Asamblea ejidatarios en defensa de la tierra
Feliz Navidad y Año Nuevo 2013

Hemos abierto una página especial para que los compañeros miembros de ADN en Puebla, expresen sus puntos de vista sobre nuestro BLOG y además compartan sus propuestas políticas para el desarrollo de nuestra organización, así como para conocer su opinión sobre la situación económica, social, cultural y política del estado de Puebla y del país.

jueves, 25 de abril de 2013

La BUAP.docx

La BUAP: democratización de las formas de gobierno

Lázaro Vázquez y Romero

La mayoría de la comunidad universitaria dese hace más de dos décadas hapermanecido como simple espectadora de los distintos cambios y transformaciones suscitados en su senoLas razones o explicaciones pueden ser muchas o ninguna según la perspectiva de análisis que se elija. En nuestro caso esgrimiremos algunas de estas para tratar de entender lo sucedido en este periodo en relación particularmente con la forma de gobernar en nuestra institución.

Antes de la década de los noventa el crecimiento acelerado de la matrícula, el nacimiento de los sindicatos universitarios junto con sus múltiples demandas de orden laboral que en muchas ocasiones culminaron en huelgas, la falta de infraestructura edificada, modelo educativos anquilosados, excesos y abusos de diversa índole laboral y política, sembraron el terreno propicio para la intervención del estado en todos los ámbitos de la vida universitaria. Desactivando principalmente la efervescencia de la vida política  universitaria.

En este sentido el gobierno mexicano impuso una política, consistente en "modernizar, ordenar, reformar y limitar el ingreso a estas instituciones mediante filtros denominados exámenes de admisión que con base –en muchos casos- enmodelos extranjeros importo acríticamentey aplico sin la valoración y participación de las comunidades académicas de las IES públicas.

Cada institución tuvo su propia dinámica en la inserción de esta política. En el caso de la BUAP, que es a la que nos referiremos en este artículo, se desarrollo como una cruenta intromisión del estado en todos los órdenes de la vida universitaria. Dando inicio a una nuevaetapa en donde en principio se impusocomo estilo de gobierno la coerción, la amenaza, el clientelismo, la dadiva, elterrorismo laboral y académico, siendo José Doger Corte el operador elegido por el estado para aplicar este tipo de políticas, quien de inmediato redujo drásticamente la matrícula y plantilla de trabajadores universitarios como requisito sine quanonpara seguir recibiendo los subsidios económicos correspondientes. Tarea que el susodicho cumplió al pie de la letra, y hoy lo tenemos como flamante candidato  a diputado por el XV distrito. Sin duda –como ya lo hemos comentado en otros artículos- el sistema sabe premiar  cuando seobedecen órdenes sumisamente.

A partir de ese momento y hasta nuestros días la BUAP ha sido objeto de múltiplestransformaciones en su estructura, en los modelos educativos, en los tipos de gobierno, en la oferta educativa y en su expansión a nivel regional. Modificaciones que en su mayoría han sido benéficas para la educación superior en nuestro estado, pero donde no se han dado estas reformas o modificaciones son en sus formas de gobierno, lo que implica que solo sean reformas truncas o incompletas, con consecuencias negativas en la vida académica y política de nuestra institución.De tal forma que mientras no se aborde el problema de la transformación real del gobierno universitario se corre el peligro de que en muchos casos persista la simulación y la indiferencia, asuntos que representarían un obstáculo y contrasentido de la vida universitaria.

Cabe hacer mención, que esta problemática se observa en la mayoría de las IES mexicanas. Pues no obstante la diversidad y crecimiento alcanzado en la educación superior de México en comparación con las décadas anteriores a los noventa; las formas y estructuras de gobierno y administración hanpermanecido suspendidas en el tiempo, y sigue prevaleciendo la forma de gobernar que se caracteriza por innumerables rasgos autoritarios e impositivoslo que implica un obstáculo para la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones relevantes para el desempeño de las funciones sustantivas de lainstitución, trayendo como consecuenciaque las transformaciones y reformas emprendidas por las autoridades universitarias se perciban por parte de los universitarios como transformacionesmaquilladas y recetadas por agentes externos que desconocen las particularidades y funcionamiento real de las instituciones educativas de México.

