Asamblea ejidatarios en defensa de la tierra
Feliz Navidad y Año Nuevo 2013

Hemos abierto una página especial para que los compañeros miembros de ADN en Puebla, expresen sus puntos de vista sobre nuestro BLOG y además compartan sus propuestas políticas para el desarrollo de nuestra organización, así como para conocer su opinión sobre la situación económica, social, cultural y política del estado de Puebla y del país.

viernes, 21 de diciembre de 2012



INFORME SOBRE LA LABOR LEGISLATIVA DE LA DIPUTADA ROXANA LUNA PORQUILLO, DEL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012
A partir del 1º de septiembre de 2012, tomé posesión como diputada federal de la cuarta circunscripción, a la cual pertenecen los estados de Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Distrito Federal y Puebla.
El PRD cuenta con 30 diputados del DF, más 5 de MC y 5 del PT, Guerrero 9 del PRD y 2 por MC, Tlaxcala uno y uno del PT y de Puebla una del PRD y una de MC, Morelos, 5 del PRD, y uno de MC. La coordinación de los diputados de la circunscripción no existe, ni tampoco entre los diputados de los partidos de la Coalisión o lo que podría llamarse la izquierda. Es por ello que la actividad en mi caso y del diputados del PRD de Tlaxcala, que somos solo uno, tenemos el peso de toda la representatividad del PRD y en mi caso de la izquierda, pues la compañera diputada del MC, no tiene vínculos con el estado de Puebla. La actividad de la diputación federal se enfrenta a la de 14 del PRI y 5 del PAN. A pesar de ello, se ha logrado una importante presencia con la actividad parlamentaria, pues hasta ahora, estamos a la major posición en cuanto a la presencia de PRD en Puebla, pues hasta ahora se han suscrito 21 iniciativas, (la posición que sigue tiene solo 15), se ha promovido una, se han suscrito 7 proposiciones de las cuales seis han sido promovidas y una ha sido aprobada por el pleno. Cabe destacar que existen 11 diputados poblanos que no han promovido una sla iniciativa y 13 que no han promovido ningún punto de acuerdo.
El 10 de septiembre de 2012, se introdujo un “punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #Yo Soy 132 y la Cámara de Diputados”. Las razones que se esgrimen en el exhorto que se introduce se refieren a que “el movimiento #yosoy132, que es conformado en su mayoría por estudiantes de educación superior, ya sea de escuelas públicas o privadas, a los cuales se han sumado amas de casa, obreros, intelectuales, artistas, así como la ciudadanía en general (tiene) el firme propósito de buscar la democratización de los medios de comunicación a fin de que publique la verdad; y la razón más importante: el rechazo a la imposición de Enrique Peña Nieto como vencedor de las pasadas elecciones… Los diputados de la LXII legislatura, quienes debemos comenzar a dar un nuevo rumbo a las atenciones de la ciudadanía, (debemos) dar oportunidad de ser escuchados a los jóvenes que se preparan día a día y ponen en la mesa importantes temas.
Es por ello que exhorto al titular de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara a crear una comisión especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #yosoy132, a fin de atender las demandas que como ciudadanos organizados presentan para el beneficio del país”.
Este punto de acuerdo fue enviado a la Junta de Coordinación Política y su resolución hasta la fecha está pendiente.
Continuando con esta temática, en la sesion de instalación de la Comisión de Radio y Televisión, se hizo ina intervención en la que se colocó el tema de la democratizción los medios como tema central. En este se planteó:
La información y los medios como empresa privada. ¡ Competitividad. No monopolios!
El control del Estado sobre los medios de comunicación.
La participación de la sociedad, específicamente las asociaciones civiles, educativas y culturales en los medios de comunicación.
La amplitud de los medios de comunicación. La democratización de los medios de producción en comunicación
Aunque los límites al derecho a la información depende de los recursos económicos en juego y es una limitante, el estado puede influir en el control de los medios de comunicación, poniendo límites a la libertad de prensa, acotando los términos y las respuestas a las demandas de información y también suprimiendo los límites existentes.
Sin embargo, también existen los tiempos oficiales que se pueden ampliar a niveles que lleguen al 25 y hasta el 33 por ciento de los espacios concesionados a las empresas particulares. Estos espacios puede a su vez ser concesionados a instituciones educativas, a dependencias distintas del titular del poder ejecutivo, a instituciones educativas y de beneficencia y a asociaciones civiles, indígenas y grupos marginados.
Deben existir las emisoras federales, estatales y municipales, para lo que deben existir las correspondientes leyes de Ordenación y Control de las Emisoras, a su vez las Emisoras Asociativas y la TV. local comunitaria de instituciones, asociaciones y colectivos representativos de la sociedad civil.
La Internet democratiza el acceso a la información y actualiza la producción informativa, multiplicando el número de emisores. El contenido, hoy es creado por millones de espontáneos productores que comparten su conocimiento en diferentes comunidades, redes sociales, blogs, webs colaborativas, TV por internet, cine notas periodísticas y reportajes.
“La democratización de los medios de producción de contenido convierte de hecho a millones de ciudadanos en periodistas espontáneos, capaces de generar y distribuir cualquier noticia o acontecimiento de interés” http://goodwillcomunicacion.com/comunicacion-2-0.htm.
La Cámara de Diputados y los medios de comunicación
El Movimiento #YoSoy132 impugnó a l diputado Federico González Luna Bueno, uno de los
redactores de la Ley Televisa, como presidente de la Comisión de Radio y Televisión en el Congreso, y efectivamente, y respondimos que la llegada de este diputado a la Cámara y a la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión, es exclusivamente responsabilidad del PVEM y de su Alianza con el PRI.
La Comisión de Radio y Televisión se compone de 29 diputadas y diputados, 12 del PRI, 7 del PAN, 5 del PRD, 2 del PVEM, un diputado por el PT, MC y NA. Dos diputados han sido funcionarios de las Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro ha trabajado en el área de medios de comunicación del gobierno federal y otras y otros son académicos con especialidad y cursos en comunicación. Tenemos abogadas y abogados. También hay articulistas y directores de noticias y conductores de programas de radio. Un secretario de comunicación de la CTM y una ex secretaria de comunicación del PRD. Entre los diputados miembros de la Comisión de Radio y Televisión uno fue Asesor de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), otro Presidente del Consejo Coordinador Empresaria y otro más fue Director Jurídico Corporativo del grupo COPARMEX, algunos han sido y son empresarios relacionados con los medios, otro es propietario de empresas de radio y diarios, hay un Musicalizador en Televisa Producciones S. A. y tres pertenecen a despachos de asesores jurídicos vinculados con los medios de comunicación. En total 10 diputados miembros de la comisión, tienen o han tenido vínculos con la iniciativa privada a la radio y la Televisión.
