Que reforma el artículo 6º, 7º 16º, 26, 27, 28, 73 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona, los artículo 6º, 7º 16º, 26, 27, 28, 73 y 134, de la Constitución Política de los Estados
Definiciones
La palabra Comunicaciòn, deriva del latín “communicare”, que significa “compartir algo, poner en común”. "llegar a”.
La comunicación es un fenómeno inherente de interrelación a los seres vivos y mantiene el funcionamiento de las sociedades humanas. Es una cualidad racional y emocional, mediante el cual las personas, el emisor y el receptor, establecen una conexión o union, en un contexto, momento y espacio determinados, para intercambiar algo, una transmisión verbal o no verbal, emisión de señales, sonidos, gestos, mensajes, ideas, información, algún significado, símbolos, que derivan del pensamiento, del lenguaje y del desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. El receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo porque comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo).
La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas. La comunicación entonces, según el informe MacBride “Un Solo mundo, voces multiples”, publicado por la UNESCO, “es la forma de interacción que se realiza mediante símbolos. gestuales, picotricos, plásticos, verbales, o de cualquier otra clase que opera como estímulos al comportamiento” “Nuestro propósito básico es la alteración de la relación original existente entre nuestro propio organismo y el ambiente en el que nos encontramos. Convetirnos en un agente que afecte a otros, a nuestro “ambiente” físico y a nosotros mismos, en un agente dotado de fuerza determinante, de un voto en la determinación de las cosas.
La comunicación es de suma importancia para la supervivencia de especies gregarias, pues la información que ésta extrae de su medio ambiente y su facultad de transmitir mensajes serán claves para sacar ventaja del modo de vida gregario.
Exposición de motivos
Aquí abordamos el derecho a la comunicación, como un derecho humano como lo establece el Informe MacBride (1980). El derecho a comunicar va de la mano de la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso universal a las tecnologías y al conocimiento. No es posible pensar en la democracia sin que los ciudadanos se informen y puedan formar su propia opinión sobre los hechos. De lo contrario, no puede haber democracia participativa y no existe apropiación de los sujetos sociales de los procesos de información, comunicación y construcción del conocimiento.
El Artículo 5º. de la Declaración de la UNESCO sobre Diversidad Cultural nos dice: “Todas las personas tienen el derecho a expresarse por sí mismas y a crear y diseminar su trabajo en la lengua de su elección, particularmente en su lengua materna; todas las personas tienen el derecho a una educación de calidad que respete plenamente su identidad cultural” (UNESCO, 2002).
La importancia de la comunicación como derecho humano se encuentra establecido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que expresa que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, lo que implica el derecho de no ser molestado por sus opiniones y el de buscar, recibir y difundir, sin consideración de fronteras, informaciones e ideas por cualquier forma de expresión”.
Todos los segmentos de la población tienen el derecho de actuar como productores y/o divulgadores de contenidos, para colaborar en la formación de pensamiento crítico sobre los medios, así como contribuyendo para ofrecer otros puntos de vista sobre un mismo acontecimiento o hecho social.
La práctica abierta de la comunicación es decir, situada más allá de los canales institucionales que mediatizan y adelgazan la participación pública, puede dotarnos de un ambiente más horizontal y democrático, en el cual todos podamos acceder a las dinámicas de toma de decisión respecto a las cosas que a todos nos afectan.
El derecho a comunicar incluye derechos y obligaciones a nivel individual, institucional y colectivo. “A nivel individual, implica el derecho a informar y a ser informado, a la protección de la privacidad, a la libertad de movimiento, al derecho de asamblea, a la libertad de opinión y de expresión, y al libre acceso a la información. A nivel institucional, implica el derecho a publicar, al libre acceso a fuentes de información, y a mantener el secreto profesional. A nivel colectivo, implica el derecho al flujo libre y equilibrado de información, el derecho a preservar la integridad cultural, el derecho al intercambio cultural y el derecho de réplica. (Servaes, 1998). Asimismo, este derecho incluye el derecho de las personas de acceder y operar cualquier medio de comunicación (Acuerdos de San Andrés).
