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Asamblea ejidatarios en defensa de la tierra
jueves, 19 de septiembre de 2013
lunes, 16 de septiembre de 2013
El año próximo, el Issste cubrirá sólo el equivalente a 50% de sus necesidades
El año próximo, el Issste cubrirá sólo el equivalente a 50% de sus necesidades
Ángeles Cruz Martínez
El año próximo, el Issste cubrirá sólo el equivalente a 50% de sus necesidades
■ Instrumental médico y farmacias quedarán pendientes
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) requiere cerca de seis mil millones de pesos para construir, ampliar y remodelar clínicas y hospitales, así como para adquirir equipos médicos; no obstante, el gobierno federal prevé disponer en 2014 sólo de la mitad de esos recursos para algunos proyectos.
Otros rubros, como la adquisición de instrumental médico, equipos de seguridad para las áreas estratégicas del organismo, así como la modernización de las tiendas y farmacias –cuya necesidad se reconoce oficialmente– seguirán pendientes, porque quedaron fuera del Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2014.
El documento entregado por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de septiembre al Congreso de la Unión establece recursos para el Issste por 205 mil 458.6 millones de pesos, que incluyen los requerimientos para el pago de pensiones y jubilaciones.
De hecho, este concepto absorbe un poco más de una tercera parte de los fondos –132 mil 182 millones de pesos–, lo que mantiene al instituto con un balance de operación negativo, un déficit superior a 136 mil millones de pesos.
Respecto de las obras y compras que requiere el Issste, en el PEF 2014 se asegura que con el dinero asignado se mejorará "de manera sustancial la atención a los derechohabientes", además de que garantizará el acceso efectivo, la calidad y oportunidad de los servicios en salud.
El proyecto plantea avanzar y casi concluir la ampliación y remodelación de clínicas de medicina familiar, aunque para la construcción de nuevos inmuebles en este nivel de atención –que demanda 300 millones de pesos– dispondrá únicamente de 75 millones el año próximo.
Otra necesidad es la renovación de equipo médico en los tres niveles de atención médica. En el PEF 2014 se calcula en mil 491 millones de pesos la inversión que se debe realizar, aunque sólo asigna 855.8 millones.
En el renglón de prestaciones sociales se incluyen las estancias para el bienestar y desarrollo infantil, cuyo fortalecimiento tiene un costo de 263.3 millones de pesos. Para el próximo año esta área dispondrá de apenas 45 millones.
Asimismo, existen otros programas y proyectos de inversión, también necesarios para mejorar la calidad de las prestaciones médicas y sociales que otorga el Issste, cuyo costo está calculado, pero no obtendrán fondos para llevarlas a cabo en 2014.
Entre otros, están las unidades médicas que necesitan equipo e instrumental médico, con un valor de 148.9 millones de pesos. Tampoco habrá dinero (80 millones de pesos) para comprar equipos especializados de seguridad en las áreas de entrada y salida del personal y materiales, así como para prever riesgos de incendios en los principales sitios prestadores de servicios del instituto.
Una de las áreas del Issste con los mayores rezagos son las tiendas y farmacias, donde el monto de inversión necesario es de alrededor de 481 millones de pesos; la mayor parte incluye la modernización del equipo comercial y tareas de conservación de instalaciones.
Sin embargo, hasta el año pasado, el Sistema de Tiendas y Farmacias (Sityf) reportaba pérdidas anuales por mil 200 millones de pesos, resultado de diferentes fallas detectadas por las autoridades.
Preocupa a Anuies reducción en fondos extraordinarios para 2014
Preocupa a Anuies reducción en fondos extraordinarios para 2014
Ariane Díaz
Preocupa a Anuies reducción en fondos extraordinarios para 2014
■ "Bien, a secas", el presupuesto para el año próximo: Fernández Fassnacht
Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el monto destinado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 está "bien, a secas", pues implica un crecimiento real de 3.3 por ciento respecto de 2013. No obstante, la verdadera "preocupación" reside en los fondos extraordinarios, donde "hay una importante diferencia a la baja", pues son mil 800 millones de pesos menos en relación con el año anterior, aseveró su secretario general ejecutivo, Enrique Fernández Fassnacht.
"En términos generales, (el presupuesto) no es lo que hubiéramos querido, pero hay que reconocer que recuperamos en parte el crecimiento que habíamos tenido hasta 2012. Hay temas más complicados, como el de los fondos extraordinarios", dijo en entrevista con este diario.
Revisión a detalle
El funcionario explicó que las bolsas de recursos de los programas se agruparon en forma distinta, y aunque en términos globales los fondos se mantienen igual que el año pasado, "revisando a detalle observamos que se modificó la distribución interna; es decir, a los programas que a nosotros nos interesan les redujeron el monto para aumentarlo a otros que son importantes, no lo niego, pero a la educación superior la afectaron mucho".
Puso como ejemplo el Programa de mejoramiento del profesorado (Promep), "que ha contribuido mucho a mejorar la capacidad académica de las universidades y su competitividad", donde la diferencia es de más de 300 millones de pesos respecto del año pasado.