Con el propósito de conocer de manera general lo que está sucediendo en otras instituciones educativas nos referimos a continuación parte del trabajo de investigación denominado "La transformación de las formas de gobierno en el sistema universitario público mexicano: una asignatura pendiente"

"por ejemplo, los datos nacionales recientemente obtenidos por la encuesta RPAM (Galaz et al., 2008) que encuentra que sólo alrededor del 52% de los profesores de tiempo completo de las instituciones de educación superior públicas estatales y el 37% de las públicas federales consideran que las condiciones generales de trabajo de sus instituciones, desde que ellos iniciaron su carrera académica a la fecha, han mejorado; en tanto que para el 19% y el 29% de los académicos entrevistados de las instituciones estatales y federales, respectivamente, las condiciones de sus instituciones han sufrido un deterioro. Es decir, no obstante el crecimiento de la educación superior al que nos hemos referido, cerca de una cuarta parte de los académicos de tiempo completo de las instituciones de educación superior de este tipo consideran no haber visto mejoría en las condiciones laborales en sus instituciones.

De igual forma, datos de la misma encuesta RPAM muestran que a lo sumo un 12% de los académicos de las instituciones públicas federales o estatales perciben o consideran que los propios académicos participan en los procesos de designación de funcionarios importantes.

En el mismo sentido, e ilustrando el punto de que las formas de gobierno y administración de las íes no han sufrido modificaciones sustanciales en el sentido de su alejamiento de un modelo autoritario, destaca en esos resultados, también, la opinión general en alrededor del 55% de los académicos de la presencia en su institución de un estilo administrativo vertical, de la existencia de procesos administrativos complejos (45%), la presencia en sólo un 41% de los casos de colegialidad en la toma de decisiones, así como sólo un 39% que opina que la comunicación entre la administración y la academia es buena.

Los siguientes resultados, tomados también del reporte de Galaz et al. (2008), corroboran de alguna forma que no obstante las transformaciones que ha sufrido la educación superior mexicana pública y que han sido alentadas básicamente a través del financiamiento federal, el mejoramiento de la calidad de muchos de los procesos administrativos, que se derivan de las formas de gobierno, muestra todavía un pobre desarrollo: sólo el 32.5% de los académicos entrevistados considera que en su institución se hace más hincapié en la calidad de los procesos que en los indicadores de tales procesos, y menos de la tercera parte (30.8%) está de acuerdo o fuertemente de acuerdo con la afirmación de que en su institución existe un manejo eficiente y oportuno de los recursos destinados a la investigación.

En línea con nuestra argumentación sobre la necesidad de formas de gobierno universitarias en la que otros actores de la vida institucional: académicos y estudiantes, tengan un papel más relevante; las respuestas a las preguntas referidas a la participación –en la vida institucional– de los académicos de las instituciones públicas federales y las estatales entrevistados muestran que entre el 46% y el 49% consideran que la falta de participación en la vida institucional es un verdadero problema.

Sólo alrededor de la tercera parte afirma que se le informa sobre lo que sucede en la institución, y sólo entre el 39% y el 43% considera que los funcionarios de mayor jerarquía ejercen un liderazgo competente".

Más adelante en este mismo estudio,se precisa la opinión de académicos universitarios recogida mediante una encuesta telefónica que reproducimos a continuación:

La visión de los académicos sobre las formas de gobierno prevalecientes en la educación superior pública mexicana

Independientemente del nivel de análisis que de sus formas de gobierno se realice, debe tenerse presente que las universidades son sistemas complejos, con intereses y formas de gobierno con estructuras y rasgos derivados, en ocasiones, de historias y coyunturas locales muy específicas, que hacen difícil su modelamiento o descripción en términos de un sólo modelo exclusivo e imperante en todas las instituciones (Pusser; 2003).

No obstante, el análisis que hemos llevado a cabo de las respuestas que un grupo de 73 académicos perteneciente a un total de 3 5 universidades dio a un cuestionario semiestructurado, aplicado a través de entrevistas telefónicas y con el que se buscó obtener información sobre la opinión que los académicos tienen sobre diversos aspectos de la vida universitaria, entre ellos las formas y estructuras del gobierno prevalecientes en las universidades públicas en México (Ordorika, Ramírez y Martínez, en preparación), muestra –a pesar de la gran diversidad o heterogeneidad de condiciones que existen en las instituciones estudiadas– la persistencia de un modelo de gobierno autoritario, antidemocrático, que desalienta o se opone a la participación de la comunidad y que, por ende, a final de cuentas, es contrario al supuesto espíritu que movió a las políticas de modernización: la transformación y el real mejoramiento de la educación superior.