El Informe de la UNESCO puntualizaba algunos obstáculos:
a).- La comunicación es visto, no como un servicio público, sino como un negocio comercial. Ello coarta la diversidad e independencia de contenidos y el flujo de información. Ante ello demanda la redistribución del poder en todos los niveles, lo que implica la democratización de la comunicación.
b).- El control político de las tecnologías y el uso de los medios, interfiere con la libertad de expresión y excluye a la mayoría de las personas del proceso democrático.
c).- La distribución universal de la información y el conocimiento. Las nuevas tecnologías han incrementado la brecha social que impide a la mayoría acceder a la comunicación, la información y los medios.
La paz, la democracia y el desarrollo sólo serán realizados si garantizamos los principios de la comunicación como un derecho humano, el derecho a la comunicación de todas las personas. promover el análisis, la discusión y la formulación de estrategias y políticas de comunicación e información desde la perspectiva de los derechos humanos,.
La comunicación, un derecho humano
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, incorpora el derecho a la comunicación con un enfoque interactivo, con actores sociales activos. La producción de contenidos por parte de actores sociales y que estos se apropien de la información y el conocimiento a través de diferentes plataformas digitales, así como la producción de contenidos audiovisuales digitales. A partir del acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y de diferentes plataformas tecnológicas, creando iguales oportunidades de apropiarse de estas tecnologías a través de proyectos de alfabetización e inclusión digital. Propone democratizar la comunicación y posibilitar, acceso libre, abierto y gratuito a todos los tipos de información, apropiación universal del conocimiento, la libre producción de contenidos digitales, sea ésta periodística, de ficción o científica, a través de artículos, libros y palestras.
La convergencia mediática digital es mucho más que la confluencia entre aparatos y sistemas, implica un cambio tecnológico profundo de interactividad entre contenidos audiovisuales digitales para su distribución en diferentes plataformas (televisión digital, teléfonos celulares, videojuegos en red, ordenadores mediados por Internet, radio digital.y convergencia entre los medios digitales), lo que exige estrategias distintas de producción audiovisual, la creación de nuevas formas audiovisuales, la ampliación de las fronteras entre los géneros hasta ahora conocidos y las nuevas formas de pensar la comunicación, incluida la publicidad.
Tales cambios también modificarán las relaciones entre los campos de la producción y la recepción y, como consecuencia, transformará la relación de las audiencias con los medios digitales. Es decir, la comunicación que en la era de los medios analógicos (la única que conocíamos hasta finales del siglo XX) era unidireccional, ahora es bidireccional o dialógica.
La interactividad así entendida se refiere a la posibilidad de participación popular desde los teléfonos celulares, los videojuegos en red, los ordenadores mediados por Internet y la televisión digital utilizada como forma de retorno.
El libre acceso, abierto y gratuito a la información es observado a partir de dos aspectos: el de la producción de contenidos audiovisuales (sea ésta periodística, de ficción o científica) y el almacenamiento de informaciones, ya que no tiene sentido producir contenidos audiovisuales si no existe (uno o más) proyectos para clasificar y archivar de forma abierta, libre y transparente tales informaciones.
Los nuevos medios digitales son producción colectiva y compartida de contenidos audiovisuales digitales. Los contenidos serán producidos por todos los interesados en dar a conocer su punto de vista sobre diferentes acontecimientos, vía correo electrónico, MSN o teléfono móvil.
La importancia de reconocer el derecho a la información y la comunicación como un derecho humano, es esencial para ampliar la inclusión social, la democracia, la formación de ciudadanos más críticos y la participación de los diferentes actores sociales, ya sea en la producción de contenidos audiovisuales digitales interactivos interoperables, ya en su archivamiento en código abierto, público y gratuito.
Estos contenidos pueden (y deben) ser desarrollados para diferentes plataformas tecnológicas, por Internet 3.0 o semántica[7].
Los contenidos pueden ser periodísticos, de ficción o científicos, pero en cualquiera de los casos, a partir de la utilización de las tecnologías digitales interactivas, cambia radicalmente la relación entre los públicos –lectores o audiencias– que podrán utilizar, apropiar y hasta producir contenidos para los nuevos medios. Podrá llegar a toda la población, independientemente de su edad, género, religión, nivel de educación o clase social.
También se modifica la relación de los profesionales que trabajan con el archivamiento de estos contenidos digitales, muchos de los cuales ya ofrecen interactividad, son bidireccionales (producción recepción producción) e invitan a la participación popular. En este sentido, así como los diferentes públicos podrán producir o tener acceso libre, los contenidos logran tener más visibilidad y circulan entre diferentes comunidades, siempre y cuando las búsquedas y su disponibilidad sean claras y accesibles a los diferentes públicos.
La corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consuliva 585 del 13 de noviembre de 1985, señala que la dimension de la libertad de expresión… comprende… el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar a un número mayor de destinatarios”, lo que significa que si se limita una, también implica la limitación de la otra. Además, agrega que “… es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos… el derecho de cada uno a tatar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista (y) … el derecho de todos a conocer opiniones y noticias…”
La Ley TELEVISA
En las licitaciones para otorgar las concesiones no incorporaba criterios de calidad de la programación (LFRT, Art. 17c, d, e).
Las concesiones se otorgaban a 20 años (LFRT, Art. 16; LFT, Art. 19).
Introdujo la renovación automática de las concesiones, mediante una simple solicitud y sin nueva licitación (LFT, Art. 19).
La COFETEL no tenía facultades para negar la renovación.
Le dió preferencia a los concesionarios anteriores para renovar sus derechos en caso de una nueva licitación (LFRT, Art. 16).
La Suprema Corte declaró inconstitucional 6 artículos, 16 párrafos y partes de los textos de la ley, eliminando el proceso de Subasta de las concesiones, el refrendo automático, el periodo de 20 años de la concesión, además de los artículos que permitían la obtención de servicios extras digitales por el mismo espectro y se enfatizó la omision de igualdad en los medios.
El Ministro Genaro David Góngora Pimentel, en el debate del 4 de junio de 2007 hizo diversos señalamientos:
"la televisión es el medio masivo de comunicación que tiene mayor influencia sobre los ciudadanos, y que ocupa por ello, una posición especial en el proceso de formación de la opinión pública, pues no se limita a transmitir noticias, opiniones, programas musicales, culturales, lúdicos u otros; elige qué se va a transmitir y cómo se va a transmitir; lo que le da la posibilidad de dirigir la atención del público en una determinada dirección, actuando no sólo como medio sino como factor en el proceso de la comunicación, el cual impacta incluso de manera definitiva en la legitimación o deslegitimación de los poderes públicos".
"las libertades de expresión, información y prensa, consagradas en los artículos 6 y 7 constitucionales, incluyen necesariamente la libre utilización de todos los medios de expresión que puedan difundir ideas, especialmente los medios masivos de comunicación, como son la radio y la televisión, por lo que existe un derecho constitucional de acceso equitativo a estos medios; … así la garantía del libre ejercicio del derecho a difundir y recibir información exige de los poderes públicos, la emisión de las normas necesarias para impedir que otras fuerzas sociales obstruyan su ejercicio".
"Esta realidad evidencia la vulnerabilidad de las audiencias frente a los emisores y pone de manifiesto la necesidad de darle mayor peso a los derechos de expresión, información y prensa, desde el punto de vista de los receptores, es decir, desde la perspectiva de la dimensión social de este derecho, así, tratándose de medios de comunicación que requieren del uso de un bien público restringido como es el espectro radioeléctrico, el Legislador está obligado a regularlo de manera tal que garantice la igualdad de oportunidades para su acceso y propicie un pluralismo que asegure a la sociedad la permanente apertura de un proceso de comunicación que vivifique la democracia y la cultura".
"… la regulación de los contenidos televisivos y radiofónicos no está limitada a la radiodifusión, definida por el artículo 2º de la Ley Federal de Radio y Televisión, sino que atendiendo a una interpretación conforme con los artículos 6 y 7 constitucionales, debe entenderse que comprende también al servicio de radio y televisión regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones; de manera que el divorcio entre los conceptos de radiodifusión y radio y televisión, sólo opera en cuanto a aspectos técnicos, más no en lo relativo a los contenidos, los cuales están sujetos a la Ley Federal de Radio y Televisión, en virtud de la función social de estos medios de comunicación".
"En efecto, a través de los servicios de radio y televisión no solo es posible prestar servicios de televisión y radio restringidos, sino emisiones gratuitas y abiertas, susceptibles de llegar a un público indeterminado y discrecional, teniendo ambas la posibilidad de trascender a la opinión pública en similar medida que la radiodifusión, lo que hace indispensable que tanto los contenidos de la televisión restringida como de la televisión abierta a través de redes públicas de telecomunicaciones estén regulados por la Ley Federal de Radio y Televisión; no me pasa desapercibido que existe un Reglamento del servicio de televisión y audio restringidos, que somete los contenidos de la televisión restringida al marco de la ley; sin embargo, los contenidos no pueden depender de lo que diga un reglamento, sino que es una exigencia de las libertades de expresión e información".
La Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó la independencia de gestión y decisiones, del órgano técnico y que se limite la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La Constitución establece en los artículos 25, 26 y 28, la obligación del Estado de ejercer rectoría sobre las telecomunicaciones. Esto implica, de acuerdo a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Estado tiene la obligación de realizar una correcta regulación y supervisión de estas, a fin de asegurar que se respete y cumpla su función social.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que no se justifica "el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisión abiertas al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicación sin sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la contraprestación correspondiente. Lo que en términos de competencia y libre concurrencia, constituye un claro trato discriminatorio (…) en una nueva concesión, […] que propicia prácticas monopólicas".
Para el caso de los refrendos de las concesiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Sentencia 26/2006 claramente estableció (…) el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente".
Atendiendo a los criterios establecidos en los debates de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Mariano Azuela, al discutir el 29 de mayo de 2007, los artículos referidos a los permisos incluidos en la Acción de Inconstitucionalidad expresó: "se establece un régimen de una televisión fuerte, importante, digitalizada que es la comercial, y una televisioncita modesta, casi diríamos de función meramente altruista, para cumplir con las grandes finalidades que se establecen en la Ley de Radio y Televisión… la igualdad debe ser en torno a lo que se está pretendiendo, que es utilizar el espectro radioeléctrico … dando mayor facilidad; dando mayores apoyos; dando mayor seguridad jurídica a los permisionarios y no a los concesionarios".
Entonces estamos hablando de que la regulación que la Suprema corte recomienda para a plicarla al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión y en general a la Comunicación.
Después de todas estas vicisitudes, los resultados sobre la distribución de los medios de comunicación en México, están a la vista.
Actualmente existen 863 frecuencias de televisión, de las cualesTelevisa tiene 321, TV Azteca 211, (SUMA= 532), los gobiernos locales 253, OPMA y Canal 11, 39; sólo 5 universidades cuentan con frecuencias, existen 17 multimedios y 17 para otras empresas. (Raúl Trejo Delarbre). En cuanto a radiodifusión, existen 1600 frecuencias de AM y FM, de las cuales 1235 son concesiones y 365 permisos. De estas, el 70% de las concesiones son operadas por 10 grupos radiofónicos. A la fecha existen 200 solicitudes de permisos y COFETEL informó del otorgamiento de 19 permisos en 2010, tres de ellos de televisión. (Gabriel Sosa Plata)
(Panorama de la comunicación en México 2011. AMEDI-LXI Legislatura)
Según el informe de la SEGOB, durante el sexenio de Vicente Fox, lass oficinas de comunicación social erogaron 16, 327 millones de pesos en programas y campañas de comunicación y publicidad, distribuidas en SHCP, Sectur, IMSS, SEP, CFE y PEMEX. En 2009, la administración calderonista gastó 3, 892 millones de pesos, de los cuales Televisa recibió 559.6 millones, TV Azteca 409 millones, es decir entre ambos ocuparon la cuarta parte del gasto nacional. En radio se rogó 728 millones, 649 a medios impresos y electrónicos extranjeros 619 millones en otros medios complementarios y la prensa impresa, periódicos y revistas, 395 millones. (Jorge Bravo. Íbid)
se refieren a los artículos constitucionales 1, 2, 3, 6, 25, 27, 28, 41 y 134.
Es por ello que se requiere que en el texto constitucional se precise la naturaleza de las telecomunicaciones y la radiodifusión como áreas prioritarias del desarrollo nacional, específicamente en el Artículo 28.
En la LXI Legislatura, Porfirio Muñoz Ledo presentó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución e introducía la discusión sobre las telecomunicaciones y la radios difusión. Retomamos este texto por su importancia, así como el de los diputados del PRD, en materia de propaganda gubernamental.
En su momento los diputados del PRD y de otros partidos, presentaremos la iniciativa de mayo de 2008, de Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos audiovisuales, que presentaron senadores del PRD y PAN en la que participaron AMEDI y otras organizacioes de la sociedad Civil y que después fue retomada por el senador Carlos Sotelo del PRD en 2009, fue presentada en forma simultánea en las dos cámaras el 8 de abril de 2010, así como una iniciativa al derecho de réplica y otra más reglñamentaria del Artíciulo 134. De esta forma pretenderemos regular la alegislación de telecomunicaciones y radios difusión, para impulsar la competencia y la pluralidad, el desarrollo tecnològico y la cobertura social.