Por ello, el ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana aseguró que cabildeará con las secretarías de Hacienda (SHCP) y de Educación Pública (SEP), así como con el Congreso de la Unión para "recuperar" esos recursos.
En cuanto al presupuesto general para las instituciones de educación superior (146 mil 200 millones de pesos), detalló que tan sólo a la SEP se asignaron 101 mil 800 millones, que representan un crecimiento real de 6 por ciento, mientras para el posgrado el incremento fue 52.4 por ciento, con una partida de 5 mil 700 millones.
Las universidades públicas estatales recibirán un subsidio federal de 47 mil 100 millones, equivalentes a un aumento de 9.5 por ciento. Contando el presupuesto de los estados, el total haría una suma cercana a 180 mil millones de pesos.
Fernández Fassnacht consideró que la meta de cobertura propuesta por el Ejecutivo federal para el sector (40 por ciento) se quedó "corta, si bien me parece que se consignó ese porcentaje pensando en una meta responsable" y confió en que al término del sexenio pueda llegar a más, pues "no será por falta de aspirantes" dada la obligatoriedad del bachillerato.
Para ello, dijo, "vamos a necesitar mucha congruencia del gobierno, que va a tener que destinar más recursos a la educación superior para crear nuevas instituciones y consolidar las que ya existen".
En ese tenor, se insistirá en la posibilidad de concretar los presupuestos plurianuales, los cuales implican modificaciones a la ley, aunque "siendo pragmáticos, una aproximación previa sería una programación plurianual a las universidades, consignada en el proyecto de egresos".
Al preguntársele sobre la reforma educativa y la insurgencia magisterial, respondió que "los grandes cambios implican rechazo de unos y apoyo de otros, y al final me quedo con la decisión del Congreso y quiero confiar en que el resultado será positivo para el país".
Las universidades públicas recibirán un subsidio de 47 mil millones, dijo la Anuies. En imagen de archivo, estudiantes en CU Cristina Rodríguez
sábado, 14 de septiembre de 2013
Reformas como procesos
Reformas como procesos
Gustavo Gordillo/ IV y último
Reformas como procesos
Las reformas no son actos fundadores, como se suponían que sí eran las revoluciones. La diferencia central no es sólo el gradualismo sino la secuencia. Precisamente porque son procesos de larga duración importa mucho qué va primero y que va después.
Las reformas de los 90 fueron realmente concebidas como actos fundadores revolucionarios. No sólo suponían un funcionamiento sin obstáculos de los mercados, sino que exigían un funcionamiento sin contrapesos del Estado. Desde luego nunca funcionaron así ni aún en los casos extremos de los gobiernos de Reagan, Thatcher e incluso Pinochet. Se les cruzó en el camino la realidad misma. Esa sociedad que la Thatcher declaró palurdamente que no existía.
En efecto, la sociedad sí existe. Por ello las reformas deben ser graduales porque por su propia naturaleza las reformas implican un proceso pedagógico. Aprenden todos: los actores sociales y los agentes gubernamentales. Así se construyen nuevas instituciones. Las reglas del juego son formales –se encuentran en las leyes y códigos–, pero también son informales a través de normas de conducta. Dado que suponen un proceso de enseñanza y aprendizaje, el verbo central que rinde cuenta de la sensibilidad de los reformadores es el de rectificar.
A la luz de estas observaciones generales me gustaría pasar lista a algunas de las reformas que están en proceso.
La reforma educativa. Nada debería ser más pedagógico que una reforma educativa. No lo ha sido. En la instrumentación se requiere la participación decisiva de maestros, alumnos y padres de familia. Apenas con esa participación se podrá avanzar en el cambio del modelo educativo. Tema insuficientemente planteado en las reformas aprobadas. ¿Cómo zanjar lo que parece ser contradicción insuperable entre los maestros de la CNTE y las autoridades? No con la represión por más que sea esa un función del Estado. Resolver la crisis de representación en el magisterio es clave. El sindicato debe ser un actor decisivo –pero no único– de la reforma educativa. Una cúpula sindical que presume representar a la mayoría y que lo único que ha sido capaz de hacer es sacar desplegados frente a una aparente minoría pero con gran capacidad de movilización, significa un grave problema para el gobierno reformador. Sin maestros adecuadamente representados no puede realizarse una reforma.
La reforma energética. Sigo creyendo que asumiéndola como proceso y a la luz de las muy distintas voces de alerta, la primera fase de la reforma debería circunscribirse a dos temas: Pemex como empresa nacional y una política rigurosa de combate a la corrupción y la impunidad. Esto también significa democratización del sindicato. Sobre todo significa construir las capacidades reguladoras del Estado en esta materia. Recomiendo por ello el artículo de Juan Carlos Boue en la revista Nexos sobre los usos de la renta petrolera en una dimensión comparativawww.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2204148
Me gusta en cambio el talante gradual en la reforma hacendaria. Lo es en materia recaudatoria donde se avanza hacia una mayor progresividad en los impuestos, a través de los cuales se debe avanzar también hacia un sistema universal en términos de derechos sociales. No lo será aún aprobadas las reformas propuestas. Pero debe avanzarse en esa dirección.
