Presentada ante la reunión de instalación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el 23 de octubre de 2012

Al gobierno de Felipe Calderón no le han importado los derechos humanos, permitiendo  un grave deterioro en la protección de los mismos, haciendo caso omiso de las miles de víctimas de violaciones que se han atrevido a denunciar los abusos y reclamar justicia. Calderón ha impuesto una política de seguridad pública para enfrentar militarmente a grupos del crimen organizado, lo cual en vez de combatirlo, agravó la violencia severamente en varias regiones del país, sin contar con una estrategia para frenarla y garantizar la seguridad para la población afectada.
Los responsables de tortura y otros crímenes de lesa humanidad prácticamente nunca son llevados a juicio, hay deficiencias en la legislación nacional que impiden avanzar en su erradicación, como el hecho de que la definición de la tortura en la legislación federal no se ajusta a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre la materia.
La estrategia del Estado mexicano de ocultar la verdad, no sólo en el ámbito interno sino en el litigio de los casos llevados ante la Corte Internacional de  Derechos Humanos (CoIDH), negándose a cooperar con la CoIDH; la falta de diligencia, voluntad y seriedad en las investigaciones configuran una violación a la obligación del Estado mexicano de asegurar el acceso a la justicia. El incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, más allá de discursos ociosos, lleva a que en México no se cumplen las recomendaciones que emiten los organismos internacionales de derechos humanos, tal es el caso de:
1.- JORGE CASTAÑEDA GUTMAN. La primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano del 6 de agosto de 2008 por restricción de los derechos políticos.

La demanda se relaciona con la inexistencia en el ámbito interno de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de los derechos políticos y el consecuente impedimento para que  Jorge Castañeda Gutman inscribiera su candidatura independiente a la Presidencia de México para las elecciones que se celebraron en julio de 2006.

La CoIDH declara que el Estado mexicano violo, en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutman, el derecho a la protección judicial consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana; sin embargo, respecto del derecho de protección judicial consagrada en la Convención Americana, por unanimidad se resuelve que la sentencia per se constituye una forma de reparación y abunda que debe en un plazo razonable contemplar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano, amen, de imponer la obligación para que se publique en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional los párrafos 77 a 133 del fallo y condena al estado mexicano a pagar a Jorge Castañeda Gutman, gastos y costas en un plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia.