Es evidente que una reforma a la Ley sobre esta materia, requiere una fuerte actualización en la que se recojan todas esta propuestas y otras más que seguramente pueden ser actualizadas, para lo cual deben convocarse a los foros necesarios. Las propuestas de reforma enviadas que han sido anunciadas por el Ejecutivo Federal, no pueden introducirnos en un debate lineal de aprobarla o rechazarla. Debemos desarrollar la discusión con la sociedad y desde ahora, reflexionar en la necesidad de abrir los foros que sean necesarios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la regulación y supervisión de las comunicaciones debe lograr el equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de la población, y la vigilancia del Estado para que se garantice la función social encomendada a los medios de comunicación.
La Radio y Televisión tienen un carácter de interés público, por lo que el estado debe intervenir directamente en la regulación y restringir que sean el Mercado y los grandes capitales quienes definan el destino de las telecomunicacines y sus medios en nuestro país.
El estado debe impulsar la apertura de las estaciones y medios de comunicación culturales no comerciales, de experimentación, las escuelas radiofónicas, las de las comunidades indígenas y de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Estas prácticamente han desaparecido, principalmente porque no cuentan con financiamiento, lo cual es una política para favorecer a los empresarios de los medios. De la misma forma, el estado debe impulsar los medios de comunicación de los municipios, de las dependencias oficiales y de las instituciones de educación superior y para ello debe destinar recursos, lo cual no ha sido posible hasta ahora.
La Ley de Radio y Televisión debe ser reformada para dar lugar a este impulso y al financiamiento, pero además deben regularse otros aspectos que tienen que ver con la programación y el retiro de las concesiones por el incumplimientos de la alicación de la Ley, sobre todo en el caso de los contenidos de las programaciones.
1. Siendo los medios de comunicación, la prensa, la radio y la television, de interés público, que el Estado debe proteger, intervenir y explotar, se han convertido en un servicio público concesionado.
El estado establecerá programas especiales para el financiamiento de las estaciones culturales no comerciales, de experimentación, las escuelas radiofónicas, las de las comunidades indígenas y de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. En todo caso, la Comisión dará preferencia a los permisos de estas últimas.
La reforma constitucional del 13 de noviembre del 2007, referente a la materia político-electoral, estableció en el artículo 134 el párrafo octavo que a la letra dispone:
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
La limitante de la redacción del mencionado párrafo es que se refiere expresamente a la contratación de propaganda por los “poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno”, que deban tener carácter institucional, es decir que sea contratado formalmente por ese ente, con todos los procedimientos establecidos y específicamente a nombre de ella, pero no se refiere a la contratación que hacen los funcionarios públicos, directivos de esas instituciones, a nombre personal, pero ostentando el cargo que ocupan. En esto no hay limitante y les permite difunfirse como funcionarios titulares de las dependencias, con imágenes y diseños propios de verdaderas campañas electorales. De esta forma, promueven su imagen, utilizando el cargo, aunque –eso dicen- no los recursos de las instituciones a las cuales representan. Estos funcionarios, paralelamente impulsan campañas de difusión propiamente institucional, con recursos públicos, acompañando su publicidad personal. Esto implica la explotación publicitaria de la ocupación de un cargo público, que ha tenido su propia difusión, con recursos públicos, que coloca en desventaja a cualquier otro ciudadano, que no teniendo ese privilegio, quiera competir con él. Aquí, además se añade la complicidad, vía omisión, de su inmediato superior o del funcionario en comento, que siendo el caso de los secretarios de estado en los poderes ejecutivos estatales, resulta ser el gobernador del estado.
