Proyecto de Declaración Programática de Alternativa Democrática Nacional

Felicidades en esta Navidad y Año Nuevo 2013

1. Históricamente la sociedad mexicana se ha desarrollado de una manera muy inequitativa: sólo el 18 % de la po- blación puede gozar de una calidad de vida satisfactoria, mientras el 44 % son pobres1, de ellos, el 10 % se encuen- tra en condiciones de extrema pobreza, y el 38 % regis- tra algún tipo de marginación social o económica. Bajo la forma de una crisis económica que abarca más de un cuarto de siglo, en México conviven distintos sectores con diferencias de ingresos y expectativas de bienestar tan abismales que dificultan la formulación de un proyecto de nación común; de ahí que la tarea principal de la acción política sea abatir la pobreza para recuperar, con solida- ridad, la unidad y el propósito colectivo de nación.

La estrategia radical de apertura económica emprendida durante los años ochenta, con la suscripción de tratados de libre comercio, como el TLCAN, y otros instrumentos de desregulación económica, acentuaron la concentra- ción monopólica y el control extranjero sobre actividades tan importantes como la industria de bienes de capital2, las telecomunicaciones y el sector bancario. Además la acción económica del estado se contrajo en todos los ór- denes: desapareció la banca de desarrollo, las acciones de fomento para integrar sistemas industriales fueron abandonadas, lo mismo ocurrió con la producción campe- sina vinculada al mercado interno, se diluyó la exigencia política y legal para mantener remunerativos los salarios y se buscó por todos los medios privatizar CFE y Pemex. La clave de la nueva reordenación económica se asignó a las actividades orientadas a la exportación y a la impor- tación. Florecieron las unidades productivas orientadas al exterior y hoy existe un reducido, pero potente, grupo de trasnacionales mexicanas que compiten en los distin- tos continentes. Sin embargo, la operación del modelo no logró la fuerza suficiente para arrastrar al conjunto de la economía. El producto interno bruto ha sufrido un estancamiento prolongado, durante las últimas dos déca- das su índice de crecimiento ha sido inferior al 3 % y este sexenio concluirá por debajo del 2%. En su comparación internacional se sigue considerando que la productividad promedio de las empresas mexicanas es inferior, y que su competitividad no depende de innovaciones tecnológicas sino de mantener costos reducidos: salarios, insumos na- cionales y tributación fiscal.

4. Bajo el anterior requerimiento de funcionamiento, la es- trategia de liberalización del mercado ha sido ampliamen- te negativa para los trabajadores y las clases medias. La gran mayoría de las empresas vinculadas al mercado in- terno se debilitaron y muchas desaparecieron. La econo- mía perdió capacidad, no sólo para abatir el desempleo ya acumulado, sino para absorber a los nuevos trabajadores que cada año ingresan al mercado; el salario real se redujo severamente y el flujo de migrantes del campo y la ciudad creció de manera extraordinaria; las diferencias regionales se ampliaron entre el norte más desarrollado y el sur más pobre, al tiempo que la pobreza y marginación se hicieron ostensibles y la estructura social del país más polarizada.
   
5. Las promesas de mejora social que traería la integración comercial no se cumplieron, pero además la economía interna se redujo y con ello el estado disminuyó su capa- cidad financiera para hacer frente a sus tareas esenciales. La debilidad de las finanzas públicas se consolidó como uno de los obstáculos centrales del crecimiento econó- mico, debido a que el régimen fiscal favorece la elusión y evasión de los grandes inversionistas. De hecho, la con- tribución fiscal de las grandes empresas en México pre- senta uno de los promedios más bajos del mundo, en ese contexto los ingresos petroleros, que representan más de un tercio del total, soportaron el gasto gubernamental durante las últimas décadas. El grave problema es que la explotación petrolera, a bajo costo, se agotó y los ingre- sos fiscales derivados pudieran reducirse drásticamente.
   6. Durante los últimos cuatro gobiernos la capacidad y efi- ciencia de las instituciones de cohesión social también ha menguado. El estado mexicano, al inicio de los años ochenta, aún mantenía una gran cantidad de empresas y agencias de fomento que le permitían modular el ritmo de la actividad económica y la vida social del país. Pos- teriormente, la desaparición de dependencias tan signifi- cativas como CONASUPO, las reformas a las instituciones de seguridad social, la transformación de las políticas de desarrollo social en asistencia social, la reducción de la inversión y el gasto público que hicieron descender la cali- dad de los servicios de salud y educación, no solo crearon un vacío institucional que precipitó a millones de familias al desamparo, también probaron que el mercado, por sí solo, carece de la vocación para encaminar el desarrollo y la cohesión de una población mayoritariamente pobre.