Hablando de fetiches: qué bueno que se discutan los déficits en condiciones de una economía estancada. Se requiere además una rigurosa revisión del gasto público –muchos subsidios tienen un carácter regresivo–, amén de reforzar transparencia y rendición de cuentas. Pero mayor tributación requiere mejor representación.
Escribo este artículo cuando ya comenzó la operación policiaca de desalojo en el Zócalo. Hago votos porque no desemboque esto en una espiral de confrontación social que terminará perjudicando al país democrático que aspiramos construir.
Twitter: gusto47
Marchas y bloqueos en 9 estados en apoyo a maestros de la CNTE
Marchas y bloqueos en 9 estados en apoyo a maestros de la CNTE
De los corresponsales
Marchas y bloqueos en 9 estados en apoyo a maestros de la CNTE
■ En Oaxaca, las protestas más importantes después del desalojo policiaco en el Distrito Federal
Las protestas contra la reforma educativa que tuvieron lugar ayer en los estados se iniciaron con el cierre de vialidades que conducen a la ciudad de Tlaxcala, continuaron con el bloqueo de los accesos al aeropuerto de Minatitlán y al parque industrial de Orizaba, en Veracruz; concluyeron con movilizaciones de solidaridad a la gremial después del desalojo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el Zócalo de la ciudad de México.
Las protestas más representativas, después del operativo de la Policía Federal (PF) ocurrieron en Oaxaca, donde diversas organizaciones, simpatizantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y normalistas realizaron diversas acciones de inconformidad.
Hubo momentos de tensión cuando integrantes de agrupaciones afiliadas al Frente Único de Lucha hacia la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (FUL-APPO) retiraron las vallas colocadas en torno al Palacio de Gobierno y comenzaron a golpear las puertas para tratar de ingresar.
Los manifestantes colocaron las vallas en las cuatro esquinas de la plaza central del Zócalo; minutos después integrantes del Frente Popular Revolucionario retuvieron varios autobuses del transporte urbano, con los que cercaron el centro histórico.
Los policías que resguardaban el recinto alcanzaron a cerrar las puertas y a detener a un profesor, lo que provocó un conato de bronca; los inconformes retuvieron a los comandantes Guillermo Luna y Pedro Cruz, a quienes minutos después liberaron al tiempo que los agentes dejaban en libertad al mentor.
Otro contingente del FUL-APPO tomó las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y Radio Universidad, perteneciente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También bloquearon la carretera federal 190, Oaxaca-Istmo, y miembros de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado impidieron la circulación en la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido.
En tanto, profesores agremiados al Sindicato de Maestros del Estado de México se apostaron en el kilómetro 31 de la carretera federal México-Texcoco para exigir que se frene la represión perpetrada por la PF. En Pachuca, Hidalgo, integrantes de la CNTE realizaron una marcha para expresar su inconformidad por el desalojo.
En Chiapas, el magisterio agrupado en la sección 7 del SNTE, que desde el 28 de agosto pasado mantiene un paro de labores y un plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez se declaró en "alerta máxima" tras el desalojo en la capital del país. Acordaron unilateralmente replegarse hacia la avenida y la calle Centrales para no obstaculizar la ceremonia del Grito de Independencia.
Decenas de maestros bajacalifornianos protestaron en Mexicali y Tijuana en repudio a las "medidas represivas" del gobierno de Enrique Peña Nieto para acallar la inconformidad por la reforma educativa.
Desde las 10 de la mañana de este viernes, cientos de docentes adscritos al subsistema de enseñanza básica pública en Tlaxcala cerraron los tres principales accesos a la capital del estado, en demanda de la abrogación de la reforma educativa promulgada por el presidente Peña Nieto.
Contingentes de miembros y simpatizantes de la CNTE y del autodenominado Digno Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala bloquearon las carreteras federal Tlaxcala-Puebla, la autopista a México, en el tramo San Martín Texmelucan-El Molinito, y la vía corta Santa Ana Chiautempan-Puebla.
En Veracruz, maestros bloquearon el acceso al aeropuerto de Minatitlán, en el sur de la entidad, provocando que algunos pasajeros no pudieran abordar sus vuelos en el horario que tenían programado.
Después del desalojo de la Plaza de la Constitución, la Policía Federal cercó a los profesores en la esquina del Eje Central y 16 de Septiembre. Los iban liberando cuando se identificaban como mentores Francisco Olvera
Arrasa la policía el plantón de la CNTE
Arrasa la policía el plantón de la CNTE
Laura Poy, Arturo Jiménez, Fabiola Martínez, Gabriela Romero y Ángel Bolaños
Arrasa la policía el plantón de la CNTE
Una fuerza de más de 3 mil policías federales se desplegó la tarde de ayer para ocupar la Plaza de la Constitución y de ese modo terminar con el plantón que a lo largo de cinco meses mantuvieron maestros de varias entidades en rechazo a la reforma educativa.
Como resultado del operativo hay un saldo preliminar de 32 personas detenidas, un número indeterminado de profesores lesionados por las fuerzas del orden, y al menos 15 policías con heridas leves, a decir de Manuel Mondragón, comisionado nacional de seguridad.