De manera muy general podemos resaltar algunas de las cuestiones comunes en las apreciaciones de los académicos que participaron en este estudio

a. Existe la opinión ampliamente generalizada entre los académicos entrevistados de que las instituciones de educación superior han sufrido, en los últimos lustros, innumerables cambios en muy diversos aspectos. Por lo común, estos cambios son atribuidos a la instrumentación de políticas públicas impulsadas por el gobierno federal. En general, la comunidad se percibe como ajena a la instrumentación de estas políticas; en muchos casos, a estas políticas se les ve como una real imposición, en donde el gobierno de la institución ha jugado un papel muy relevante; en estos casos la participación de la comunidad ha sido marginal y restringida a cuestiones muy cercanas al quehacer cotidiano, de muy corto término. A pesar de que en las opiniones de un gran número de académicos puede percibirse un cierto tono negativo, crítico o de escepticismo en sus referencias a los cambios que han ocurrido en los años recientes en sus instituciones, no deja de ser significativo de que, al mismo tiempo, los cambios se tienen muy presentes, son referidos rápidamente y, en algunos casos, hasta con cierto orgullo ("La universidad ha cambiado, o está cambiando"; "Muchas cosas negativas del pasado han quedado atrás").

b. También es de destacar que en las listas que se ofrecen de los cambios ocurridos en los últimos años en la institución, son muy pocos y marginales, si es que las hay, referencias a cambios en las formas de gobierno. Es un aspecto que no aparece en las "agendas de las instituciones".

c. En general es factible detectar en las opiniones recogidas un sentimiento de marginación por parte de la "comunidad" en la toma de decisiones institucionales relevantes. De igual formaexiste cierto escepticismo con respecto al funcionamiento y pertinencia en la vida institucional de los cuerpos colegiados. En general se percibe que en la medida que a los cuerpos de representación colegiada les atañen las decisiones más estratégicas en la conducción de la institución, la participación de la comunidad será menor o más irrelevante. Los mecanismos de control político, administrativo o burocrático que se ejercen sobre los representantes de la comunidad son mayores conforme aumenta la importancia institucional decisoria del cuerpo colegiado en cuestión.

d. Una opinión que va adquiriendo fuerza entre los académicos, sin embargo, es que en muchas cuestiones referidas a la vida académica empiezan a ser decididas por los cuerpos colegiados correspondientes, quienes a consecuencia de las políticas instauradas por las autoridades federales empiezan a tener un fortalecimiento importante (al margen de la manipulación o cooptación que puedan hacer otras autoridades de la propia institución).

e. En general se tiene una percepción negativa (en algunos casos llega a ser sumamente negativa) del gobierno universitario y sus formas y mecanismos. La percepción del Rector como la máxima autoridad de la universidad, ocupando un puesto eminentemente político, ejercido por lo general sin contrapesos institucionales y de manera autoritaria e impositiva es aún muy frecuente entre nuestros académicos; esta visión se complementa de manera un tanto contradictoria con la opinión favorable que una porción significativa de los entrevistados expresaron sobre la figura o imagen del Rector, quien en lo personal es visto como cercano a su comunidad, con un buen conocimiento de los problemas que aquejan a la institución, abierto a los comentarios y sugerencias.

f. Un proceso semejante de deslegitimización se observa en las referencias a organismos como el Consejo Universitario, o instancias equivalentes. La inoperancia que se le puede atribuir a este cuerpo colegiado se debe, fundamentalmente, a la injerencia de otras autoridades (por ejemplo, el Rector) en la designación de los representantes de la comunidad, la manipulación de los mecanismos de decisión, ya sea de manera estructural (mayoría de autoridades) o mediante la cooptación o compra de los representantes de la comunidad.

Otro aspecto que se identifica como muy negativa para la vida de los cuerpos colegiados es la percepción de su utilización por las autoridades unipersonales como vehículos para legitimar sus propuestas, o darle un sentido de acuerdos emanados de la comunidad a decisiones tomadas de antemano, sin que hayan sido consideradas las verdaderas necesidades de la institución, expresadas por la comunidad.

Es posible concluir que el modelo prevaleciente en una buena parte de los gobiernos de las instituciones públicas de educación superior mexicanas, tal y como es referido en las respuestas de los académicos entrevistados, puede caracterizarse en mayor o menor medida como autoritario en donde se promueve la no participación de la comunidad en las decisiones fundamentales de la institución. Esta conclusión no niega o cuestiona la realidad de los indudables cambios que en un sentido positivo se han dado en muchos aspectos de estas instituciones. Lo que aquí se quiere hacer evidente es el hecho, también indudable, de que los cambios en la universidad pública mexicana no se han visto acompañados de cambios en sus formas de gobierno e, incluso, en algunos casos pareciera ser que no sólo sobreviven las prácticas del viejo autoritarismo mexicano, sino que da la impresión de que en algunas instituciones estos rasgos negativos se han exacerbado".

manera de conclusión podemos decir también que esta problemática tan compleja que se ha venido desarrollando en todo el ámbito universitario, ha tocado fondo, y es el momento en el caso particular de la BUAP, de iniciar una nueva etapa que contemple necesariamente el cambio real y genuino en las formas de gobierno universitario, entre otros aspectos de la vida académica y funciones sustantivas institucionales. Con este propósito creemos que espertinente partir de algunas consideraciones que es necesario revisar y reformar con este objetivo.