2.- CAMPO ALGODONERO.-  El 6 y 7 de noviembre de 2001 se encontraron en un viejo campo algodonero de Ciudad Juárez, ocho cuerpos de mujeres. Tiradas y abandonadas a la intemperie, las mujeres, fueron torturadas sexualmente. La denuncia de su desaparición se había realizado en meses anteriores por sus familiares.
Ante la actuación negligente y discriminatoriamente de las autoridades, después de un proceso judicial de 8 años, La CoIDH reconoce que la reparación del daño debe de implicar a más personas, sin embargo  emitió sentencia  en noviembre del 2009 refiriendo las violaciones a derechos humanos de tres mujeres en particular: Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González y sus familiares (dos de ellas menores de edad).
3.- ROSENDO RADILLA PACHECO.-  El 25 de agosto de 1974, detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el Ex. Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien fungió como presidente Municipal. Treinta y cuatro años después, su paradero sigue siendo desconocido.
El Estado mexicano tuvo la oportunidad de hacer justicia en el presente caso pues en agosto de 2005 la Fiscalía Especial consignó el caso por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro al juez civil; sin embargo el proceso fue llevado ante la justicia militar con base en la resolución de la propia justicia civil. Los representantes interpusieron una demanda de amparo en contra de dicha resolución, la cual fue desechada arguyendo que las víctimas no pueden recurrir al amparo para impugnar la competencia de los tribunales militares. La causa penal seguida en la jurisdicción militar en contra del inculpado se sobreseyó dado el fallecimiento del procesado.
4 Y 5.- CASO FERNÁNDEZ ORTEGA y OTROS, Y CASO ROSENDO CANTÚ y OTRA.- Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, Indígenas me’phaa del estado de Guerrero, quienes en 2002 fueron torturadas y violadas sexualmente por efectivos del Ejército mexicano. Ante la negativa de las autoridades mexicanas a dar cumplimiento a las recomendaciones del órgano regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
El 1o de octubre de 2010, la (CoIDH) notificó dos sentencias contra el Estado mexicano en los dos casos, señalando que las agresiones se dieron  en diferentes circunstancias en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el Tribunal Interamericano denominó “violencia institucional castrense”.
Las sentencias impusieron al Estado mexicano la ineludible obligación de reparar el daño causado a ambas mujeres y sus familiares a través de diversas acciones, incluyendo medidas de alcance en el ámbito comunitario, hasta el deber de reformar el Código de Justicia Militar y posibilitar un recurso efectivo para impugnar su intervención, así como la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, entre otras; además de asegurar que las violaciones a derechos humanos que sufrieron no vuelvan a cometerse, esto al ordenar reformas de índole estructural.
6.- CASO CABRERA GARCÍA y MONTIEL FLORES.- Sentencia de 26 de noviembre de 2010. El 2 de mayo de 1999, cerca de 40 miembros del Ejército mexicano irrumpieron en la pequeña comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, quienes participaban activamente en la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) en la defensa de los bosques, fueron apresados ilegal y arbitrariamente por militares, sin estar cometiendo delito alguno ni existir orden de detención contra ellos. Los dos campesinos fueron puestos a disposición de una autoridad judicial cinco días después de su detención, en exceso de los plazos legales correspondientes. Durante ese lapso, estando bajo poder del Ejército, fueron torturados y obligados a firmar confesiones de delitos que finalmente derivaron en condenas en su contra. Las torturas de las que fueron víctimas permanecen impunes.
Los Sres. Cabrera y Montiel, declarados “presos de conciencia” por Amnistía Internacional, permanecieron más de 2 años privados de su libertad.
Indígenas defensores del derecho al agua, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en el Estado de Puebla
La reciente adopción por Amnistía Internacional de dos presos de consciencia, los indígenas defensores del derecho al agua, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en el Estado de Puebla, es una muestra más como el sistema de justicia continúa prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos,  personas indígenas e integrantes del movimiento social.
Las y los defensores de derechos humanos y periodistas han sido objeto de ataques, asesinatos, amenazas e intimidación en represalia por su trabajo.
Las y los defensores de derechos humanos y periodistas han sido objeto de ataques, asesinatos, amenazas e intimidación en represalia por su trabajo. Durante años el gobierno se resistió a establecer un mecanismo eficaz de protección para estas personas en riesgo. Solo este año, con el nuevo marco legal aprobado por el Congreso y promovido por la sociedad civil, el gobierno ha tomado los primeros pasos para establecer un mecanismo de protección. Aun así, todavía existen muchas dudas sobre su eficacia,  sobre las investigaciones penales necesarias para esclarecer los ataques y sobre el compromiso de la próxima administración de dar continuidad al mecanismo.
El hecho de que la mayoría de los estados y la federación sigan sin introducir las reformas, significa que continúan operando bajo un sistema que no garantiza la justicia y tolera la impunidad.
Justicia penal más humana
El sistema político de nuestro país se ha reformado para tener una justicia penal más humana y los mexicanos tienen derechos, no meras prerrogativas otorgadas por los gobernantes. La rendición de cuentas debe significar un medio de prevención y reparo de conductas indebidas, cometidas por los encargados de la función pública, pero la administración de Calderón evitó dar cumplimiento cabal a esas sentencias.
La introducción del arraigo a la Constitución,.
Hay reformas en materia de derechos humanos, sin duda importantes, como la reforma a la Constitución del junio 2011, que implica finalmente asumir la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.
Las consecuencias de estas reformas apenas han empezado a sentirse. Un ejemplo, es la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de limitar el fuero militar en conformidad con las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos para excluir las violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar.
Este último paso, pendiente todavía de convertirse en jurisprudencia obligatoria para los demás tribunales, se ha logrado después de años de campaña por parte de familiares y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en su lucha por la justicia, verdad y reparaciones. de impunidad que protege a quienes violan los derechos humanos.
Sobre el fortalecimiento de la Policía Federal informó que de los poco más de seis mil elementos que tenía al inicio de su sexenio, en la actualidad tiene más de 36 mil.; en tanto que las Fuerzas Armadas cuentan con 263 mil 930 elementos. De ese total, 209 mil 716 pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea, y 54 mil 214 a la Marina Armada de México.
Ante las más de 8 mil quejas de violaciones a los derechos humanos registradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del Ejército y la Marina en lo que va del sexenio, asegura que el 99% de los elementos del Ejército y el 95% de los marinos fueron capacitados en derechos humanos.