La tensión se inició la madrugada de este viernes, cuando aún miles de mentores pernoctaban en la plancha, y los asistentes a la asamblea plenaria del magisterio de Oaxaca conocieron del "ultimátum" lanzado la tarde del jueves por la Secretaría de Gobernación para desalojar el Zócalo.
Desde las primeras horas de ayer, la decisión estaba tomada, pues el gobierno federal lanzó la advertencia a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que instó a presentar una respuesta clara la misma noche del 12 de septiembre.
Sin embargo, en las primeras horas de este viernes, algunos delegados sectoriales y regional de Oaxaca mantenían la idea de no retirarse de la plaza y resistir, pese a que otros sectores impulsaban el retiro por voluntad propia.
El debate fue largo y acalorado, se prolongó por más de 10 horas ante la resistencia de un grupo minoritario de representantes a desalojar la plaza a fin de "mantener la dignidad y no retirarnos". La orientación de Rubén Núñez Ginés fue la consulta a las bases.
Las horas trascurrían y los numerosos secretarios generales sectoriales y regionales aún desconocían la información. Hasta las 5 de la mañana se les convocó a una asamblea al auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a fin de iniciar una discusión.
Y fue hasta las 8.40 de la mañana cuando Núñez Ginés dio el aviso a sus bases. El emisor de la advertencia del gobierno federal fue el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, contaría después el dirigente.
En un clima ya de nerviosismo los educadores decidieron irse en marcha del SME hacia el Zócalo. Un grupo mantuvo la decisión de reforzar el campamento, o sea, no ceder y "resistir hasta el límite de nuestras fuerzas".
Ahí llegaron a informar a sus compañeros de la situación de alerta. La plaza cambió por completo en unos cuantos minutos. Primero, se inició el éxodo de buena parte del contingente. Luego, los docentes que decidieron atrincherarse y armaron barricadas con vallas de metal, lonas, plásticos y cartón, al tiempo que comenzaron a armarse de tubos, palos, piedras y botellas para responder al embate, mientras tres helicópteros de la Policía Federal sobrevolaban el Zócalo.
Poco antes de las 12 horas, y ante la inminencia de un desalojo, el Gobierno del Distrito Federal solicitó a los empleados de sus oficinas centrales, ubicadas frente a la Plaza de la Constitución, salir de los inmuebles, así como una de las sedes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Además se pidió a los comerciantes de la zona centro bajar su cortina, mientras que suspendieron servicio las estaciones del Metro Pino Suárez, Zócalo, Allende, Bellas Artes, Juárez, Balderas, San Juan de Letrán y Salto del Agua.
El primer ultimátum de la administración peñista fue al mediodía; el segundo y definitivo, a las cuatro de la tarde. La mayoría se replegó antes del avance de la Policía Federal. El secretario general de la sección 22 (Oaxaca), Rubén Núñez Ginés, fue quien encabezó el repliegue de sus bases sobre la avenida 20 de Noviembre, por lo que minutos antes de cumplirse el plazo indicó que ya se retiraban.
De diversos puntos de la plancha y en las callles 20 de Noviembre, Moneda, Madero y 5 de Mayo se levantaron llamas de las fogatas que prendieron en unos minutos.
Las bases andaban desperdigadas por las calles aledañas y las bocacalles. Uno de los mayores grupos se concentró en la esquina de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, donde instalaron una barricada, e incluso atravesaron un retroexcavadora para intentar impedir el paso de los cuerpos policiacos.
Eran cerca de las 14 horas cuando integrantes de la dirección política de la sección 22 de Oaxaca informaron que se realizaría un "último intento" de dialogar con las autoridades federales y capitalinas.
La dirigencia se trasladó a esa esquina, adonde acudieron el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano; el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el secretario de Gobierno de Oaxaca, Alfonso Gómez Sandoval. El acuerdo fue otorgar dos horas más de plazo, aunque los mentores solicitaron cinco.
Encuentro urgente
Con un nuevo ultimátum, la dirigencia seccional convocó a una reunión urgente de representantes regionales, quienes, pese a la insistencia del secretario de Organización, Francisco Villalobos, de mantener un liderazgo "responsable y cuidar a los compañeros", determinaron –los pocos que aún quedaban en la plancha– "permanecer y resistir todo lo que se pueda".
Desde las 15 horas los profesores comenzaron a reforzar las barricadas y a mantener encendidas las fogatas. Decenas se organizaron en pequeños grupos portando palos y tubos para esperar la llegada de los uniformados.
Concluido el plazo, y sin que la totalidad de ellos y de manifestantes que ahí se concentraban, entre los que se incluían decenas de jóvenes que portaban camisetas negras y paliacates que les cubrían el rostro, hubieran abandonado la plaza, a las 16:15 inició el operativo de desalojo, el cual no tardó más de cinco minutos en liberar la explanada.
Sólo pequeños grupos de cinco u ocho educadores se quedaron en el Zócalo para intentar alguna resistencia a los policías federales que avanzaron en pocos minutos por toda la explanada. Ante la presencia de las fuerzas de seguridad, decenas de maestros corrieron hacia 20 de Noviembre.