1.
Revisar y reformar los mecanismos de elección de Rector, directores y consejeros de: unidad y universitarios.
2.
Reactivar al consejo universitario como eje central en la toma de decisiones trascendentales para la institución.
3.
Reactivar la vida colegiada de las academias
4.
Consulta obligatoria a sus representados por parte de los consejeros universitarios para la toma de decisiones colegiada.
5.
Desterrar el nepotismo y discrecionalidad en el nombramiento de funcionarios.
6.
Participación de los universitarios en la Reforma del modelo académico universitario.
7.
Elección de directores de unidad con base en la calidad académica de los aspirantes y democráticamente.
8.
Promover y respetar el funcionamiento de los consejos de unidad

Sin duda, los puntos enunciados distan mucho de la amplia y diversa complejidad de la vida universitaria, sin embargo pensamos que puedenservir como un elemento que coadyuve a la discusión, la reflexión y el debate respecto al cambio y democratización de las formas de gobierno que urgen en la BUAP.


lunes, 22 de abril de 2013

Iniciativa ANUIES Presupuestos multiuanuales 220413

Que reforma los artículos 25 de la Ley General de educación y los artículos 23, 25 y 26 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para el establecimiento de presupuestos multianuales para la educación superior, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del  PRD.

El contexto socioeconómico, politico y presupuestal.

El rezago educativo, los bajos niveles de aprovechamiento escolar (desde la enseñanza básica hasta la superior), los reducidos presupuestos para investigación científica y tecnológica, los bajos salarios de los trabajadores académicos y la reducida planta de profesores e investigadores de carrera que redunda en todos los niveles en los bajos resultados en la calidad y la eficiencia terminal del sistema educativo nacional, así como la insuficiente infraestructura educativa de los niveles medio superior y superior, son las características de nustro sistema educactivo nacional.

De acuerdo con datos proporcionados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en febrero del año pasado, de los 115 mil 736 estudiantes que presentaron el examen de ingreso para cursar una licenciatura en nuestra Máxima Casa de Estudios, sólo 10 mil 350 fueron seleccionados, lo que dejó fuera a 91% de los aspirantes.

Datos de la Coordinación de Planeación de la UNAM muestran que en el último decenio, las solicitudes para ingresar al nivel licenciatura en dicha casa de estudios prácticamente se duplicaron al pasar de 88 mil 586 aspirantes en el ciclo 2001-2002 a 170 mil 558 en el ciclo 2010-2011; mientras que la demanda atendida se mantuvo en un promedio de 9%.

Una situación similar se presenta en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y en las universidades estatales. En el caso del IPN, este año la solicitud de aspirantes llegó a 90 mil 600, cuando la oferta es de apenas 24 mil 200 lugares.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública de 1996 a 2011, el presupuesto federal creció cerca de 50%, al pasar de 61 mil 169 millones de pesos a 91 mil 497 millones de pesos. Para 2012-2013, significó una disminución de 3.67 al 3.51% del PIB. En el periodo comprendido entre 1988 y 2003, el gasto de las universidades públicas de los estados (UPE) significó un aumento del gasto por alumno de aproximadamente 4.1%, que se financió con aportaciones federales, estatales e ingresos propios. Para 2013 hay una disminución en el ramo de educación del 1.75%, para educación básica disminuye 10.35%, para educación media superior disminuye 3.81%, para posgrado disminuye 4.51%, para Educación para adultos disminuye 1.21% y otros servicios educacitos, disminuye 5.14%.

Según ANUIES, en 2011 el Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta en Educación Superior bajó 48%; el Fondo de Apoyo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos (federales y descentralizados) llegó a menos 51%, y el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior bajó en 43%.

La Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), apoyándose en las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), estima que el grupo de edad específico de educación superior (de 16 a 22 años) sólo empezará a descender a partir del 2025. En consecuencia, la dinámica demográfica de nuestra población impone el reto de ampliar la cobertura de la educación superior.

La propia ANUIES ha estimado que para el año 2020 debemos aspirar como país a una cobertura de la educación superior cercana al 50% de la demanda existente, "lo que implicaría alcanzar una matrícula de poco más de 4 millones 700 mil estudiantes en 2020; es decir, alrededor de 1 millón 700 mil jóvenes adicionales a la matrícula actual, lo que supondría un aumento sostenido de aproximadamente 170 mil en promedio por año". 5

En el informe Panorama de la Educación 2010 , publicado por la OCDE, señala que México dedica el 5.7% de su ingreso nacional a educación, monto que en comparación con su gasto público, lo ubica como la nación con la mayor tasa de inversión.