Como presidente de la Comisión de Radio y Televisión Federico González Luna, diputado del PVEM que ha sido asesor de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) e integrante del consejo consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), no tiene militancia en el PVEM y es uno de los redactores de la llamada “Ley Televisa” del 2006, junto con el también diputado de ese partido Javier Orozco.
Otra integrante de la “telebancada” del Verde Ecologista es Ana Lilia Garza Cadena, ex subdirectora Jurídica en la CIRT.
Por el PRI, como secretario de la comisión participará Simón Valanci Buzali, vicepresidente del consejo consultivo de la CIRT y propietario de emisoras de radio y periódicos en Chiapas, Tabasco y Veracruz.
En la misma comisión estará el priista Patricio Flores, dirigente desde 2005 del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (Sitatyr).
También el diputado Enrique Cárdenas, radiodifusor y director general de la Organización Radiofónica Tamaulipeca.
Los diputados representantes de los intereses de las empresas televisoras y de los patrones de los medios de comunicación como la CIRT, están como integrantes específicos de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM.
Las propuestas de los diputados del PRD, será romperlos los monopolios televisivos, ampliar el tiempo de la federación y distribuirlo entre las dependencias federales autónomas como la CDH y otras, las universidades, los municipios, las asociaciones civiles y las comunidades.
Una Ley que limite al Poder ejecutivo en cuanto a los medios de comunicación, que abra los medios a otras empresas, a las comunidades, municipios, estados, universidades, ciudades, estados y todo aquel, que teniendo un medios de comunicación independiente, prentenda desarrollarlo.
Discutiremos el tema de la libertad de expresión, el derecho a la información y la propaganda y la publicidad gubernamental, así como los tiempos oficiales.
La zona centro del estado de Puebla, es principalmente una región indígena hablante náhutl, y la urbanización no solo destruye la agricultura sino también la cultura y la lengua. El rescate del náhuatl en la región del valle de Puebla que abarca 17 municipios, puede convertirse en una meta importante a través de la instalación de una cadena de radio difusoras comunitarias con televisión en Internet y altavoces en las comunidades. Sin embargo, la formación de cuadros técnicos y de difusión de la cultura requiere un gran esfuerzo y eso debe ser parte del proyecto regional que incluya una Escuela de Locutores de la Región del Valle de Puebla. Lo mismo podríamos decir de la Sierra norte, pero esta incluye el totonaco. Para el caso de los medios de comunicación en Puebla, el 15-Noviembre-2012 introdujimos un punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a reconsiderar la demanda presentada contra Fabián Gómez Hernández y Adrián Ruiz, director del portal Contraparte Informativa y columnista de El Heraldo de Puebla, respectivamente; y a encabezar un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD” ante la actitud del gobernador hacia los medios de comunicación que, según su consideración, le son hostiles.
Esto fue resultado de que “el 22 de febrero de 2011, entre opiniones a favor y en contra y sin realizar los foros solicitados por los trabajadores de los medios, el Congreso de Puebla aprobó, con 40 votos a favor y 1 abstención (del Partido del Trabajo), la despenalización del “daño moral”, como la figura legal que engloba los llamados “delitos de prensa”, difamación y calumnia, y colocarlos en el rango civil, para que los “infractores” ya no paguen con cárcel su “falta” sino que sea por medio de una sanción económica fijada por un Juez, quien a su criterio “castigue” con un monto económico al periodista. Empero, la sanción económica puede tan alta que lo despoje de su patrimonio.
La iniciativa fue presentada al congreso por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Éste pretendía definir como daño moral la “afectación que una persona sufre en su prestigio, sus
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos” y dar la responsabilidad en la obligación del derecho de réplica al periodista y no al medio. Finalmente, la iniciativa tuvo algunos cambios.
Los diputados también aprobaron que el monto máximo de la sanción por “daño moral” sea de 3 mil días de salario mínimo (170 mil 100 pesos de acuerdo con el tabulador 2011 para la zona C). Además, un artículo transitorio que obliga al Congreso del estado a legislar en un periodo no mayor de seis meses una “ley de responsabilidad civil sobre la personalidad para puntualizar los derechos al honor, vida privada y propia imagen”.
Esta propuesta fue calificada como “ley mordaza” y en las redes sociales llegó hasta la creación de unhashtag: #rafamordaza.
Esta reforma –señalaron algunos trabajadores de los medios– dejó abierta la posibilidad de un mecanismo de autocensura que, sin una regulación, es el juez quien establece la sanción económica a su arbitrio, que puede ser estratosférica, de tal magnitud que será imposible que el sancionado la pueda pagar. Este punto fue canalizado a la Junta de Coordinación Política y se encuentra Pendiente.
El Segundo tema que abordamos fue el de la Educación y de esta, presenté una iiciativa y un punto de acuerdo sobre educación superior y dos puntos de acuerdo sobre educación media superior. De estos ultimos uno fue aprobado por el pleno de la Cámara. Sin embargo, el tema de fondo fue el de los jóvenes.
Los jóvenes: el futuro de México
Los jóvenes representan en 2010, cerca de la quinta parte de la población total del país y su peso relativo es de aproximadamente 20.3 por ciento (10.6% para adolescentes y 9.7% para jóvenes de 20 a 24 años). Actualmente existen cuatro millones de jóvenes entre los 16 y 23 años que se en cuentran excluidos de la educación media superior y superior, que no pueden desarrollarar sus cualidades en su beneficio ni del país. Estos jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar la preparatoria y mucho menos han obtenido un título para ejercer una profesión, no tienen esperanza de un futuro mejor en su propio país. A pesar de ello, tanto estos jóvenes como su familia tienen que comer, vestirse y deben tener un lugar donde vivir. Estos jóvenes, sin la minima instrucción, no pueden aportar ingresos de importancia a la economía familiar, están limitados para construir una familia y en caso de que lo hagan, esta se desenvolverá en situaciones de verdadera miseria. Estos jóvenes que no estudian, se desarrollarán en la miseria y en la ignorancia, seguramente procrearán hijos en las mismas condiciones. En el caso remoto de que estos jóvenes llegaran a obtener un empleo, seguramente será con muy bajos ingresos. Entonces ¿cuál es el futuro de estos jóvenes?. La respuesta está en la boca de todos los mexicanos: La migración y el narcotráfico.