En las bocalles que van de esa avenida hacia Izazaga y Eje Central, se dieron diversos enfrentamientos entre manifestantes y policías federales, mientras que el contingente mayoritario de los mentores intentaba llegar al Monumento a la Revolución.
En ese trayecto un grupo de al menos 250 educadores, entre quienes se encontraban los dirigentes de Oaxaca, Núñez Ginés, de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, y del Distrito Federal, Francisco Bravo, fueron encapsulados por fuerzas federales, ante un enfrentamiento con un grupo de "anarquistas" en la esquina de Eje Central y 16 de Septiembre.
Durante casi media hora mantuvieron concentrados a los profesores en una acera, mientras los dirigentes fueron trasladados en una camioneta de la Policía Federal en la que se dijo también se encontraba el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
Los integrantes de la comisión de negociación del magisterio fueron conducidos al Palacio de Covián, donde sostuvieron un breve encuentro con Miranda Nava, quien les solicitó conminar a sus bases a cesar las movilizaciones a fin de que continúe el dialogo el martes próximo.
Poco después de las 18, cuando poco más de 3 mil maestros disidentes comenzaron a reagruparse en el Monumento a la Revolución, Francisco Villalobos informó que "nos vamos a reorganizar en esta plaza, porque la resistencia magisterial no ha sido derrotada".
Al arribo de la dirigencia nacional de la CNTE al lugar, se informó que este sábado también acudirían nuevamente a la SG para una reunión de balance y conocer con precisión el número de lesionados y diversas incidencias, reunión que, dijeron, está prevista para las 10 horas.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, justificaron, en mensajes separados, la acción policial.
Hasta el cierre de esta edición, los mentores continuaban la instalación de su campamento en el Monumento a la Revolución, y la elaboración de listas de heridos y probables detenidos, la cual estimaron algunos docentes "en más de cien".
Detención de un activista durante el operativo de la Policía Federal, ayer en la Plaza de la Constitución Ap
miércoles, 11 de septiembre de 2013
lunes, 9 de septiembre de 2013
Fwd: RV: Saludo de la Proclama al Primer Encuentro Magisterial Nacional 7-9-2013
Inicio del mensaje reenviado:
De: José Luis Alonso Vargas <joseluisalonsovargas@gmail.com>
Fecha: 7 de septiembre de 2013 20:59:40 GMT-05:00
Para: chelis Alba <chelisalba@gmail.com>
Asunto: Fwd: RV: Saludo de la Proclama al Primer Encuentro Magisterial Nacional 7-9-2013
Fecha: 7 de septiembre de 2013 20:59:40 GMT-05:00
Para: chelis Alba <chelisalba@gmail.com>
Asunto: Fwd: RV: Saludo de la Proclama al Primer Encuentro Magisterial Nacional 7-9-2013
Saludo al Primer Encuentro Magisterial Nacional
Ciudad de México, 7 de septiembre de 2013
Hermanas y hermanos del magisterio de nuestro país.
Ustedes maestros están escribiendo una de las páginas más destacadas de resistencia y desobediencia civil ante la imposición de "leyes" injustas y anticonstitucionales. Ustedes han desnudado el autoritarismo, las ilegalidades, la sordera de la clase y las graves repercusiones políticas y sociales a corto y mediano plazo de ese infame actuar.
Estos días y horas son el preludio de una gran batalla por venir ante la determinación del gobierno de traición nacional y sus aliados de avanzar en la consumación de las reformas hacendarias y energética, de la mano de su intento por terminar las protestas de cientos de miles de profesores y profesoras que en lugar de disminuir con la aprobación de la ley del servicio docente, van en aumento.
Nosotras y Nosotros, integrantes de la Proclama por el Rescate de la Nación hemos echado andar una iniciativa –desde hace más de un año- por enfrentar el desastre nacional desde la ciudadanía y los pueblos, poniendo en el centro que la dimensión de la ofensiva que hoy opera en contra de los sectores mayoritarios del país, nos reclama poner el centro el cuestionamiento al régimen en su conjunto, en el desplazamiento del poder de los traidores a la patria y en la lucha por el gobierno y el poder para rescatar a nuestra nación.
Un esfuerzo de esa magnitud que nos hemos propuesto es inviable sin la participación masiva de mexicanas y mexicanos que ansiosos de libertad, justicia y dignidad se lancen a la tarea más importante que pueden tener los pueblos: su liberación.
Vemos en luchas como la que ustedes están dando elementos de esa dignidad necesaria; en su defensa de la educación y la vocación de servir y ser pueblo de ustedes maestros, parte del proyecto popular democrático nacional que se ha ido construyendo en los últimos años de lucha en conexión con esas demandas históricas aún no cumplidas que vislumbraron nuestros pueblos en momentos como la Independencia y la Revolución; vemos en su inquebrantable lucha, la base para la generalización de la desobediencia civil y pacífica, que resulta crucial hoy para echar del gobierno a los neoliberales.
Saludamos y apoyamos la lucha que se está generalizando en todo el país. Sepan que caminaremos y lucharemos con ustedes en esta pelea que no sólo es de los maestros, sino de todas y todos los que defendemos la educación, el trabajo, la cultura y la patria.