Una respuesta a tal situación se debe buscar en el hecho de que nuestro gasto por alumno permanece muy bajo en todos los niveles escolares: 2 mil 111 dólares en primaria comparado con un promedio de 6 mil 741 en el resto de países de la OCDE; 2 mil 236 dólares en secundaria contra un promedio de 8 mil 267; y 6 mil 971 dólares en educación superior frente a un promedio de 12 mil 907 dólares. Adicionalmente, más del 90% del presupuesto en educación se destina a gasto corriente.

La Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), insiste en que desde el año de 2010 en la necesidad de la planificación de la educación en México que se refleje en metas precisas y en resultados medibles, el cual debería tener como base un presupuesto multianual como compromiso de política educative.

Esto implica reconocer que las políticas educativas en México, hasta ahora aplicadas, no solo no han resuelto los grandes problemas de la educación, sino que las han empeorado, a tal grado de que lo jóvenes en México se encuentran en una verdadera situación de desastre y desesperanza.

Desde se entonces, se han presentado diversas iniciativas para mejorar la situación de la educación superior. La Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), ha venido trabajando insistentemente y en cada período de de discussion presupuestaria se insiste en el tema. Los rectores de las universidades, individual y colectivamente no han sido escuchados y como consecuencia, las instituciones de educación superior públicas en México, se encuentran en una verdadera crisis.

En la LXI Legislatura se presentaron diversas iniciativas que reformaban el Artículo 73 Constitucional, procurando los presupuestos multinuales para la educación superior, las cuales se fueron a la congeladora y por falta de tiempo, desechadas, como lo establece el Artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados. De la misma forma, fueron presentadas diversas iniciativas que reformaban la Ley General de Educación y la Ley de Coordinación de la Educación Superior, las cuales, por la misma razón fueron desechadas. Es decir, no se ha entrado a su discusion y se ha pospuesto la definición de una nueva política educativa.

Con motivo del cambio de gobierno y tomando como marco la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013, la comisión de educación y servicios educativos de la Cámara de diputados convocó a sendas reuniones de rectores, así como con los directivos de la Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En estas se reiteraron las demandas que los años anteriores se habían presentado, en espera de una respuesta presupuestaria adecuada. La UNAM y la ANUIES, hizo entrega pública y oficial de su propuesta de política educativa para el país en diversas publicaciones.

Durante ese período la presidencia de la República envió a la cámara de Diputados su iniciativa de reforma a diversos artículos de la constitución, la que no contempló una reforma a la educación superior y mucho menos aspectos presupuestarios para la misma. Solo se mencionó que una de las metas del actual gobierno es alcanzar una cobertura del 40 por ciento en educación superior y alcanzar el 1 por ciento del presupuesto para investigación científica, para el 2018. Sin más preámbulos y sin ningún otro contenido que fundamente alguna política de investigación científica o que desgloce en que niveles y especialidades de educación superior se ampliaría la cobertura, esta iniciativa presidencial fue aprobada por ambas cámaras y recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La propuesta de la Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), no fue comentada y la comisión de Educación de la Cámara de diputados le dió preferencia a la iniciativa presidencial. Todavía más, el presupuesto enviado por el ejecutivo federal al Congreso, contenía sendas disminuciones presupuestarias a la educación nacional y en especial a la educación superior, en un sentido totalmente contrario a las demandas presentadas por los rectores. De nueva cuenta, la educación superior ha sido soslayada de la política educativa del nuevo gobierno y las demandas de los rectores desoídas. La ausencia de una nueva propuesta de politica a la educación superior, simplemente, anuncia la continuidad de la política aplicada por los ultimos gobiernos desde 1989, que ha causado tantos estragos a los jóvenes mexicanos, a la ciencia y a la enseñanza nacional.

Por otro lado, tanto diputados como senadores de esta LXII Legislatura, han presentado sendas iniciativas de reforma constitucional al Artículo tercero, en material de educación superior.

Las iniciativas presentadas hasta la fecha en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, que reforma el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Educación Superior y en particular que pretenden recuperar el carácter público y gratuito de la educación superior en México[i], corresponden a dos diputados del PRD, los senadores del PRD, una diputada de Nueva alianza que eleva la educación superior como un derecho social humano, y dos de Movimiento Ciudadano.

Una servidora, presentó su iniciativa en el mes de octubre del presente año, reformando y adicionando el primer párrafo del artículo 3o. y la fracción VII del mismo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando claro el carácter público de la educación superior que imparte el Estado, señalando que "La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de marzo de 1993, excluyó de la educación que imparte el Estado a la educación media superior y a la superior (y) … toca ahora a los integrantes de esta LXII Legislatura recuperar a la educación superior que imparte el Estado desde las instituciones estatales y autónomas, como instituciones públicas y gratuitas", proponiendo que "Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y reciban recursos del Estado, asumirán el carácter de educación pública y gratuita" .