México ha llegado a más de 11 millones de migrantes en 2011, según el Banco Mundial, se ha convertido en noticia cotidiana, que decenas de jóvenes migrantes son encontrados en fosas comunes asesinados por el narcotráfico, desde la noticia de San Fernando en Tamaulipas de agosto de 2010. A partir de ahí se conoce del enramado de circunastancias en las que el narcotráfico se nutre de estos jóvenes que buscan un futuro en EE. UU. Son detenidos en su recorrido, secuestrados, amenazados junto con su familia y finalmente obligados a enrolarse en los grupos delictivos. Son víctimas de robos, golpes, trabajos forzados en plantíos de mariguana y amapola, utilizados por las bandas de trata de personas, delincuencia organizada y narcotráfico. Los jóvenes que no estudian, que no hacen deporte, que no conocen el arte, que no leen y que buscan trabajo, son presa facil de estos grupos.
Cada año, un millón de jóvenes cumplen la edad para ingresar a lo que se llama la vida productiva. De cada diez egresados universitarios, sólo siete encontrarán trabajo, y de estos últimos sólo cuatro lo harán en algún empleo relacionado con la profesión que eligieron.
El panorama de la educación mundial destaca por primera vez el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan que tienen entre 15 y 29 años, son un total de siete millones 226 mil, cifra que coloca a México en el tercer lugar de tener el mayor número de jóvenes de esos llamados “ninis”, del total de un millón 930 mil.
Cuando hablamos de las y los jóvenes, nos referimos a la educación, al trabajo forzado, a la violencia, al maltrato y a la discriminación. Hablamos de jóvenes, jóvenes indígenas, jóvenes migrantes, jóvenes desemplados, mujeres jóvenes indígenas, mujeres jóvenes migrantes, mujeres jóvenes madres soleras, mujeres jóvenes estudiantes embarazadas, mujeres jóvenes maltratadas, mujeres jóvenes discriminadas, mujeres jóvenes indígenas discriminadas, mujeres jóvenes migrantes discriminadas, de las mujeres jóvenes violadas, de las mujeres jóvenes obligadas a parir despué de ser violadas, de las mujeres jóvenes encarceladas por abortar, de la muerte materna. También hablamos de los jóvenes reclutados por el narcotráfico, de los jóvenes reclutados por el ejército, de los jóvenes víctimas de los delitos, de los jóvenes detenidos y encarcelados por narcotráfico y de aquellos que siendo inocentes se encuentran recluidos. En fin, hablamos de la pérdida de la esperanza de los jóvenes mexicanos.
Todo este universo fue nuestra preocupación cuando presentamos la iniciativa y los puntos de acuerdo sobre la educación media superior y superior. Se Exhortó “al Poder Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal y a los gobiernos municipales, que consideren en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior, del fortalecimiento de las instituciones, la infraestructura, el personal académico y la elevación de la calidad educativa, para el cumplimiento del mandato constitucional”,
Propuse la creación de “una comisión especial plural para la educación media superior en
México, para a) Dar seguimiento a la aplicación de la cobertura general neta a la educación media superior ordenada en la reforma del artículo 3o. constitucional; b) Que dé seguimiento a la eficiencia terminal en el nivel secundario y de la educación media superior, tomando las medidas necesarias para evitar la deserción; c) Que la totalidad de los egresados de secundaria cuente con la matrícula que le corresponde; d) Que sean ampliados los programas en la educación para mayores de 18 años; y e) Se cumpla este mandato constitucional de lograr 100 por ciento de la cobertura nacional.
Ahora esta es nuestra preocupación.
En el país existen 7, 819, 180 jóvenes entre El 11 por ciento de la población entre 12 a 29 años, es decir 211 mil, en el estado de Puebla, están considerados como “ninis” en 2010, según CONAPO.
Por todo ello, debemos iniciar una línea de trabajo en torno a los y las jóvenes mexicanas y en particular a las y los poblanos.
En materia de educación, concentramos la atención en las y los jóvenes entre 15 y 18 años, es decir, aquellos en edad de estudiar la educación secundaria y que por diversas razones no logran obtener su certificado y en cnsecuencia, ha dejado de estudiar. Estos jóvenes, sus padres y el estado tienen la obligación de garantizar la culminación de sus estudios y continuar con la educación media superior hasta terminarla. En el punto de acuerdo que introdujimos sobre este asunto, señalamos la existencia de cerca de cuatro millones de jóvenes en el país que están en esta situación y a los que la SEP no está dispuesta a atender, pues ha resuelto atender solo a los adolescentes que tienen la edad típica y cuentan con su certificado de secundaria. Para el caso de Puebla tenemos una cobertura del 38.6 por ciento en el año 2000. Según los datos de la SEP, para 2011 la cobertura ha llegado al 95 por ciento, atendiendo a 341, 231 alumnos y para educación media superior, estos datos son de 69 por ciento con 241, 112 estudiantes. Estas cifras tienen que ser vistas con reserva por lo mencionado por los nuevos secretarios de educación y de Trabajo y por el INEGI, en relación con el manejo estadístico de los regímenes antriores.
Para la educación superior inicié una Reforma al Artículo Tercero Constitucional para que la educación superior asuma “el carácter de educación pública y gratuita”, además se “exhorta al Poder Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal, a los gobiernos municipales, y a los rectores y directores de las instituciones de educación superior del país a considerar en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación superior, el apoyo a la infraestructura, la contratación de personal académico de carrera, la ampliación y un sistema de becas para estudiantes”.
En educación superior, en 2001 tenemos de un total de estudiantes de 10, 4761, 8, 764 pertenecen a las 8 instituciones del sistema federal, 11898 a las 20 instituciones del sistema estatal, 33, 317 a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y 50, 782 asisten a las 114 universidades privadas. Para 2010 en Puebla estudian en el nivel superior 179 mil alumnos, de los cuales 97, 809 pertenecen al sistema público y 81, 224 al privado, con una cobertura del 23 por ciento.
