Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno y a los rectores y directores de las instituciones de educación superior del país a considerar la ampliación de la matrícula en ese nivel en los programas y planes de desarrollo educativo, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que firman, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente, en el país observamos un incremento en la demanda de educación superior sin precedentes, y la sociedad ha tomado una mayor conciencia de la importancia de este nivel educativo para el desarrollo social, científico, cultural y económico.
La educación superior en México ha pasado por profundas dificultades, principalmente por el abandono al que ha sido sometido en las últimas décadas, especialmente en el tema del financiamiento, lo cual ha obligado a disminuir las posibilidades de acceso a los estudios. De cada 100 estudiantes que ingresan a primaria, solo 23 ingresan a la educación superior y de ellos 15 logran terminar sus estudios. De cada 10 estudiantes que quieren estudiar a nivel profesional, sólo ingresan a las Instituciones de educación superior 4, lo que obliga a 6 jóvenes mexicanos a suspender sus aspiraciones de formación profesional y científica.
Tenemos la obligación de ampliar el financiamiento y dotar a las instituciones de educación superior de la infraestructura necesaria para que cualquier joven mexicano que quiera estudiar a nivel superior pueda hacerlo, basados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13, fracciones I y II, que establecen que “c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.
La LXII Legislatura ha recibido tres iniciativas de reforma al artículo tercero constitucional en materia de educación superior y muchas más que reforman la ley general de educación en el sentido de ampliar los recursos financieros, materiales y humanos de las instituciones de educación superior, pero la preocupación de esta Cámara está primordialmente enfocada a darle salida a la problemática de los jóvenes mexicanos y en particular lo referente a su educación y formación profesional. La responsabilidad que se ha asumido sobre este aspecto, ha llevado al Senado de la República a discutir ya varias solicitudes de incremento presupuestario a diversas universidades.
En la reciente sesión de instalación de la Comisión de Educación de esta Cámara, los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, así como los rectores de las instituciones de educación superior y de la ANUIES, hicieron mención de la necesidad de impulsar una política educativa que impacte en la equidad educativa, hacer una variable estratégica a la investigación científica, elevar la calidad. En la cobertura, la urgencia de abrir un mayor número de oportunidades, reconociendo que no hemos llegado a la cobertura total en primaria y secundaria.
El diputado presidente de la Comisión de Educación señalaba que 7 de cada 10 jóvenes en educación superior, no puede hacerlo, solo se atiende al 23 por ciento de los jóvenes en la edad de cursar estos estudios, y cada año aumenta. “Ahora va a merecer nuestra especial atención -dijo-, para ampliar la cobertura en los niveles de educación media superior y superior. Daremos -enfatizaba- una solución de fondo a esta demanda social”.
En esa misma asamblea se propuso un presupuesto educativo irreductible, que no dependa de los rectores y directores de la instituciones de educación superior del país y de las decisiones anuales del gobierno y lograr la aplicación del 8 por ciento del PIB la educación pública, para promover la gratuidad y universalización de la educación media superior y superior.
Este tema, que ya es recurrente en la LXII Legislatura, debe ser generalizado y asumirse como una demanda del conjunto de la sociedad. Los rectores de las universidades en diferentes eventos, han insistido en la necesidad de repensar el modelo educativo del país. En particular se insiste en asumir la responsabilidad y con ello actuar en consecuencia, resolviendo con plena conciencia y reconsideración los acuerdos nacionales e internacionales de destinar a la educación pública el 8 por ciento del Producto Interno Bruto y distribuirlo adecuadamente a la educación media superior, superior, la cultura y a la investigación científica. Desde que este criterio fue incorporado a la Ley General de Educación, lo que hemos visto, año con año es que “se acata, pero no se cumple” y las negociaciones de distribución presupuestal, terminan con mínimos porcentajes. Lo más desesperante es que en los últimos meses del año, los gobiernos hacen recortes presupuestales afectando a diversos rubros de los sectores sociales y entre ellos el de la educación superior.
El llamamiento que han hecho diversos actores sociales, culturales, políticos y de la sociedad civil a los gobiernos federal, estatales y municipales y a los rectores y directores de la instituciones de educación superior del país, a reconsiderar la política educativa que se ha aplicado en México en las últimas décadas, debe ser puesta a consideración de esta Cámara lo más pronto posible. Lo tendremos que hacer, cuando nos llegue la propuesta de Política Económica y de los montos que se aplique al sector social y en especial a la educación. Esperamos reformas que esta cámara apruebe, que permita la planificación, los presupuestos multianuales, pero sobre todo que incremente la cobertura en educación media superior y superior, que refuerce la investigación científica y permita que los estudiantes tengan los recursos, a través de un amplio sistema de becas, que evite que estos jóvenes abandonen sus estudios, por la necesidad de trabajar y aportar a su familia. Estos, en su mayoría, no cuentan con los recursos para sostener los estudios de los jóvenes en edad de trabajar y que generan gastos a sus familias, al dedicarse a estudiar.