punto de acuerdo se exhorta al gobierno de Michoacán. Roxana Luna Porquillo



Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a establecer una mesa de diálogo para resolver los conflictos con los normalistas y las demandas de mejora de las condiciones de estudio que plantean alumnos y padres de familia, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones III y VI del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La mañana de ayer, efectivos de las policías federal y michoacana desalojaron violentamente a centenares de estudiantes que desde el pasado 4 de octubre mantenían tomadas las escuelas normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío, con un saldo de varios lesionados, tanto normalistas como uniformados, 180 detenidos y 18 vehículos destruidos. Las autoridades federales y locales eligieron la vía de la represión y mostraron, de esa forma, su falta de capacidad para gobernar mediante el diálogo y la negociación. Enfrentar mediante la fuerza los problemas sociales el sector educativo del país y no resolviendo las necesidades crecientes, resultado del abandono de la enseñanza pública, provoca a la larga más conflictos. El desmantelamiento y la progresiva privatización de la educación pública es resultado de una ofensiva implacable contra las escuelas normales, desde 1972; muchas de las cuales han sido clausuradas, en tanto que las restantes sobreviven en condiciones de precariedad exasperante. Al persistir en la ofensiva contra las normales, el régimen ha desencadenado movimientos como el de Ayotzinapa, Guerrero –en donde, en diciembre del año pasado, las fuerzas policiales asesinaron a dos estudiantes y golpearon a muchos más–, y como los que estallaron el 4 de octubre en Michoacán, que el poder público abandone la senda de la represión y retome la negociación es lo más sano en estos momentos.
A Tiripetío arribaron 15 autobuses de agentes estatales y a Cherán unas 50 unidades. Los muchachos se encerraron en el plantel y arrojaron piedras a los policías, quienes disparaban granadas de gas, mientras otros saltaban la barda. En Cherán, el concejo mayor afirmó que la incursión policiaca es violatoria de la Constitución.
Hasta el momento no se sabe el paradero de los detenidos, ya que según los testimonios de otros estudiantes detenidos horas después y que fueron trasladados a la Estación Barandillas, los primeros estudiantes no se encontraban ahí; lo mismo sucedió en la Normal Indígena de Cherán, en donde también fueron detenidos y golpeados algunos padres de familia.
Es necesaria la inmediata presentación de todos los detenidos, y que el Estado tome todas las medidas apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica, ya que se teme que los detenidos puedan ser torturados como ha sucedido en recientes operativos represivos en el Estado. El respeto a los derechos humanos de los normalistas y que los elementos policiacos y toda la línea de mando que los ha violentado sean investigados y sancionados
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, exhorta al gobierno del estado de Michoacán, que establezca una mesa de diálogo, para que por esa vía se resuelvan los conflictos suscitados con los normalistas de ese estado y además se resuelvan las demandas de mejora de las condiciones de estudio que reclaman los estudiantes y padres de familia.
Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2012.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

martes, 9 de octubre de 2012

punto de acuerdo, por el que se exhorta en el nivel medio superior. Roxana Luna Porquillo



Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales a considerar en los programas y planes de desarrollo educativo elementos para ampliar la matrícula en el nivel medio superior, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones III y VI del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta –ante esta honorable asamblea– el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Con fecha 9 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma introduce a la educación media superior como un nivel de estudio que “el Estado promoverá y atenderá”, por lo que “la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. En el transitorio segundo de ese mismo decreto, se señala que “se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022”. Esto obliga a la Federación y a las entidades federativas a que se establezcan “los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos pluria-nuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior (...) en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo”.
Así, el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, debe contemplar este ordenamiento.
El Plan Nacional de Educación Superior (PNES), se propuso hasta 1980 crear nuevos centros de educación profesional postsecundaria y carreras cortas, post bachillerato. De aquí surgieron los Conalep, los Colegios de Bachilleres y “la implantación de 27 centros de educación profesional postsecundarias y carreras cortas postbachillerato en el área metropolitana del DF y 47 en las entidades federativas”. (PNES: 104). Se impulsó la salida terminal como única alternativa después del bachillerato y a mantener como expectativa sólo la posibilidad de llegar a “mano de obra calificada”. Esto provocó inquietudes en las capas de jóvenes que buscan nuevas alternativas.
Según la Secretaría de Educación Pública, SEP, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, existen escuelas centralizadas como el Bachillerato Tecnológico y los Centros de Estudio de Bachillerato, las descentralizadas que son los Centros de Estudios Técnicos y los Colegios Nacionales de Educación Profesional (Conalep), centralizados como los Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes) y Colegios de Bachilleres (Cobach), las desconcentradas del Instituto Politécnico Nacional y las autónomas de las universidades, con una matrícula nacional, para 2006 de cerca de 3 millones de alumnos.
En la actualidad existen tres tipos de enseñanza, la propedéutica, la bivalente y la terminal.
El Informe Nacional sobre la Educación Superior en México, de la Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dice que “la modalidad propedéutica (...) permite acceder a la educación superior. Se puede cursar el bachillerato propedéutico en los bachilleratos de las universidades autónomas, los colegios de bachilleres, tanto federales como estatales, los bachilleratos estatales, las preparatoria federales, entre otros.
La modalidad bivalente desarrolla una formación profesional tecnológica de carácter propedéutico. La modalidad teminal, entonces tiene como objeto capacitar al estudiante para el trabajo, suponiendo que no puede continuar con más estudios.
Así tenemos que para el año 2000 existen escuelas preparatorias autónomas de tres años y de 2 años. Para el año 2010, según los datos de la SEP, existen universidades con cerca de 100 preparatorias autónomas, y en otros casos varían considerablemente. Para el año 2012, para algunas universidades la matrícula en las preparatorias representan más de 40 y 50 por ciento de la matrícula.
Por todo ello debemos tomar en cuenta los diferentes regímenes legales e institucionales, en especial el referente a las universidades autonómas, a las cuales, por tener este rango constitucional, requieren una incorporación en la que participen activamente.
Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación reveló en el informe de la Cuenta Pública de 2010, que será hasta 2043, cuando se alcanzará la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que ordena la reforma constitucional. Es evidente que esta legislatura debe tomar cartas en el asunto y vigilar que el precepto constitucional aprobado, se cumpla.
Por lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición de obvia y urgente resolución , con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales, que consideren en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, del fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académico y la elevación de la calidad educativa, para el cumplimiento del mandato constitucional.
Palacio Legislativo, a 9 de octubre de 2012.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