7. Debido a que el problema fundamental del país radica en la pobreza de la mayoría de la población, en su mar- ginación respecto de servicios y medios de subsistencia esenciales, Alternativa Democrática Nacional se propone, dentro de las orientaciones generales del Programa del Partido de la Revolución Democrática, que su acción polí- tica contribuya a profundizar:

8. La reivindicación, promoción y pleno ejercicio de los de- rechos ciudadanos. “Pugnaremos por el reconocimiento y la aplicación de todos los derechos humanos y por su ca- rácter universal e inalienable. Los derechos humanos ci- viles, políticos, económicos, sociales, culturales, medio- ambientales, de minorías y de diversidad, deben estar garantizados plenamente para todas las mexicanas y los mexicanos, así como para toda persona de otra naciona- lidad que viva o transite por nuestro país. Impulsaremos su promoción como una tarea cotidiana, incluyendo la perspectiva de equidad de género”.

9. La crisis económica internacional va a agravar la situa- ción de desempleo y pérdida de ingresos de las familias mexicanas durante los próximos años. No se trata de un problema de coyuntura, como lo han tratado de presen- tar los voceros gubernamentales, porque en México se conjuga el agotamiento del modelo vigente, el impacto directo de la recesión estadounidense y la incapacidad gubernamental para instrumentar un verdadero progra- ma anticíclico. Bajo ese escenario, el PRD debe orientar prioritariamente la acción de sus miembros a estimular y apoyar los movimientos ciudadanos que luchen por la satisfacción plena del derecho al empleo, la alimenta- ción, vivienda, educación, salud, así como todas aquellas acciones que tiendan a organizar un gran movimiento de solidaridad social para mejorar y defender el nivel de vida de la población.

10. El artículo 123 constitucional, en su fracción VI, establece el derecho de cada trabajador a obtener un salario mínimo “suficiente en el orden material, social y cultural”. Es una conquista histórica del movimiento obrero, sin embargo el modelo económico vigente requiere de salarios bajos y de una gran masa de desocupados para mantener deprimidos los salarios, lo que hace nugatorio el precepto legal. Enten- demos que la defensa de las conquistas laborales debe ser obra de la acción de los propios trabajadores, sin embargo, su reivindicación debe ser un principio programático del PRD y de la acción de sus legisladores, a fin de lograr que los salarios mínimos legales sean remunerativos, mante- niendo un índice positivo frente a la inflación.
    
11. La individualización de los sistemas de pensiones ha re- sultado un gran fracaso. Las administradoras de fondos para el retiro, en poco más de una década, han mostrado que no son una alternativa para garantizar un retiro digno para millones de trabajadores que cotizaron durante su vida laboral y que, a valores actuales recibirán una pen- sión de tres mil pesos promedio. Durante la próxima dé- cada se va a acentuar la transformación demográfica del país: los mayores de 60 años alcanzarán el 12% del total, por lo que se debe recuperar un sistema de jubilación público de solidaridad intergeneracional y de cobertura universal, como derecho social.
    
12. Las naciones indígenas tienen derecho a la libre determi- nación expresada en la autonomía constitucional conquis- tada, a constituir sus propias instancias de gobierno en los territorios que habitan, por voluntad mayoritaria de la ciudadanía de esas regiones; a la conservación y disfrute colectivos de sus recursos naturales, y a sus formas espe- cificas de organización y participación política. Sin em- bargo, un gran número de comunidades aún desconocen el contenido y los alcances de estos derechos, por ello su difusión es una tarea en las regiones de residencia indí- gena, para que su ejercicio amplio haga posible avanzar en su perfeccionamiento.

13. La preocupación por el deterioro del medio ambiente es expresada en todos los ámbitos de la vida pública nacio- nal e internacional, sin embargo son mínimas las medi- das que se están tomando para evitar el calentamiento global. Mucho menos son las acciones y las propuestas para que los ciudadanos modifiquen, en lo individual, su propio entorno, para que el derecho de cada persona a un medio ambiente sano sea reconocido y se creen los mecanismos de exigibilidad legal. En particular el tema del medio ambiente ha sido dejado de lado por la izquier- da mexicana, por lo que es necesario crear una agenda general de políticas para el país y específica respecto al derecho de cada ciudadano.
    