Avanzaremos con ustedes en todo esfuerzo de lucha convergente que podamos ir consolidando.Reiteramos nuestro llamado a construir la más amplia convergencia social y política. La movilización y la organización del pueblo trabajador es la única salida a la determinación de imponer las reformas neoliberales.
Hacemos un llamado a las jornadas de lucha que hemos echado andar junto con muchos de ustedes:
-El 12 de septiembre con la movilización del Monumento a la Revolución al Congreso de la Unión en defensa del territorio, la soberanía, el derecho humano a la energía, y la aplicación de una tarifa social en el caso de la energía eléctrica, además de la solución al conflicto del SME; y,
-El 13 de septiembre con actos conmemorativos en honor a los Niños Héroes y los defensores de la Patria frente a la invasión estadounidense, y el memorial en honor de las víctimas de la violencia, promovido por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Actos que se llevarán a cabo en la ciudad de México y en toda la República.
En unos días definiremos otras acciones, ahí esperamos se apruebe la organización del Grito de Independencia para el 15 de Septiembre, pensando en una actividad donde crezca y se fortalezca la convergencia ciudadana, social, política y partidaria urgente e imprescindible para la defensa de los intereses estratégicos del pueblo mexicano.
Hermanos y Hermanas, trabajadores de la educación, en esta lucha se va la vida de nuestro pueblo, de nuestra nación; la que, a pesar de 500 años de injusticias, florece más allá de la frontera impuesta por los ocupantes de nuestros territorios. Hermanos y Hermanas la liberación esta próxima ¡despertemos!, es hora de ¡que se vayan neoliberales! los gobiernos de la traición nacional.
Proclama por el Rescate de la Nación
sábado, 7 de septiembre de 2013
Criminalización de la protesta social
Criminalización de la protesta social
Miguel Concha
Criminalización de la protesta social
El pasado primero de septiembre supimos una vez más de personas que habían sido detenidas arbitraria y violentamente durante las manifestaciones a las que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la reforma educativa. Recordamos los hechos del primero de diciembre del año pasado, y lo acontecido el 10 de junio. Aunque con diferencias de matiz, en esencia se mantiene la criminalización de las protestas en momentos coyunturales y decisivos para el país.
El operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se circunscribió esta vez a actuar con otras fuerzas policiacas, y por ello hubo también participación de la Policía Federal. Sin embargo, como en otras ocasiones, hubo un despliegue de cuerpos policiales que a simple vista fue exagerado. Esto contribuyó a que la tensión aumentara entre las personas que se manifestaban. Incluso desde muy temprano se ordenaron encapsulamientos. Por ejemplo, el que se suscitó en el Monumento a la Revolución. Y detenciones arbitrarias, como fue el caso de Ana Berenice de la Cruz Cortés, estudiante del Claustro de Sor Juana. Éste y el de las otras 15 personas detenidas, es reflejo de que en el Distrito Federal la actuación policial sigue violentando derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas.
Las y los jóvenes aprehendidos han expresado que fueron arrestados por su apariencia o porque documentaban con fotografías y videos lo que en medio de la movilización se presentaba. Algunas personas fueron incluso retenidas en zonas alejadas al lugar de la movilización, como sucedió con los periodistas alternativos. Una vez más, es motivo de preocupación el intento en el DF de inhibir la protesta social por medio de actuaciones que criminalizan a quienes ejercen este derecho. Las detenciones arbitrarias se han vuelto un problema constante en momentos en los que las protestas son fundamentales para la participación de la gente en el debate público.
En repetidas ocasiones hemos señalado que el derecho a la protesta está reconocido en diversos instrumentos internaciones que protegen derechos humanos, y que, con base en la reforma constitucional de 2011, el Estado tiene la obligación de garantizarlo, junto con todos aquellos otros derechos que se le interrelacionen, como el de asociación, libre manifestación de las ideas, y el derecho a defender derechos humanos. Hemos visto cómo los operativos policiales que se llevan a cabo se realizan con poca o nula sensibilidad hacia la dignidad de las personas. Y en esta ocasión fueron implementadas deliberadamente nuevas estrategias de aislamiento y dispersión, pues las personas detenidas fueron remitidas a ministerios públicos muy alejados del lugar de los hechos. Esto complica la articulación civil para su defensa y retrasa los procesos, pues la accesibilidad a estos lugares es difícil, tanto para sus familias como para las personas que intentan acompañar los casos. Cuando se preguntó por qué se había procedido así, la respuesta simple y llana era que "en el centro de la ciudad están llenos de trabajo". A nuestro juicio, este tipo de estrategia está destinada a impedir la organización de la sociedad para exigir a las autoridades la liberación de personas que han sido violentadas en sus derechos fundamentales. Y podemos asegurar que con ella se violenta a todas luces el derecho de acceso que tienen a una justicia pronta y expedita.