En la iniciativa mencionamos que “El caso emblemático lo es la Universidad Autónoma de Puebla que pasó de 94 mil estudiantes a 43 mil en 10 años, reduciendo su matrícula en 51 mil estudiantes, ¡más de la mitad!. La matrícula en preparatoria pasó de 23 mil 244 en 1990 a 9 mil 769 en 2000, reduciendo en ese lapso en 13 mil 475 estudiantes, también ¡más de la mitad! Al 16 de marzo de 2012, el rector informa de 64 mil estudiantes de la UAP. En 12 años, la UAP, que dejó de ser “benemérita”, incrementó su matrícula en 10 mil estudiantes. A este ritmo de crecimiento, alcanzará el nivel de población de que tenía en 1990, que era de 91 mil estudiantes, hasta el año 2040”.
En estas condiciones hicimos observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado por la nueva administración federal y señalamos que la educación media superior, el posgrado y la educación para adultos, tienen reducciones, explicando así la reducción del total del presupuesto educativo y la reducción del porcentaje del PIB, para ese rubro. En la Comisión de educación pudimos hacer los señalamientos correspondientes y fijar una posición sobre los diversos asuntos que se pusieron en discusion, especialmente sobre el PEF, ante los rectores de la IES Públicas.
Con motivo de la firma del Pacto por México, que firmaron los partidos PRI, PAN y PRD y en el que se incluian diversos compromisos, emanados principalmente de las promesas de campaña del entonces candidato del PRI, ante el tratamiento que se les dio a estos en el PEF, señalamos que “tienen importantes incrementos, pero a costa de anular otros programas y disminuir presupuesto al ramo de la Educación , como son Programa Escuelas de Tiempo Completo, Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria, Escuelas Dignas, entre otros.
También fijamos una postura sobre la iniciativa de EPN sobre el Instituto de Evaluación de la Educación, proponiendo que el titular de la Junta General del consejo de Evaluación sea nombrado por el Senado, para quitarle al Ejecutivo la facultad para designarlo, planteamos dejar a salvo los derechos y prestaciones adquiridos por los trabajadores, y la supresión de los mandatos para realizar la normatividad para a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, b) Establecer escuelas de tiempo completo, c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, porque corresponden a los enunciados políticos contenidos en el “Pacto por México”, y no son resulado del contenido de la iniciativa.
Además de lo ya mencionado, propuse un “punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a establecer una mesa de diálogo para resolver los conflictos con los normalistas y las demandas de mejora de las condiciones de estudio que plantean alumnos y padres de familia.
En la Comisión de Derechos Humanos, planteamos el IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE CALDERÓN EN MATERIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, señalando distintos casos como los de 1.- JORGE CASTAÑEDA GUTMAN. La primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano del 6 de agosto de 2008 por restricción de los derechos políticos. 2.- CAMPO ALGODONERO.- El 6 y 7 de noviembre de 2001 se encontraron en un viejo campo algodonero de Ciudad Juárez, ocho cuerpos de mujeres. 3.- ROSENDO RADILLA PACHECO.- El 25 de agosto de 1974, lo detuvieron ilegalmente en un retén militar. 4 Y 5.- Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, Indígenas me’phaa del estado de Guerrero, quienes en 2002 fueron torturadas y violadas sexualmente por efectivos del Ejército mexicano. 6.- CASO CABRERA GARCÍA y MONTIEL FLORES.- Sentencia de 26 de noviembre de 2010. El 2 de mayo de 1999, cerca de 40 miembros del Ejército mexicano irrumpieron en la pequeña comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, quienes participaban activamente en la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) en la defensa de los bosques, fueron apresados ilegal y arbitrariamente por militares. 7. Indígenas defensores del derecho al agua, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en el Estado de Puebla. 8. Las y los defensores de derechos humanos y periodistas han sido objeto de ataques, asesinatos, amenazas e intimidación en represalia por su trabajo. 9. Justicia penal más humana El sistema político de nuestro país se ha reformado para tener una justicia penal más humana y los mexicanos tienen derechos, no meras prerrogativas otorgadas por los gobernantes. 10. La introducción del arraigo a la Constitución. Hay reformas en materia de derechos humanos, sin duda importantes, como la reforma a la Constitución del junio 2011, que implica finalmente asumir la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.
También en la Comisión, Reserve artículos 1, del Proyecto de “Dictamen con proyecto de decreto a la Minuta por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación” y al “Dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Fueron presentados DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, I. que se exhorta a los Congresos de las Entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirla. II. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y del gobierno del Distrito Federal difundir por la Secretaría de Seguridad Pública y las Procuradurías Generales de Justicia de su
respectiva administración, los resultados de la operación de seguridad instalada para salvaguardar el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1o de diciembre de 2012. III. Relativo a las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del programa “albergues escolares indígenas” y de diversas instituciones educativas, en el Estado de Oaxaca. IV. Para exhortar a los titulares de la PGR, de la PGJDF, de la CNDH y de la CDHDF para que realicen investigaciones exhaustivas y deslinden responsabilidades con respecto a posibles infiltrados en los disturbios y el operativo con uso irracional de la fuerza y balas de goma en las manifestaciones del 1º de Diciembre de 2012. V. se exhorte a la SEDENA, a la SEMAR y a la Policía Federal a exponer de manera pública las recomendaciones de la CNDH, con la inclusión de la denuncia, el estatus del caso y las razones por las cuales no se ha resuelto.Vi. Se exhorte a la PGR, a la SSP, a la Sedena y a la Semar a cumplir las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. VII. Para exhortar a los Congresos Estatales, para que emprendan las acciones legislativas necesarias, a fin de armonizar su legislación en materia de trata de personas y adecuar su normatividad penal a lo señalado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. VIII. PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE RECHAZA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE QUINTANA ROO. IX. Se exhorta al Presidente de la CNDH a atender debidamente su nueva competencia en materia de derechos humanos laborales.