14. Pugnaremos porque sea reconocido el derecho a la ener- gía, la sociedad contemporánea gira en torno al suminis- tro energético, y éste es condición para el disfrute de una vida digna. Las transformaciones climatológicas hacen más evidente y urgente el reconocimiento al derecho que toda persona debe tener al acceso suficiente, oportuno y de calidad de energía, independiente de su nivel de in- greso; en algunos casos de ella depende la vida de las per- sonas. No puede omitirse la exigencia de una política de eficiencia energética que incluya: la introducción en los hogares de calentadores solares, para bajar el consumo de gas LP, celdas para el autosuministro de electricidad, cambio de sistemas de iluminación y electrodomésticos de alta conversión; el establecimiento de metas anuales de incorporación de transportes eléctricos masivos y su prioridad sobre el presupuesto destinado al transporte individual; todo lo cual debe redundar en el aumento del confort de las familias a un menor costo económico y en uso de recursos naturales escasos.

15. La radio, televisión, telefonía e Internet han tenido una evolución tecnológica vertiginosa durante los últimos años, así como su incorporación a la vida diaria de cada persona. Son estos medios, cuya fusión es conocida como convergencia digital, los que determinan la información, el conocimiento y la interacción humana en la sociedad actual; inciden poderosamente en la dinámica económica y en el imaginario que impulsa la conducta del gran pú- blico. La comunicación vía internet trascienden todo tipo de fronteras y es un medio de expresión, convocatoria y movilización ciudadana. Por todo ello pugnaremos para que su acceso universal sea un derecho que el estado ga- rantice sin cortapisas de ningún tipo.
    
16. Buscaremos ampliar los derechos de los consumidores. En una economía de mercado es indispensable contar con instancias jurisdiccionales expeditas que realmente obli- guen a los proveedores a entregar los bienes y servicios con la calidad y oportunidad convenidas, sobre todo a las grandes empresas operadoras de actividades de red, los sobreprecios y el agio de las instituciones bancarias, de seguros y, en general, de los oferentes del crédito.
    
17. El estado debe recuperar su función rectora y de planea- ción de la economía, más aún en las condiciones actuales del país. La desregulación de los procesos económicos im- puesta en el país no ha producido resultados positivos y debe ser modificada, al menos en las siguientes áreas:
    
18. El banco central se ha limitado a corregir desajustes en el nivel general de precios, con excepción de las tasas de interés, siendo que estas constituyen uno de los fac- tores determinantes de la actividad económica. Por lo que se requiere modificar el mandato legal del Banco de México para atribuirle funciones de regulación en mate- ria de tasas de interés.
    
19. Las instituciones de banca comercial fueron adquiridas por operadores del exterior, casi en su totalidad, bajo el argumento de profesionalizar los servicios y adquirir ma- yor disposición de recursos, sin embargo el crédito no han sido suficiente ni competitivo para transformarse en una palanca del crecimiento, por el contrario, existen prácticas de autentica depredación sobre segmentos como el crédito al consumo cuyas tasas de interés y comisiones hacen las deudas impagables e impiden la expansión de la demanda. El estado debe buscar que la actividad ban- caria cumpla su objetivo de servicio público y recuperar la banca de fomento para impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, así como el crédito rural.

20. Es indispensable construir una política industrial activa que defina prioridades y objetivos de largo plazo por sec- tor, que estimule el cambio tecnológico y el incremento de la productividad para generar empleos mejor remu- nerados; que integre a la pequeña y mediana empresa no sólo como proveedoras para las grandes empresas ex- portadoras, sino también para que encuentren las condi- ciones de adecuadas para ampliar el mercado interno. Se trata de atemperar y seleccionar minuciosa y concerta- damente la desgravación arancelaria, de acordar apoyos específicos a cambio de compromisos verificables de au- mento de la inversión y el empleo.
    