jueves, 4 de octubre de 2012

Iniciativa Que reforma el artículo 3o. de la Constitución. Roxana Luna Porquillo



Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Roxana Luna Porquillo, en nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 65 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción VII del mismo artículo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los jóvenes representan en 2010, cerca de la quinta parte de la población total del país y su peso relativo es de aproximadamente 20.3 por ciento. Actualmente existen cuatro millones de jóvenes entre los 16 y 23 años que se encuentran excluidos de la educación media superior y superior. La política educativa aplicada hasta ahora, ha cerrado las puertas a la educación de millones de jóvenes. Les ha arrebatado la esperanza. Esta política es de verdadero “juvenicidio”. México ha llegado a más de 11 millones de migrantes en 2011.Decenas de jóvenes migrantes son encontrados en fosas comunes asesinados por el narcotráfico. Según la UNAM, de los más de 16 millones de jóvenes en el país en edad de trabajar, millón y medio no encuentran empleo. De cada diez egresados universitarios, sólo siete encontrarán trabajo. El actual gobierno habla de una cobertura del 33 por ciento, en educación; esto es insuficiente y se requiere llegar al 40 por ciento.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en el informe de la Cuenta Pública de 2010, que será hasta 2043, cuando se alcanzará la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que ordena la reforma constitucional. Es evidente que esta legislatura debe tomar cartas en el asunto y vigilar que el precepto constitucional aprobado se cumpla.
Existe una diferenciación entre la enseñanza media superior que se imparte en las universidades públicas estatales. En las Universidades de Guadalajara, de Guerrero, de Sinaloa y del Estado de México, las preparatorias tienen un peso fundamental en la matrícula universitaria.
Sólo 10 por ciento de los matriculados en el sistema educativo nacional llega al nivel superior. Entre 1980 y 1995 la matrícula de educación superior bajo control público creció 49 por ciento y la privada 177.3 por ciento. En 1995, 77 por ciento de la matrícula de las instituciones de educación superior se ubicaba en el sector público y 23 por ciento en el privado (ANUIES, 1996).
Según los datos de la SEP, de 1990 a 2000, la Universidad de Guadalajara creció 156 mil alumnos, la Universidad Autónoma de Guerrero pasó a 70 mil 500, la Universidad de Michoacán pasó a 53 mil 500 estudiantes. Las universidades de Sinaloa, la veracruzana y la del estado de México crecieron muy poco.
El caso emblemático lo es la Universidad Autónoma de Puebla que pasó de 94 mil estudiantes a 43 mil en 10 años, reduciendo su matrícula en 51 mil estudiantes, ¡más de la mitad!. La matrícula en preparatoria pasó de 23 mil 244 en 1990 a 9 mil 769 en 2000, reduciendo en ese lapso en 13 mil 475 estudiantes, también ¡más de la mitad!.Al 16 de marzo de 2012, el rector informa de 64 mil estudiantes de la UAP. En 12 años, la UAP, que dejó de ser “benemérita”, incrementó su matrícula en 10 mil estudiantes. A este ritmo de crecimiento, alcanzará el nivel de población de que tenía en 1990, que era de 91 mil estudiantes, hasta el año 2040.
A raíz de la aplicación de una política de austeridad en el gasto público, resultado de la devaluación del peso mexicano y de la crisis económica, se acentuaron algunos rasgos de privatización. El Estado mexicano definía el Plan Nacional de Desarrollo de la educación superior (PNDES) y constituía el Conacyt y el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros mecanismos, que hasta la fecha deciden el rumbo de la investigación científica que realizan las universidades autónomas.
Así, surgen el Programa Nacional de Educación Superior (Pronaes) y el Programa Integral de Educación Superior (Proides). Ahora, la SEP decide la asignación, partida por partida, puesto por puesto, proyecto por proyecto y departamento por departamento, en las universidades autónomas.
El Proides recomendó que las instituciones de educación superior la eliminación gradual del pase automático,y que implementa topes de admisión por carreras (páginas 20-28).
Por su parte el Proides impulsó... “que las instituciones de educación superior de más de 30 mil alumnos en licenciatura detengan su crecimiento, que las que tengan una matrícula ente 10 y 30 mil fijen límite de crecimiento y aquellas con menos de 10 mil aumenten su población; los tecnológicos con una matrícula de más de 10 mil estudiantes detengan su crecimiento y los de menos de 5 mil la aumenten”. Finalmente propone la necesidad de establecer criterios y normas para la creación y funcionamiento de las universidades privadas (página28).