martes, 18 de diciembre de 2012

Diversos puntos de acuerdo. Comisión de Derechos Humanos



I. De la Comisión de Derechos Humanos referente a la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a los Congresos de las Entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirla y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
ACUERDO
Único. La Cámara de Diputados en un marco de pleno respeto a la autonomía de las Entidades Federativas, exhorta a las Legislaturas Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que expidan las disposiciones legales que reglamenten el derecho a la no discriminación, o en su caso, armonicen su normatividad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales y la Legislación Nacional en la materia.
A favor

II. COMISIONES UNIDAS
De la Comisión de Derechos Humanos, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y del gobierno del Distrito Federal difundir por la Secretaría de Seguridad Pública y las Procuradurías Generales de Justicia de su respectiva administración, los resultados de la operación de seguridad instalada para salvaguardar el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1o de diciembre de 2012.
ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a resguardar los derechos de los detenidos y de las víctimas que arrojaron los hechos violentos sucedidos en el Palacio legislativo de San Lázaro y, en las calles y avenidas del centro histórico de la Ciudad de México, el pasado 1o de diciembre de 2012. 
A favor

III. De la Comisión de Derechos Humanos, referente a la proposición con punto de acuerdo relativo a las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del programa “albergues escolares indígenas” y de diversas instituciones educativas, en el Estado de Oaxaca.
ACUERDOS
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del programa “albergues escolares indígenas” y de diversas instituciones educativas, en el Estado de Oaxaca, presentada por la Diputada Gloria Bautista Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
ACUERDOS
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a las medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas de abuso sexual de menores en diversos albergues del programa “albergues escolares indígenas” y de diversas instituciones educativas, en el Estado de Oaxaca, presentada por la Diputada Gloria Bautista Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Solicitar a la CNDH que derivado de las inspecciones del Programa “albergues escolares indígenas”,
Solicitar a las autoridades competentes del gobierno del Estado de Oaxaca, atiendan a las víctimas y a sus familias;
Exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), establezca un procedimiento de supervisión y evaluación, con personal profesional y capacitado,
En el presente Dictamen se analizan los hechos ocurridos en un alberge indígena donde presuntivamente ocurrió una violación a un menor y, sobre la cual, se han pronunciado ya diversos órganos estatales.
De acuerdo con información proveniente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la noche del 26 de junio de 2012, un menor de siete años de edad, originario de la Agencia Municipal de Cuatro Palos, Tamazulapam, Mixe, Oaxaca, fue violado por dos becarios (de doce y trece años de edad) del albergue escolar “Antonio Caso”, ubicado en la comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca.
El Ombudsman Oaxaqueño acreditó las siguientes violaciones a los derechos humanos:

1.             Derecho a la integridad y seguridad personal
2.             Derecho al trato digno
3.             Derecho a la legalidad y seguridad jurídica
La DDHPO concluyó señalando que la conducta omisiva del Director del albergue  generó que los supuestos agresores sexuales se sustrajeran de la acción de la justicia,
Por lo anterior, la autoridad señalada como responsable, lejos de garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de los menores, así como observar las reglas de operación del citado albergue no lo hizo,

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos, en concordancia con los principios de presunción de inocencia y demás derechos a la seguridad jurídica, no puede de ninguna manera pronunciarse sobre la responsabilidad (penal, administrativa u otra) que pudiera existir en el presente asunto, esta facultad le corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales competentes.
CUATRO. Se Advierte con claridad que diversas pretensiones señaladas en La Proposición de Punto de Acuerdo presentada por la Diputada iniciante se encuentran ya contenidas en la Recomendación 10/2012 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de hecho, esta Comisión de Derechos Humanos considera que son de mayor amplitud las contenidas en la recomendación del Ombudsman oaxaqueño y, en concordancia con el principio pro persona contenido en nuestra Constitución Federal (Artículo 1o) que obliga a preferir aquella disposición que brinde mayor protección a los derechos humanos, estima preferible el contenido tutelar señalado en la referida recomendación. Cabe señalar que, algunas de las pretensiones señaladas en la proposición del Punto de Acuerdo de la iniciante no son viables por carecer este órgano legislativo de competencia para pronunciarse al respecto.