Otro hecho que es importante señalar es la actitud de los elementos de la policía frente a los intentos de la ciudadanía por dejar constancia de sus arbitrariedades en los operativos policiales. A través de videos y testimonios se documentó la forma como el operativo trató de impedir que se fotografiaran o filmaran los hechos de violencia y los arrestos arbitrarios. Se alega que los policías tienen derecho al honor y protección de sus identidades como cualquier ciudadano. El problema es que se les fotografía o se les graba sólo cuando están realizando un servicio público, y si en ese momento están cometiendo violaciones a los derechos humanos. Para efectos de documentación, es entonces necesario recabar pruebas, ya sea para demandas penales o para presentar quejas ante las comisiones de derechos humanos. También para generar registros audiovisuales y memorias sobre las maneras como el Estado hace uso de la fuerza y de la represión en las protestas sociales.
El antecedente más inmediato que tenemos es lo sucedido el primero de diciembre y el 10 de junio pasados. Los hechos del primero de septiembre nos confirman sobre la importancia que tiene el que las autoridades acaten sin reparo las recomendaciones que hacen organismos públicos de derechos humanos, como es el caso de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, surgida a raíz del primero de diciembre. Allí se contienen propuestas que pueden impedir que se repitan sucesos como los que ahora comentamos. Sabemos que el GDF se ha quedado corto en la reforma a fondo de su policía, y que es poco afecto para integrar el enfoque de derechos humanos en la normatividad y políticas que implementa. Si esto no fuera así, entonces no seguiríamos lamentando manifestaciones mancilladas por violaciones a los derechos humanos. La realidad nos muestra en cambio la criminalización de personas que pacíficamente expresan sus disensos frente a las actuaciones del Estado. Es legítimo entonces exigir a las autoridades que liberen a las personas que arbitrariamente fueron remitidas a reclusorios, y a quienes aparentemente se les elevó de adrede la fianza a cifras imposibles de solventar de inmediato.
La privatización de la energía, inaceptable
La privatización de la energía, inaceptable
Enrique Calderón Alzati
La privatización de la energía, inaceptable
Los intereses extranjeros en torno a la explotación de los recursos naturales de México y en particular sus hidrocarburos no son nuevos, como tampoco los son las visiones y los proyectos de enajenación de esos recursos por parte de mexicanos incrustados en los círculos del poder. De ello dan fe muchas páginas de la historia de nuestro país.
Luego de la expropiación petrolera realizada por el general Cárdenas, han sido varios los intentos por entregar nuevamente esos recursos a manos extranjeras, utilizando en cada caso argumentos diferentes y bien elaborados por las mismas organizaciones externas, los cuales tuvieron eco en nuestro país y de manera especial en los diferentes gobiernos que se han sucedido durante los últimos 40 años.
Resalta así, el proyecto de Lopez Portillo entre 1976 y 1982, orientado a hacer del petróleo el recurso económico central para nuestro desarrollo, no obstante las múltiples llamadas a la cordura, por parte de expertos mexicanos como Heberto Castillo. La aventura terminó en un rotundo fracaso, pues lo que en realidad sucedió fue que el objetivo del proyecto diseñado en Estados Unidos y filtrado a México por un amigo del presidente, no era otro que abastecerse del petróleo mexicano que los iraníes les habían negado. Lejos de mejorar nuestra economía, como resultado de las grandes inversiones para incrementar la producción, nuestro país quedó brutalmente endeudado, mientras los estadunidenses obtenían a bajo precio el petróleo mexicano que les hacía falta.
Ya como parte del proyecto neoliberal impuesto a México por el Fondo Monetario a raíz del endeudamiento mencionado, la capacidad tecnológica mexicana comenzó a ser desarticulada por el gobierno de Carlos Salinas, mediante la contratación de empresas extranjeras para desarrollar proyectos anteriormente realizados por Pemex en un caso y la CFE en otro, como la construcción y puesta en marcha de centrales hidroeléctricas, refinerías e instalaciones diversas. Los institutos de investigación ligados a Pemex y CFE fueron convertidos en armatostes inútiles, cuya función no era otra que la simulación, dejando de cumplir con los objetivos para los que fueron creados, justificando así la necesidad de adquirir la tecnología en el extranjero, ante la incapacidad demostrada de los técnicos mexicanos.
Lejos de preparar nuevas generaciones de ingenieros y especialistas, como lo hacen las naciones interesadas en asegurar su desarrollo futuro, los gobiernos neoliberales se olvidaron de las universidades e instituciones de educación superior que podían dotarlas de los recursos humanos necesarios. Por el contrario, las nuevas generaciones de ingenieros y especialistas desarrollados por esas instituciones han tenido que emigrar a otras naciones para encontrar retos, desafíos y empleos acordes a sus conocimientos y capacidades.
El resultado de estas políticas no ha sido otro que la desvinculación de las instituciones de educación superior de los grandes problemas nacionales. Para qué invertir en desarrollo tecnológico, cuando es posible comprar la tecnología donde sí saben y pueden hacerla.
Pareciera en todo esto que quienes han dirigido el país carecieran de una visión que les permitiera vislumbrar las necesidades y oportunidades futuras, o bien que, dominados por sus complejos, pensaron que el único camino posible era el que un siglo antes habían seguido quienes decidieron que lo mejor para México era traer un extranjero, que nos viniera a gobernar y a decir cómo hacer las cosas, para que México pudiese encontrar su camino.