La presente iniciativa tiene por objeto elevar a rango Constitucional la comunicación como un Derecho Humano, de interés público, que el Estado debe garantizar su goce a todos los mexicanos, todo ello establecido en el artículo 7º Constitucional. Para ello, se reforman y adicionan los artículos 6º y 7º, se trasladan los dos párrafos del artículo 7º al final del artículo 6º. De la misma forma, rescata lo establecido en el artículo cuarto de la Ley de Radio y Televisión, elevando a rango constitucional los medios de comunicación como de interés público y como parte de las áreas estratégicas, modificando los artículos 27º y se garantiza la participación social a la que se refiere el artículo.26, poniendo a disposición de los mexicanos los medios de comunicación estatales. De la misma forma, se lleva al plano constitucional como propiedad de la nación el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones que de acuerdo con el Artículo 4º de la Ley de telecomunicaciones que las define como “toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos”, las cuales se incorporan en el Artículo 27 de la constitución. Así mismo la Ley de Radio y Televisión define el espectro radioeléctrico como “.El servicio de radiodifusión es aquél que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello”. En ambas leyes se especifica la propiedad de la nación y la obligación de este para “protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social” .
Se reforma el Artículo 28º de la Constitución estableciendo la prohibición para crear monopolios en el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, los sistemas de comunicación vía satélite, agregándolas como áreas estratégicas y prioritarias.
De esta forma se garantiza la propiedad de la nación, el derecho a la comunicación y que los medios de comunicación cumplan con su función social. Así el estado deberá crear una línea de desarrollo nacional estratégica de comunicación que permita el establecimiento de canales, estaciones y bandas de comunicación públicas para garantizar la información pública y el derecho a la comunicación. Así, el Estado podrá garantizar una comunicación fluida sin intermediarios privados, garantizando con espacios públicos esta función. De esta forma, lo establecido en el artículo 134º constitucional se desarrollará a través de los medios públicos estatales, prohibiendo a su vez la propaganda de los funcionarios públicos y el tipo de persuasión y publicidad mediática para atraer la atención de los ciudadanos, que muchas veces ha sido utilizado con fines electorales.
De aquí es posible transitas a un sistema de comunicación estatal, que garantice el derecho de comunicación, que la información pública esté garantizada por los medios estatales y que no de penda de los intereses privados comerciales y de ganancia y que los ciudadanos y sus organismos, así como las instituciones educativas y culturales tengan acceso a los medios de comunicación, limitando a un 25 de porcentaje de permisos y concesiones del conjunto de los medios radioeléctricos y de telecomunicaciones, a las empresas estatales, las instituciones educativas y culturales, los pueblos indígenas, comunidades y cooperativas y al sector privado. De esta forma es posible prescindir de los tiempos fiscales, obligando a los particulares a pagar sus respectivos impuestos en monetarios, como lo hacen todos los mexicanos.
BIBLIOGRAFIA
Comunicación e información: la libre producción, acceso y apropiación como un derecho humano
Barbosa Filho, André y Cosette Castro (2008). Comunicação Digital: educação, tecnologia e novos comportamentos. São Paulo, Paulinas.
Barbosa Filho, André, Cosette Castro y Takashi Tome, (2005). Mídias Digitais, Convergência Tecnológica e Inclusão Social. São Paulo, Paulinas.
Budapest Open Access Iniciative (2002). Consultado el 2 de mayo de 2009. Disponible en: www.soros.org/openaccess/read.shtml
Conselho Gestor de Internet (2009). Consultado el 6 de abril de 2009. Disponible en www.cgi.org.br
Crow, Raym (2002). The case for institutional repositories: a SPARC position paper. Consultado el 2 de abril de 2009. Disponible en: www.arl.org//sparc/IR
IBICT. Consultado el 2 de mayo de 2009. Disponible en www.ibict.br
León, Osvaldo (2002). Democratização das Comunicações e da Mídia - Foco e Amplitude. Consultado el 20 de mayo de 2005. Disponible en: http://www.dhnet.org.br/w3/fsmrn/fsm2002/osvaldo1_midia.html
Open Archives Initiative (OAI). Consultado el 4 de abril de 2009. Disponible en: www.openarchives.org
Revista Transinformação. Consultada el 4 de mayo de 2009. Disponible en http://extralibris.org/2009/02/revista-transinformao
Public Library of Sciences (2006). Open access definition. Consultado el 2 de abril de 2009. Disponible en: www.plos.org/about/openaccess.html
Romano, Vicente. (2002). Europa, Fin-de-siècle: pensamiento y cultura. Acceso en enero de 2005 y consultado el 2 de mayo de 2009. Disponible en: www.ucm.es/info/eurotheo
Derecho a Comunicar | Número 1 | Enero – Abril 2011 ISSN: 2007-137X