Valorar.

No está por de más hacer una nueva recomendación.




IV. De la Comisión de Derechos Humanos, referente a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la PGR, de la PGJDF, de la CNDH y de la CDHDF para que realicen investigaciones exhaustivas y deslinden responsabilidades con respecto a posibles infiltrados en los disturbios y el operativo con uso irracional de la fuerza y balas de goma en las manifestaciones del 1º de Diciembre de 2012.

                                   ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República y a la de Justicia del Distrito Federal, así como a las Comisiones Nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos, a realizar investigaciones exhaustivas y deslindar responsabilidades con respecto a las manifestaciones, de conocimiento público, ocurridas el pasado 1º de diciembre en la Ciudad de México.

V. De la Comisión de Derechos Humanos, referente a la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita que se exhorte a la SEDENA, a la SEMAR y a la Policía Federal a exponer de manera pública las recomendaciones de la CNDH, con la inclusión de la denuncia, el estatus del caso y las razones por las cuales no se ha resuelto, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
ACUERDOS
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita que se exhorte a la SEDENA, a la SEMAR y a la Policía Federal a exponer de manera pública las recomendaciones de la CNDH, con la inclusión de la denuncia, el estatus del caso y las razones por las cuales no se ha resuelto.
Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.
FINALIDAD DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La finalidad del punto de acuerdo propuesto, en palabras del proponente, es que […] se tomen en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el afán de que exista un castigo creíble ante los atropellos de los servidores que se valen de un uniforme para cometer abusos […] como la tortura, lo anterior considerando que […] de 127 recomendaciones hechas[1] respecto a este tema, sólo se han cumplido 10.
Porqué se rechaza:
El punto de acuerdo propuesto tiene como finalidad que el Pleno de esta Soberanía  exhorte  a la SEDENA, SEMAR y  a la Policía Federal para que:
1.         Expongan de manera pública cada una de las recomendaciones hechas por la CNDH.
2.         Incluyan la denuncia. 
3.         Expresen cuál es el estatus del caso.
4.         Mencionen en qué consisten las razones por las cuales no se ha resuelto.
Bajo esa tesitura, y examinando  la primera propuesta del acuerdo presentado, identificada con el inciso 1, debe decirse que la misma, a juicio de esta comisión dictaminadora, resulta estéril. Lo anterior por dos razones:
La primera porque precisamente la esencia de las recomendaciones es ser públicas y, ello, constituye uno de los pilares en los  que se sustenta la naturaleza del organismo autónomo protector de las prerrogativas fundamentales. Así lo determinan los artículos 102, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[2];  6°, fracción III, y 15, fracción VII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos[3].
La segunda, que deviene directamente de la anterior, refiere la competencia de la CNDH para que sea ese organismo  quien haga públicas las recomendaciones, por lo que ello, jurídicamente, no corresponde a las autoridades a quienes van dirigidas[4].
En ese orden de ideas y toda vez que no es de prosperar el planteamiento por los motivos vertidos en el presente dictamen, habrá de desecharse el punto de acuerdo que se analiza.
Bajo esa tesitura, y examinando  la primera propuesta del acuerdo presentado, identificada con el inciso 1, debe decirse que la misma, a juicio de esta comisión dictaminadora, resulta estéril. Lo anterior por dos razones:
La primera porque precisamente la esencia de las recomendaciones es ser públicas y, ello, constituye uno de los pilares en los  que se sustenta la naturaleza del organismo autónomo protector de las prerrogativas fundamentales. Así lo determinan los artículos 102, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[5];  6°, fracción III, y 15, fracción VII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos[6].
La segunda, que deviene directamente de la anterior, refiere la competencia de la CNDH para que sea ese organismo  quien haga públicas las recomendaciones, por lo que ello, jurídicamente, no corresponde a las autoridades a quienes van dirigidas[7].
Es un razonamiento propio de la Presidenta que tiene como fin salvar el prestigio de las instituciones.
No basta con que la CNDH haga públicas sus resoluciones, sino que se debe obligar a las instituciones, hacer públicas, entre su personal y quienes están dentro de su entorno y a que den a conocer a través de la realización de actos públicos, las recomendaciones y su cumplimiento, para que la sociedad, en su conjunto, las conozca ámpliamente y vigile su cabal cumplimiento.