21. La construcción de infraestructura ha sido lenta y en algu- nos casos se ha detenido, el estado se retiró de los gran- des proyectos optando por su concesión a particulares y su asociación a través de contratos de largo plazo donde el particular construye y renta a los gobiernos la presta- ción del servicio. El hecho es que la construcción y man- tenimiento de vías terrestres de comunicación, puertos, hospitales, escuelas, equipamiento urbano, contención y conducción de grandes cuerpos de agua, etc., presenta fuertes rezagos y mala calidad. Es urgente retomar el rit- mo para detonar la recuperación económica y el empleo, sea a través de administración directa o en asociación, pero bajo condiciones de mayor exigibilidad y supervisión de los órganos de fiscalización.
    
22. Uno de los sectores más afectados por la apertura co- mercial ha sido la producción campesina y en general el medio rural. La migración y el abandono de tierras ha traído de regreso el “rentismo” y otras formas de cesión del usufructo de la tierra a terceros, el peonaje de los ejidatarios y la inviabilidad de sus formas tradicionales de producción. Se requiere una política agrícola que arraigue a los campesinos a la tierra; que impulse su or- ganización comunitaria para el mejor uso de los recursos naturales y su capitalización. El cuidado de la multitud de ecosistemas que conviven en el territorio nacional solo puede ser obra de los campesinos y de las comunidades agrarias que aún lo habitan. Por eso, más que una política asistencial, es necesario buscar incrementar el ingreso al trabajo agrario a partir del aprovechamiento de los distin- tos recursos: la producción agropecuaria, el cuidado del bosque y el agua, la generación de energía eólica y solar, el mantenimiento a la infraestructura rural, etc. Nues- tra acción debe estar dirigida a potenciar la organización campesina y hacer acorde la legislación, y los programas de fomento al campo, para que la representación social sea reconocida como un actor legitimo en la concertación de los distintos proyectos agrarios.

23. El sector energético ha sido un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico y contribuir a las finanzas públicas, desafortunadamente la intención reite- rada por privatizar a CFE y a Pemex, impuso la pérdida de integralidad en la operación del complejo energético nacional; hoy, las dos empresas se manejan como negocios separados creando distorsiones que afectan el abasto, los precios y las tarifas de los bienes y servicios que ofrecen. Es indispensable regular, bajo una planeación de largo pla- zo, la explotación petrolera, vinculando la extracción para exportar con la restitución de las reservas por acuerdo le- gislativo. Se debe recuperar la complementariedad de los hidrocarburos y la generación de electricidad para utilizar de mejor manera los recursos naturales del país, lo que debe redundar en menores tarifas de energía eléctrica, mayor calidad de los petrolíferos, mayor autosuficiencia en el abasto interno y menores precios de los carburantes.
24. Junto al deterioro social se ha venido arraigando un fenó- meno totalmente nuevo: la delincuencia organizada que rivaliza por el control territorial con el estado. Son gru- pos que, a similitud de los corporativos empresariales, dividen territorio con una capacidad operacional y militar que neutraliza la acción punitiva de los cuerpos de seguri- dad estatales. En esta dimensión el país vive literalmente en guerra, con reportes de muertos que ascienden a más de 17 mil en los últimos tres años. Donde el terror de los secuestros, la corrupción policiaca, la venta de protec- ción y las ejecuciones del narcotráfico hacen la prime- ra plana de los medios masivos de comunicación todos los días, introduciendo entre las familias la psicosis de violencia y la desconfianza hacia un estado incapaz de garantizar su seguridad.

25. En este escenario de vulnerabilidad social e institucio- nal del país la clase política, a través de su represen- tación en las instancias del poder público, ha sido inca- paz de encontrar y acordar el camino para recuperar la viabilidad nacional.
    
26. En otros países la alternancia de los partidos en el po- der ha permitido relanzar la economía y mejorar el bienestar social. En México ha ocurrido al contrario. Después de más de setenta años de dominación de un presidencialismo autoritario con un partido de estado, en dos décadas, emerge un sistema competitivo de partidos políticos, se pone fin al partido de estado y la presidencia de la República es ocupada por un partido distinto, electo en dos periodos sucesivos de seis años. Sin embargo la crisis se profundiza.
    
27. El diseño constitucional vigente establece, como razón de equilibrio y control, la separación de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del poder político, en instituciones orgánicamente independientes. El constitu- yente estableció mecanismos legales precisos de control entre los tres poderes y en los diferentes ámbitos, de tal manera que su funcionamiento requiere de comunicación expedita y plena disposición al acuerdo.
    