El diputado Catalino Duarte Ortuño del PRD, propuso que "La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta, la media superior y la superior serán obligatorias" y "que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior y superior" y en un transitorio Tercero, "la obligatoriedad de la educación superior se implantará a partir del ciclo 2014-2015, creciendo de manera gradual, hasta universalizar la obligatoriedad en todo el país para el ciclo 2019-2020". Es importante destacar que no considera el tema de la gratuidad de este nivel de enseñanza.

Los Senadores de la República, RAÚL MORÓN OROZCO,  ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS  RODRÍGUEZ y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA del PRD, presentaron el 4 de octubre una iniciativa en el que reforma el artículo 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proponen que "Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación que imparta el Estado en todos sus tipos, modalidades y niveles educativos será obligatoria y gratuita (y que) el Estado proveerá los recursos necesarios para garantizar el pleno ejercicio de este derecho".

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez de Nueva Alianza, presentó su iniciativa el 27 de septiembre. Argumenta que "En junio de 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, postuló que la educación superior como bien público social y derecho humano universal". Agrega que la Organización Mundial de Comercio (OMC) "incorporó a la educación como un servicio comercial y que al aceptar los acuerdos de la OMC se obligan a orientar los fondos públicos hacia emprendimientos privados extranjeros implantados en su territorio.

La iniciativa que hoy presento, trata de recuperar las demandas presentadas por la Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con quienes platicamos y hemos estado en contacto, anunciándoles sobre nuestra propuesta, a lo cual ellos han accedido, proporcionándonos la información neesaria. Así llegó a nosotros el, texto de la UNAM, coordinado por José Narro Robles, Jaime Martuscelli Quintana y eduardoBárzana García, intitulado "Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional", editado por la UNAM, del cual hemos tomado los fundamentos para presentar esta iniciativa, así como de las iniciativas presentadas en la LXI Legislatura.

El texto de la UNAM, "Finnciamiento de la educación, ciencia, tecnología, innovación y cultura con vision de Estado", ptopones, como nos lo señala, "una política de financiamiento con vision de Estado", y un modelo de programación presupuestaria, que le permitiría al Estado cumplir con lo establecido en el Artículo 25 de la Ley General de Educación de alcanzar el 8 por ciento del PIB para el gasto educativo en 10 años.

El texto nos propone:

"1. Abatir el analfabetismo y el rezago educativo; 2. Integrar y consolidar las políticas de mejoramiento de la calidad e inclusion en el nivel básico en la sociedad del conocimiento, 3. Universalizar la cobertura en educación media superior, 4. Sentar las bases financieras para una política de educación superior, ciencia y tecnología e innovación, 5. Alcanzar la tasa bruta  de cobertura de educación superior de 60% y 6. Impulsar la creación de un sistema de becas educativas".

El texto nos informa que el gasto educativo nacional es del orden de 975, 723 millones y que de este el 78% corresponde a los tres órdenes de gobierno y solo el 22% a los particulares.  Este reepresenta el 6.35% del PIB. El gasto público federal y estatal, asciende a 763, 841, correspondiendo al 78% del gasto nacional y al 5% del PIB. El gobierno federal aporta 62% que equivale al 4% del PIB y lo sgobiernos estatales solo aportan el 1% del PIB.

Del 2001 al 2012, el 80% del gasto público en educación, ciencia y tecnología, innovación y cultura, tuvo como fuente de financiamiento el presupuesto federal y el resto fue de los gobiernos locales, los cuales dependen de la transferencia del gobierno federal. 

"Lo que opera –dice el texto- son esquemas e instrumentos de financiamiento desarticulados y atomizados, tanto a nivel federal y estatal, creados en función de criterios politicos y económicos, generalmente en respuesta a visiones cortoplacistas o en reacción a situaciones coyunturales… este esquema –dice más adelante- genera crecientes distorsiones e inequidades que mantienen y, en diversos casos, reproducen las inercias y los rezagos educativos… La asignación de la gran masa de recursos federales y estatales … en gran medida se realizan  de manera inercial, no excenta de presiones y tensiones políticas, al margen de una sólida planeación educativa de mediano y largo plazo"

En educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, el marco vigente es federalista, pero operativamente centralizado, no cumple con el mandato legal de destinar recursos a ciencia y tecnología equivalentes a 1 % del PIB. La asignación presupuestaria depende de las coyunturas económicas y políticas, que generan escenarios de permanente incertidumbre. "No se ha visto un aumento de las plazas académicas y de las remuneraciones alpersonal docente y de investigación". Ante las insuficiencias y rigidez del financiamiento federal para las Instituciones de Educacioón Superior, el ejecutivo Federal y el Poder Legislativo, crearon 15 programas exraordinarios para compesar esta deficiencia, pero sus resultados son una verdadera incertidumbre, pues pueden cambiar en cualquier momento.