Vi. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos referente a la proposición con punto de acuerdo, por la que se solicita que se exhorte a la PGR, a la SSP, a la Sedena y a la Semar a cumplir las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Finalidad de la proposición con punto de acuerdo:
La finalidad del punto de acuerdo propuesto, en palabras del proponente, es que […] esta Cámara de Diputados, solicite el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones que han hecho los organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, ante las diversas autoridades mexicanas […] responsables de la estrategia contra el crimen organizado […] porque es fundamental que en esta soberanía conozcamos y reconozcamos la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por integrantes de las diferentes fuerzas armadas involucradas en operaciones de seguridad pública en los últimos años, para actuar e invertir esa tendencia.
Así entonces cabe señalar lo siguiente:
1.             El Diputado que presenta la proposición la formula en términos  imprecisos jurídicamente, además de muy generales al señalar […] para que cumplan con todas y cada una de las Recomendaciones […]; es decir, por una parte, en su escrito hace a un lado el carácter no vinculante que tienen las recomendaciones que emiten los organismos nacional y estatales de derechos humanos.
Por otra parte, arroja sobre esta Representación Popular una atribución que no le es propia: exhortar se cumpla una determinación que emitió otra instancia.
Finalmente, omite determinar a qué recomendaciones alude su propuesta, toda vez que en su escrito refiere un universo tan amplio en tiempo, lugar, destinatario y ente emisor que resulta inasequible para esta Comisión determinar, con los antecedentes y consideraciones que hace el mismo proponente, cuál es el asunto específico sobre el que propone se pronuncie el Pleno de la Cámara de Diputados que es, precisamente, el objetivo que reviste esta clase de propuestas en los términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados. Por otra parte,
En otras palabras expresado, de aceptarse en esos términos la proposición podrían generarse, según se aprecia, tres situaciones: la primera, tiene que ver con hacer un lado la naturaleza propia de las recomendaciones. De acuerdo con lo señalado por el artículo 102, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las recomendaciones son no vinculatorias, esto es que carecen de obligatoriedad y, por tanto, no crean deberes u obligaciones para quien las recibe.
La segunda atañe a una invasión de atribuciones porque esta Asamblea Legislativa carece de competencia para solicitar que se cumplan esas Recomendaciones; incluso precisamente por su naturaleza no vinculante, no corresponde a la autoridad que las emite exigir u obligar su cumplimiento. En todo caso aquélla, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, debe promover la actuación del Senado de la República.
Por cuanto a la tercera situación es relativa a la inefectividad del exhorto, toda vez que las propias autoridades a las que se dirigiera el mismo, no tendrían referencia específica sobre a qué recomendaciones se refiere. Si bien podrían inferir –cosa a la que no están obligadas por su naturaleza− que tratándose de las recomendaciones de organismos nacionales se trata de las emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al mencionarse en el escrito […] las recomendaciones hechas […] por organismos internacionales, quedaría a total discreción de las mismas entender cuáles serían esos organismos y máxime cuando, aun siendo internacionales, tienen representación en nuestro país. Aunado a lo anterior, cabe reflexionar que dichas autoridades podrán, con base en el carácter no vinculante de las recomendaciones de un organismo nacional, no atender otras de instancias no gubernamentales.
Solo argumenta cuestiones de forma. Debe irse al fondo.

VII. De la Comisión de Derechos Humanos, referente a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Congresos Estatales, para que emprendan las acciones legislativas necesarias, a fin de armonizar su legislación en materia de trata de personas y adecuar su normatividad penal a lo señalado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
ACUERDOS
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión desecha la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a los Congresos Estatales, para que emprendan las acciones legislativas necesarias, a fin de armonizar su legislación en materia de trata de personas y adecuar su normatividad penal a lo señalado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
III.            Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos:
1.             La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comparte a plenitud la inquietud presentada por la proponente, tan es así, que con antelación a esta proposición dictaminó en sentido positivo la que presentó la diputada Martha Lucia Mícher Camarena, y en la cual propuso que esta Soberanía realizará un exhorto en el mismo sentido que el planteado en la proposición con punto de acuerdo que ahora se analiza, es decir, la diputada Mícher Camarena planteó en su momento que se exhortara a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que armonizaran su legislación con base en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, fundando su proposición en la obligación que asiste a dichos órganos legislativos conforme lo señala el artículo décimo transitorio del citado texto normativo.
Lo anterior llevo a esta dictaminadora a aprobar la proposición presentada por la diputada Mícher Camarena, primero al interior de esta Comisión de Derechos Humanos, y posteriormente, el 13 de diciembre de este año ante el Pleno de esta Soberanía, en votación económica.
El texto del acuerdo aprobado por el Pleno de esta Cámara de Diputados reza:
Primero.(…)
Segundo. Se exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación con base en este mismo ordenamiento jurídico. 
(…)
Lo anterior motiva que, pese a que esta Comisión otorga razón a las consideraciones y, en general a la proposición planteada por la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, se estime que al aprobar su proposición con punto de acuerdo se sancionaría otro acuerdo en el mismo sentido y, con ello se duplicaría un exhorto recién votado en el Pleno de esta Soberanía. Ante ello, esta dictaminadora considera pertinente desechar la proposición que se analiza, aclarando que tal proceder se sustenta en la duplicidad de exhortos que en un periodo relativamente corto de tiempo se estarían aprobando en el mismo sentido.
No hay ningún problema de qu esean dos puntos de acuerdo.

VIII. DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA RECHAZA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE QUINTANA ROO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y SUSCRITA POR DIVERSAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de  violencia y discriminación llevados a cabo el 31 de octubre de 2012, por  medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo, en contra de las diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue  de oficio los presuntos actos y prácticas discriminatorias que se hayan cometido en virtud de tales manifestaciones en los medios de comunicación de Quintana Roo.
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de  violencia y discriminación llevados a cabo el 31 de octubre de 2012, por  medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo, en contra de las diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.


Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue  de oficio los presuntos actos y prácticas discriminatorias que se hayan cometido en virtud de tales manifestaciones en los medios de comunicación de Quintana Roo.

