Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Olintla, al gobierno de Puebla, a la SE, a la Semarnat, a la CFE y a la Segob a instalar una mesa de negociación interinstitucional para solucionar el conflicto social por la construcción de una presa hidroeléctrica en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, en dicho municipio, suscrita por los diputados Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez y Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez y Carlos de Jesús Alejandro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
El sábado 26 de enero los pobladores y un grupo de ambientalistas y defensores de los derechos humanos que se oponen a la instalación de una planta hidroeléctrica del Grupo México en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, municipio de Olintla en la Sierra Norte poblana, fueron retenidos por un grupo de gente azuzada por el alcalde Héctor Arroyo Bonilla. Al término de la asamblea en la comunidad donde se dieron a conocer los efectos nocivos que la planta provocará en los márgenes del río Ajajalpan además de la explotación de esta, la cual forma parte de un proyecto mayor para explotar minas de oro y plata en la región.
Desde el 5 de diciembre de 2012, los pobladores sostienen un plantón cerca de la ribera de Ajajalpan, ya que el presidente municipal intentó en esa fecha iniciar la construcción de la hidroeléctrica sin el consentimiento de la población. La ley es muy clara y los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar (artículos 6, 15, 17, 22 y 28 del Convenio 169 de la OIT).
De acuerdo con lo que se establece en el artículo 1o. constitucional, los convenios signados por nuestro país son ley suprema y son de obligatorio cumplimiento.
Se tiene conocimiento que a las 17 horas del 26 de enero del presente, los integrantes de la movilización pacífica emprendieron la retirada, pero les salió al paso una turba encabezada por el edil, quien les dijo que sólo podían irse de Olintla si firmaban un documento comprometiéndose a "nunca más" volver al municipio. De entre la turba surgieron gritos de que lincharían a los activistas y los quemarían vivos.
A las 19:00 horas llegó un contingente de la policía estatal, pero se limitó a mantenerse a la expectativa.
Entre los activistas del Consejo Tiyat Tlali privados de su libertad se encuentran integrantes de la Organización Indígena Independiente Ahuacateca, la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa del Medio Ambiente, Pastoral Social, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, Naku Skgoy, el Centro de Estudios Ecuménicos, entre otras.
Durante la primera semana de enero, policías estatales iniciaron un plantón frente al campamento instalado por la comunidad, en una clara acción de intimidación; mientras el edil y el síndico municipal presionaron a los pobladores a dejar pasar la máquina y permitir los trabajos preliminares.
Es importante señalar que Grupo México, empresa que pretende construir la hidroeléctrica, ha sido vinculada con denuncias, omisiones y violaciones a los derechos humanos, señalada como responsable de la tragedia en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, entre otros temas en donde ha estado involucrada el grupo que encabeza Germán Larrea Mota.
Por lo expuesto y fundado, ponemos a su consideración, como de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al honorable ayuntamiento de Olintla, Puebla, al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, a instalar una mesa de negociación interinstitucional a fin de solucionar el conflicto social de la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y a las autoridades municipales garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los pobladores totonacas de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, quienes se mantienen en resistencia en defensa de sus tierras así como garantizar el derecho a la libre decisión de la comunidad indígena, la cual ha manifestado rechazo a la instalación de la hidroeléctrica por posibles daños ambientales y sociales en la zona.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tengan impacto social, económico, cultural, ecológico y de salud en los pueblos y comunidades indígenas, el Estado tendrá la obligación, no sólo de consultar a éstos, sino también deberá obtener el consentimiento libre, previo e informado de éstos, según sus sistemas normativos, con fundamento en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.
Cuarto. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados conformar un grupo de trabajo plural de legisladoras y legisladores, a fin de darle seguimiento al conflicto social de la construcción de la hidroeléctrica y demás conflictos sociales que existen en los territorios de los pueblos indígenas.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de febrero de 2013.
Diputados: Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez.
Con punto de acuerdo, relativo a los humedales de Tláhuac, Distrito Federal, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
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