28. Hasta 1997 este sistema funcionó. En ese año el partido en el poder pierde la mayoría en el Congreso y desde en- tonces el poder legislativo es un contrapeso a las decisio- nes que considera inconvenientes del Ejecutivo Federal. El hecho es que los partidos de oposición, mayoritarios en el Congreso, utilizan electoralmente el conflicto con el Ejecutivo, lastrando las tareas de gobierno.

29. En el pasado, el presidente de la República detentaba el poder absoluto en el país y controlaba verticalmente al Congreso, a través de la mayoría legislativa del partido de estado; sus legisladores representaban diversos intereses económicos y políticos pero eventualmente eran incor- porados al gabinete o enviados a las gubernaturas de los estados, y el sistema constitucional funcionaba puntual- mente, porque el objetivo no era la representación de- mocrática sino la articulación pragmática de intereses.
    
30. El presidencialismo colmó la necesidad de consolidar al propio estado, ante la ausencia de actores sociales de peso. La propia institución presidencial se tuvo que dar a la tarea de construir las centrales gremiales de los obre- ros, campesinos y patrones. Los otros poderes: la iglesia y, sobre todo, los Estados Unidos, construyeron canales específicos para el trámite adecuado de sus intereses.
    
31. Pero la situación ha cambiado, desde las últimas décadas del siglo pasado los grandes empresarios constituyen un sector independiente y, en muchos casos, con un poder factico superior al del presidente; desapareció el partido de estado que contenía y procesaba los diversos intereses de los trabajadores urbanos y campesinos; los gobernado- res, y la mayoría de los legisladores, ya no son empleados del presidente, por lo que se han agotado los estímulos para hacer funcionar sincronizadamente el régimen cons- titucional de gobierno que hemos conocido en México. El presidencialismo se ha agotado.
    
32. Se requiere un nuevo diseño constitucional que procese la representación social en las nuevas condiciones de alternancia en el poder y Congreso de representación plural, con tres fuerzas partidarias significativas. Don- de el Congreso adquiera facultades de ratificación del gabinete, y con ello, la perspectiva de construir mayo- rías estables de gobierno.
    
33. Dentro de la nueva estructura constitucional debe tener lugar preponderante el fortalecimiento de las facultades ciudadanas de control de los poderes a través del ple- biscito, el referéndum, la revocación del mandato y la iniciativa popular. Esto debe ser requisito para dar cauce a otras reformas que den mayor eficiencia al ejercicio legislativo y de administración pública, como la prolon- gación del mandato de los ayuntamientos o la reelección limitada de munícipes y legisladores.

34. Se requiere perfeccionar el sistema electoral y de parti- dos, la elección presidencial de 2006 mostró deficiencias que deben ser superadas de la manera más rápida posi- ble. Debe modificarse la ley de medios para garantizar que la autoridad electoral sea la única que pueda comprar y asignar tiempos a los partidos y candidatos, para evitar la promoción individual de funcionarios-candidatos en me- noscabo de las obras de gobierno. Por otra parte, la legis- lación electoral asigna el monopolio de la representación política de los ciudadanos a los partidos, conculcando así el derecho de cada ciudadana y ciudadano a hacer uso, por si mismo, del derecho a presentarse como candidato. Las candidaturas independientes, además de que constituirían el ejercicio legítimo de un derecho, pueden oxigenar al maltrecho sistema de partidos al requerir que éstos pre- senten candidatos de mejor perfil y calidad política.
    
35. Los partidos políticos atraviesan una grave crisis de credi- bilidad entre la población. La última elección federal arro- jó un alto abstencionismo y por primera vez se convocó, organizadamente, a la anulación del voto. La crítica se concentra en la gran cantidad de dinero público que se les otorga, los continuos escándalos por la falta de ética de de sus militantes y la ausencia de propuestas en su actividad. De tal manera que la reforma verdadera de los partidos es una necesidad antes de que se transformen en un obstácu- lo para las transformaciones que el país requiere. 
    
    
    Cifras para 2008 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.
    Antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México existían seis mil 300 empresas en el sector de bienes de capital, pero su número se ha reducido a hasta 520 en 2009, según informes de la Confederación de Cá-

    maras Industriales (CONCAMIN, 16-12-09).