IX. De la Comisión de Derechos Humanos referente a la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Presidente de la CNDH a atender debidamente su nueva competencia en materia de derechos humanos laborales, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD
ACUERDOS
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita que se exhorte al titular de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, para que atienda a plenitud y de manera expedita, su nueva competencia en materia de derechos humanos laborales, sin menoscabo de su competencia en asuntos de seguridad social, capacitando y sensibilizando a su personal, esto especialmente en el marco de la Reforma Laboral Integral nacida de la Iniciativa Preferente presentada por el Ejecutivo Federal, y que está por promulgarse y publicarse, a fin de que con la fuerza moral que le es propia, sea un dique contra la expansión de las violaciones laborales en las materias que les son propias, presentado por el diputado Silvano Blanco Deaquino del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.
Mencionado lo anterior, corresponde ahora analizar la proposición planteada.
El punto de acuerdo propuesto tiene como finalidad que el Pleno de esta Soberanía  exhorte  al titular de la CNDH, para que […] “atienda a plenitud y de manera expedita, su nueva competencia en materia de derechos humanos laborales, sin menoscabo de su competencia en asuntos de seguridad social, capacitando y sensibilizando a su personal… a fin de que con la fuerza moral que le es propia, sea un dique contra la expansión de las violaciones laborales en las materias que les son propias.”
4.- El proponente añade “En suma, la CNDH debe reconocer y operar a plenitud su nueva competencia en materia de derechos humanos laborales.” pero omite fundamentar cuales atribuciones establecidas por la ley debe ejercer el titular de la CNDH para “atender debidamente su nueva competencia en materia de derechos humanos laborales”. Lo anterior, implica que sea inasequible para esta Comisión determinar, con los antecedentes y consideraciones que hace el mismo proponente, cuál es el asunto específico sobre el que propone se pronuncie el Pleno de la Cámara de Diputados que es, precisamente, el objetivo que reviste esta clase de propuestas en los términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

5.- Por otra parte, el diputado proponente motiva su propuesta señalando que son crecientes las denuncias contra la CNDH por la falta de atención y/o la deficiencia técnica en las resoluciones que da en cuestiones laborales, pero no sustenta su dicho con datos precisos, y suponiendo que los presentara, ya ha quedado establecido que el promovente cita atribuciones que a la CNDH no le corresponden conforme a la normatividad vigente, inclusive, ni conforme a las reformas a la Ley de la CNDH publicadas el 15 de junio del presente año.

6.- Finalmente, el promovente señala que a raíz de las reformas próximas a entrar en vigor a la Ley Federal del Trabajo se “…impulsará necesariamente el aumento de violaciones a los derechos humanos laborales…” Para esta Comisión, la afirmación anterior, aunada a las ya analizadas no puede motivar que esta Soberanía realice el exhorto planteado en los términos del proponente, ya que al hacerlo, además de partir de una mera suposición, implicaría exhortar el cumplimiento de atribuciones no especificadas en la Ley a la CNDH. En todo caso, correspondería al promovente presentar una iniciativa de reforma que conceda a la CNDH las atribuciones que solicita que ésta lleve a cabo. Es preciso tener presente que una cosa es no tener impedimento para conocer de violaciones de derechos humanos en materia laboral y otra muy distinta el ejercer atribuciones que corresponden a otras autoridades, o peor aún, ejercer otras facultades que la normatividad no les concede.
Insuficente la argumentación de la presidenta. A discusión pormenorizada.
X. PRE-PROYECTO DE DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO
II. PROPUESTA DE LA INICIATIVA
La presente iniciativa plantea expedir la Ley de General de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas del Delito, como un instrumento para revertir insuficiencias en la calidad y oportunidad de la respuesta institucional que se brinda a las víctimas del delito.

El 13 de enero de 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó al Senado el proyecto de Ley general de Atención y Protección de Derechos de las Víctimas, integrada de 81 artículos, también llamada ‘Ley Sicilia’.
El 30 de abril por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Víctimas, por lo que fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vig
El 19 de septiembre de 2012 los Ministros de la Suprema Corte confirmaron el acuerdo por el que se concedió al Ejecutivo Federal la suspensión para no promulgar ni publicar el decreto por el cual el Congreso de la Unión Expidió la Ley General de Víctimas en cita, al aceptar a trámite la Controversia Constitucional 68/2012.
El 1 de diciembre de 2012, con motivo de su primer mensaje a la nación  Enrique Peña Nieto, anuncia que desistirá de la Controversia Constitucional por la ley de Victimas, para que sea publicada como la aprobó el Congreso.
Así que, si bien la Controversia Constitucional 68/2012 se originó por la impugnación a la orden de publicación de la Ley General en comento, emitida por el Presidente del Senado como Cámara de Origen, en virtud de la extemporaneidad de las observaciones que pretendió hacer el entonces titular del Ejecutivo, esto no es óbice para que la Suprema Corte de Justicia pueda implicar como materia de fondo, el análisis de la constitucionalidad de una norma de carácter general.
PRE-PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- SE DESECHA



[1] Por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
[2] Que señala en lo conducente: Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas
[3] ARTÍCULO 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
VII.- Aprobar y emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas por los visitadores

[4] La obligación de las autoridades que reciben una Recomendación es la de hacer pública su negativa cuando no acepten o cumplan con aquélla, pero no están facultadas para hacer públicas las recomendaciones en sí mismas porque, como se anotó ello compete a la CNDH.
[5] Que señala en lo conducente: Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas
[6] ARTÍCULO 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
VII.- Aprobar y emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas por los visitadores

[7] La obligación de las autoridades que reciben una Recomendación es la de hacer pública su negativa cuando no acepten o cumplan con aquélla, pero no están facultadas para hacer públicas las recomendaciones en sí mismas porque, como se anotó ello compete a la CNDH.