Para 1976, la política de austeridad del régimen y los problemas presupuestarios que repercutían para el financiamiento de la educación superior, tenía como objetivo demostrar la incapacidad del régimen para satisfacer las necesidades y requerimientos de formación de cuadros profesionales, además de tratar de lograr que los empresarios se comprometieran a invertir en materia educativa. Así, la política doble establecida por el régimen tendía al convencimiento de los propios universitarios de la necesidad de recurrir a la ayuda de los particulares y por el otro el permitir que estos intervinieran en la educación para influir directamente en su programación y desarrollo, de acuerdo a sus intereses, sobre la base siempre de la obligatoriedad estatal de otorgar el servicio a los mexicanos de la educación elemental y su imposibilidad, ante la limitación presupuestal de extenderlo a otro niveles educativos. Jaime Castrejón Diez señalaba que “el Estado se enfrenta a una crisis económica en materia de presupuestos educativos y que esta no era posible resolver sin la ayuda de los particulares, agregando que es necesario destituir el tabú, sobre todo en las universidades, de que este es un derecho frente al cual nadie tiene obligación, sobre todo porque la educación superior no corresponde ni a nuestros recursos económicos, ni a nuestros ritmos de producción”. Estas palabras fueron suficientes para que de inmediato se aplicara una política de abandono a nuestras universidades que persiste hasta la fecha.
Lo que debe quedarnos claro es que la política educativa aplicada hasta ahora ha sido un profundo error que ha tenido como resultado la disminución de la matrícula, la reducción del costo por alumno, el incumplimiento de los acuerdos y de la Ley General de Educación de elevar al 8 por ciento del PIB el gasto en educación, lo cual ha llevado a los jóvenes a la frustración, al desempleo, a la migración. La generadora de “ninis”, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es la SEP, pues es la responsable de proponer y aplicar la política educativa. Pero también lo es el Poder Ejecutivo, quien envía su propuesta de política económica y de financiamiento a la educación superior, y por último, han sido los miembros del Congreso General, los legisladores que han aprobado los presupuestos, tan reducidos, año con año y a los rectores y directores de la instituciones de educación superior del país, que han impulsado estas políticas, que no satisfacen y mucho menos resuelven las necesidades de los jóvenes y de los demandantes de la educación media superior y superior.
Elevar el número de matriculados y alejar a los jóvenes de la delincuencia y la drogadicción, así como contar con escuelas dignas y alcanzar la cobertura al 100 por ciento en educación media superior nacional e incrementarla en educación superior, así como considerarla como de seguridad nacional, son preocupaciones que han vertido los diputados en relación con las metas de esta legislatura.
La sociedad requiere de profesionistas formados y dedicados a la investigación científica. Se debe aplicar una estrategia financiera plurianual, que permita la planificación, con base a la ampliación de la educación media superior. Se requiere generar más espacios y ampliar un sistema de becas para disminuir sus presiones económicas. El rector de la UNAM presentó un documento a la Junta de Coordinación Política,Hacia una agenda nacional en tecnología e innovación, en nombre de 65 rectores de las instituciones de educación superior, una serie de observaciones, con una política de estado a 25 años, con presupuestos multianuales.
La ANUIES plantea una nueva etapa de desarrollo de la educación superior, garantizando la inclusión social de los jóvenes. El reto de la educación media superior, significa un esfuerzo a cumplir, lo que impactará seguramente a la educación superior y que debe elevarse para este 2013 al 35 por ciento de la cobertura. Además se plantea que en 10 años se llegue al 60 por ciento de la cobertura. 3.27 millones de jóvenes se atienden actualmente en educación superior, y se pretende llegar a 5.8 millones en 10 años, 250 mil estudiantes más cada año. Todo esto incluye un Sistema Nacional de Becas, 2 mil profesores nuevos, ya formados que se incorporen a la educación superior. Rediseño Institucional, complementado con la investigación; incluso se ha llegado a proponer una nueva Secretaría de Investigación Científica y reformas al artículo 25 de la Ley General de Educación, para aprobar los presupuestos plurianuales. En los últimos 10 años se han aprobado ampliaciones presupuestales por más 70 mil millones de pesos, por encima de lo presentado por el Ejecutivo y ahora se demanda una mayor participación.
Por todos estos argumentos, es que propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a los Poderes Ejecutivos estatales, al Distrito Federal, a los gobiernos municipales, y a los rectores y directores de las instituciones de educación superior del país a considerar en sus programas y planes de desarrollo educativo, los elementos necesarios para la ampliación de la matrícula en el nivel de educación superior , a través del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa, del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, del Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional, el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), el apoyo a la infraestructura, la contratación de personal académico de carrera, la ampliación y un sistema de becas para estudiantes, todo ello para las universidades públicas estatales, para las instituciones federales de educación superior, para las instituciones de educación superior de Sagarpa y Sedena, para los institutos tecnológicos federales y estatales, universidades interculturales, las universidades tecnológicas y politécnicas y las universidades públicas estatales de acción solidaria y los centros de enseñanza técnica industrial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)
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