Primer eje.

La Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la UNAM, proponen que, dado que para el 2012, el presupueto asignado alcanza solo el 5% del PIB, se requiere incrementarlo en tres puntos, la meta viable y política es el sexenio presente o la propuesta de la ANUIES y la UNAM que es a 10 años. Lo que significaría incrementos del gobierno federal de 3.95% al 6.36% del PIB y los estatales del 1.01% al 1.62% del PIB, lo cual implicaría que para el año 2022, el prsupuesto educativo nacional ascendería a 21.7 billones de pesos, es decir 97 mil 121 millones de pesos anuales.

 Segundo eje

Abatir el analfabetismo y el rezago educativo

Calidad y inclusion en la sociedad del conocimiento.

Universalizar la cobertura en educación medis superior.

Financiamiento de la educación de largo plazo.

Cobertura de educación superior del 60%

Sistema nacional de becas educativas.

 A través de esta Iniciativa de Ley se propone que el Estado mexicano instaure los presupuestos plurianuales para las universidades públicas.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está convencido de que requerimos de una política de Estado en materia de financiamiento a la educación superior, a fin apoyar a las instituciones de Educación Superior que, por la labor que realizan, son estratégicas para el desarrollo del país.

Nuestra estructura federal demanda la participación de los tres niveles de gobierno en el financiamiento a la educación superior y que se apoye la inserción de nuestro país en el grupo de las sociedades del conocimiento.

Para ello es necesario no solo cumplir con el monto establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación, que es del 8% del PIB, sino debe especificarse el monto destinado a la educación superior y a la investigación científica. Es por ello que se requiere precisar que el monto que se requiere es del 1.5% del PIB, como lo propone la ANUIES, con las consideraciones presupuestarias, que oportunamente discutiremos en la propuesta que seguramente el PRD introducirá al sistema fiscal mexicano. Además se plantea un esquema de participación presupuestaria federalista, incorporando a los municipios, lo que a su vez requerirá un Nuevo pacto federal de coordinación fiscal que incluya a estos. Además es oportuno proponer que estos presupuestos no podrán ser inferiores en relación con el año fiscal anterior.

En el caso de la Ley de Coordinación de la Educación Superior, en loss artículo 12, 21 y 25 se establece claramente un esquema de presupuestos plurianuales, en el marco de un Plan Nacional de Educación Superior, el cual debe estar contenido en el Plan nacional de Desarrollo y en el artículo 26, se especifican las funciones educativas que deberán financiarse.

Bajo las consideraciones anteriores, reformas al Artículo 25 de la Ley General de Educación y a los Artículos 21, 23 y 26 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para establecer las bases de aplicación de los presupuestos plurianuales, así como las normas que en materia de transparencia y rendición de cuentas regirán para dichas entidades.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 25 de la Ley General de educación y los artículos 12, 21, 24, 25 y 26 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para el establecimiento de presupuestos multianuales para la educación superior.

Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se reforma la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 25. El Ejecutivo federal, los gobiernos de cada entidad federativa y los municipios, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios– destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor de ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto al menos el 1.5 por ciento para educación superior, en las instituciones de educación superior públicas. Además, el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos no podrá ser menor, en términos reales, que el asignado en el ejercicio fiscal anterior. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación se deberán dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

...

Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 12, 21, 23, 25 y 26 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior para quedar como sigue:

Artículo 12.

…                           

I. a III.

...

IV. Financiar la educación superior pública mediante la asignación de recursos públicos federales, estableciendo, en su caso, programas plurianuales, a fin de garantizar el crecimiento de la matrícula, el desarrollo en la calidad de la educación, el incremento de la eficiencia terminal, y el incremento del personal académico de carrera, de las instituciones de educación superior públicas.                      

Los municipios participarán en el financiamiento de la educación superior pública.        

...

Artículo 21. La Federación programará, presupuestará y aprobará recursos a las instituciones públicas de educación superior con carácter plurianual para el cumplimiento de sus fines.                                                            

(se deroga)

Al inicio de cada periodo sexenal se aprobará un presupuesto plurianual, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, y de los planes multianuales de desarrollo que implemente cada institución de educación superior, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y discuta y apruebe la Cámara de Diputados, el cual operará como un complemento del presupuesto anual de carácter obligatorio. En todo caso se aplicarán las normas que rigen el Presupuesto de Egresos de la Federalación y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El presupuesto federal, de los estados, los municipios para educación superior, y los presupuestos para las instituciones de educación superior, en ningún caso deberán ser inferiores en teérminos reales a los ejercidos durante el periodo plurianual inmediato anterior.