El promedio de gasto por alumno en los países de la OCDE en 1993 fue de 5 mil 500 dólares. México sólo gasta 960 dólares por alumno. El subsidio público federal a la educación superior, como proporción del PIB, ha disminuido, hasta alcanzar en 1989 el 0.41 por ciento. Entre 1988 y 2003, el gasto por alumno de las universidades públicas de los estados (UPE) aumentó sólo el 4.1 por ciento.
En México, la asignación de recursos dividido entre la matrícula total, es muy variable. Así, universidades como la de Yucatán que cuenta en 2003 con 11 mil estudiantes, el más alto gasto por alumno asciende a 67 mil 331, La Universidad de Guadalajara que cuenta con 103 mil estudiantes para ese año, solo gasta por alumno 33 mil pesos. La Universidad Autónoma de Puebla, con 40 mil 462 estudiantes gastaba por alumno en 2003, 38 mil pesos. Esto expresa plenamente el desorden con que se desarrolla la educación superior nacional.
En cuanto a la distribución del gasto educativo entre el gobierno federal y las entidades federativas, los gobiernos de los estados de Coahuila, estado de México, Sonora, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco, Baja California, asignan el 50 por ciento del subsidio público a sus universidades. Otros gobiernos como el de Puebla sólo asigna el 28 por ciento y algunos como el de Yucatán el 15 por ciento. Esto expresa la diversidad de criterios en torno al apoyo a la educación superior.
El sistema universitario público de educación superior, se compone de universidades públicas federales (UPF); universidades públicas estatales (UPE); universidades tecnológicas (UT); universidades públicas estatales con apoyo solidario (UPEAS) y otras instituciones.
El subsidio federal está integrado por tres grandes componentes: el ordinario, el extraordinario y el asociado a la ampliación de la oferta educativa. Los montos de los fondos federales extraordinarios, son negociados directamente por cada institución, en esta Cámara de Diputados, con los gobernadores y con el gobierno federal.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación viene contenido el Fondo para ampliar y diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior. Los proyectos son presentados por las instituciones y evaluados por la SEP. Así, en 2012, este fondo se distribuyó de tal manera que sólo siete universidades estatales absorbieron 55.12 por ciento del total del monto.
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de marzo de 1993, excluyó de la educación que imparte el Estado a la educación media superior y a la superior.
Desgraciadamente, esto se tradujo en el incremento de salario y prestaciones de funcionarios. En algunas universidades se aprobaron sueldos vitalicios a los ex rectores. A su vez, implicó el despido del personal de carrera y el incremento de la contratación de personal por tiempo determinado y por hora-clase, en detrimento del nivel académico de profesores e investigadores y por tanto de la enseñanza.
El Estado mexicano imparte la educación superior en instituciones públicas estatales y federales, en universidades politécnicas, interculturales, Institutos tecnológicos, y la Universidad Pedagógica Nacional y a través de las universidades autónomas; además realiza la investigación científica a través de las universidades y de los institutos de investigación del sector público.
El paso dado por la anterior legislatura y que enérgica y firmemente logró recuperar a la educación media superior como un nivel de educación que otorga el estado y que es gratuita, recupera esos principios. Toca ahora a los integrantes de esta LXII Legislatura recuperar a la educación superior que imparte el Estado desde las instituciones estatales y autónomas, como instituciones públicas y gratuitas, como lo establecía la reforma constitucional de 1945. Esta nos lleva en consecuencia a enunciar de nueva cuenta en el texto de la Constitución que toda la educación que imparta el Estado es gratuita .
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto de reforma y adición al artículo 3o. de la Constitución.
Decreto por el que se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 3o. y la fracción VII del mismo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 3o y la fracción VII del mismo Artículo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, distrito federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
...
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y reciban recursos del Estado, asumirán el carácter de educación pública y gratuita y tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se tomará en cuenta para la asignación de presupuesto a las universidades públicas, lo previsto en el presente decreto.
Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)