Artículo 23. Los recursos que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen a las instituciones de educación superior se determinarán, de acuerdo con lo establecido en la Fracción IV del Artículo 74 de la constitución Política, el artículo 25 de la Ley General de Educación y los artículos 12, 21 y 25 de esta Ley, en el marco de un presupuesto plurianual, atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior y considerando la planeación institucional y los programas de superación académica y de mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos de operación previstos.                       

Para decidir la asignación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso se tomarán en cuenta consideraciones ajenas a las educativas.                           

Con tal fin, el gobierno federal, los gobiernos estatales y el poder Legislativo transparentarán los criterios para la asignación de dichos recursos.

Artículo 25.

Los recursos ordinarios serán considerados como presupuesto regularizable para garantizar el desarrollo de las instituciones públicas de educación superior en sus funciones de docencia, investigación científica y humanistica, la difusión de la cultura y la extension universitaria, la cual se basará en el incremento de la matrícula, el incremento del personal académico y de investigación de carrera, la elevación de la calidad de la enseñanza y de la eficiencia terminal.

Los recursos asignados por el Estado —federación, entidades federativas y municipios— a las instituciones públicas de educación superior, bajo ningún motivo podrán disminuirse en el transcurso del ejercicio de que se trate.

La federación y las entidades federativas y los municipios, celebrarán convenios en los que se fijen las aportaciones que corresponden a cada orden de gobierno. El monto total del presupuesto asignado a la educación superior pública, deberá distribuirse en aportaciones de un 50 por ciento la Federación, el 40 por ciento las entidades federativas y el 10 por ciento los municipios.

Las ministraciones de los recursos ordinarios se sujetarán al calendario aprobado, debiendo iniciarse durante el primer mes del ejercicio fiscal.

El incumplimiento de esta disposición dará lugar al fincamiento de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

Artículo 26. Para el fortalecimiento de las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, la federación apoyará a las instituciones públicas de educación superior con recursos destinados al financiamiento de fondos específicos, que podrán contar con una programación plurianual.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de abril de 2012

Diputada Roxana Luna Porquillo

Notas:

1 "Rechazados, 91 por ciento de los aspirantes a ingresar a la UNAM" en La Jornada, jueves 8 de abril de 2010.

2 Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Planeación. Portal de Estadística Universitaria. Series estadísticas. Disponible en la dirección electrónica: http://www.estadistica.unam.mx/series_inst/index.php

3 Rodolfo Tuirán. La educación superior en México: avances, rezagos y retos. Documento disponible en formato electrónico: www.ses.sep.gob.mx/work/sites/.../VF-CAMPUS_MILENIO%5B1%5D.pdf

4 Axel Didriksson, Planeación y prospectiva de la educación superior: el itinerario de la ANUIES. Disponible en formato electrónico en http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res116/fte xt6.htm

5 Rodolfo Tuirán. Op. Cit., p. 5.

6 Roberto A. Martirene. Manual de presupuesto plurianual. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)/Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Santiago de Chile, noviembre de 2007, pp. 16-18.

7 Idem., pp. 17-18

8 "Destina el Gobierno Federal más de 91 mil millones de pesos a educación superior en este año". Secretaría de Educación Pública, Comunicado 018, 24 de febrero de 2011.

9 Rodolfo Tuirán. Op. Cit., p. 18.

10 "Disminuye, en términos reales, el gasto en educación superior" en La Jornada, 22 de noviembre de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, Distrito Federal, el 6 de enero de 2013.

 



[i] Iniciativas presentadas durante el primer año de la LXII Legislatura en material de Educación superior

Fecha: 2012-10-02 Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para considerar a la Educación Superior como un bien público social y un derecho humano fundamental que el Estado mexicano debe garantizar. Presentada por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Nueva Alianza; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 3612-III, jueves 27 de septiembre de 2012. (113)

Fecha: 2012-10-04 
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que la educación superior que imparta el Estado es gratuita. 
Presentada por la diputada Roxana Luna Porquillo, PRD. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 3617-II, jueves 4 de octubre de 2012. (140) 


Fecha: 2012-10-09 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación, para hacer obligatoria la educación superior. 
Presentada por el diputado Catalino Duarte Ortuño, PRD. 
Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos. 
Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 20 de diciembre de 2012, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
Gaceta Parlamentaria, número 3617-II, jueves 4 de octubre de 2012. (145) 


Fecha: 2012-10-31 
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que la educación superior impartida por el Estado debe ser gratuita. 
Presentada por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, Movimiento Ciudadano. 
Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria, número 3635-II, miércoles 31 de octubre de 2012. (269)