Luego de Salinas, sus sucesores y de manera muy especial Fox y Calderón pusieron todo su empeño en entregar el petróleo y la producción de energía en manos extranjeras y en buena medida lo lograron mediante argucias y opacidades de todo tipo, las cuales seguramente les produjeron atractivas ganancias personales, pero fracasaron en sus intentos de cumplir los compromisos que seguramente habían sido parte de las historias secretas que les permitieron acceder al poder. En ese fracaso, incidieron desde luego las diferentes voces que desde el Congreso y de unos cuantos medios de comunicación como La Jornada , lograron hacer públicos los intentos y las falacias de los proyectos gubernamentales.
Hoy el gobierno de Peña Nieto reincide en el argumento de nuestra nula o escasa capacidad para extraer el petróleo de nuestros mares, así como de realizar los procesos de refinación y generación de productos derivados del petróleo, no sólo por la falta de tecnología, sino por la debilidad financiera de la empresa para realizar las inversiones necesarias, los argumentos son poco fiables por decir lo menos, en la medida que el gobierno ha presentado cifras de Pemex como las de una empresa en condiciones financieras lamentables, que difieren, como hoy se sabe, de los informes financieros presentados por la misma paraestatal en el escenario internacional, en donde se afirma con cifras sólidas, que se trata de una de las empresas más productivas y rentables a escala mundial. Por otra parte, el gobierno omite decir que la falta de recursos de la paraestatal es por que son utilizados para compensar la falta de ingresos del gobierno, por el trato preferencial de exenciones fiscales que brinda a los bancos y grandes empresas, mayoritariamente extranjeras, no obstante las enormes utilidades que ellas reciben; todo ello, ¿a cambio de qué?
Se trata de conductas muy graves, porque implican un gran engaño al pueblo de México, para que éste acepte la "alternativa salvadora", ante la difícil situación que venimos viviendo y que hoy se antoja también artificial, en cuanto que ha sido inducida por las mismas oficinas del gobierno que promueven la reforma energética y su complemento, la reforma fiscal. ¿Se puede acaso aceptar que el gobierno modifique la Constitución para dar entrada a las empresas extranjeras, a partir de los argumentos planteados por los gobernantes? Muy difícilmente, y si los diputados lo hicieran estarían siendo partícipes de un nuevo atentado contra los intereses nacionales.
Afortunadamente se han levantado diversas voces, que son escuchadas por sectores importantes de la sociedad mexicana, para rechazar este nuevo intento de privatización de la energía, particularmente los presentados en estos días de manera responsable e inteligente, tanto por Cuauhtémoc Cárdenas como por Andrés Manuel Lopez Obrador.
País en venta: privatizando ciencia y docencia
País en venta: privatizando ciencia y docencia
Silvia Ribeiro
País en venta: privatizando ciencia y docencia
El control de los recursos estratégicos de México está a la venta al mejor postor trasnacional y en las condiciones que demanden las empresas. Desde la minería al petróleo, pasando por la biodiversidad, el aire de los bosques y hasta el maíz, el patrimonio genético alimentario más importante del país.
El proceso no empezó ahora, pero hay en este momento pasos cruciales en juego, como la privatización del petróleo y la autorización para siembra comercial masiva de maíz transgénico en favor de Monsanto y otras trasnacionales. Otras leyes aprobadas y en discusión, como la reforma que privatiza la educación y convierte a los docentes en empleados precarios, o la imposición de IVA en alimentos y medicinas, castigan a los pobres y sus derechos sindicales más básicos. El hilo rojo es favorecer a las grandes empresas y a las minorías privilegiadas. Pero también crece la resistencia, cada día más compleja y candente, por la diversidad de actores y temas que hieren centros neurálgicos de la vida del país.
Aprovechando el contexto, un grupo de científicos protransgénicos, entre ellos Luis Herrera Estrella, director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio, de Cinvestav-IPN) se están reuniendo con diputados para cambiar las leyes que dificultan a funcionarios lucrar personalmente con la investigación pública. Y eso sí es una injusticia ¿no le parece? O sea, para estos científicos lo correcto es que los investigadores sean financiados con fondos públicos, usen el acervo de conocimientos, las instalaciones, sueldos, herramientas y subsidios del Estado, para que ellos puedan comerciar con empresas y patentar para su lucro personal los conocimientos que obtienen gracias al trabajo colectivo y al apoyo social.
Según Herrera Estrella, "el acuerdo al que llegamos con los diputados es armonizar todas las leyes, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Ciencia y Tecnología para que, en una sola ley, se contemple toda esta problemática" (E. Ruiz Jaimez, El Economista , 25/8/2013). La articulista abunda: "Con esto buscan que el investigador pueda licenciar sus propias patentes u otras, que pueda crear una empresa y ser accionista".
En el mismo artículo, Herrera Estrella afirma que a la ley Monsanto (Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados) se le puso el mote porque sólo Monsanto puede cumplir con sus requerimientos, "porque es muy estricta". Arguyendo un pretendido nacionalismo –nada convincente dados sus vínculos con las trasnacionales– quieren simplificar los trámites para que los investigadores nacionales también puedan contaminar transgénicamente los cultivos.
Pero, ni la ley Monsanto es estricta (por eso hay contaminación) ni se le llama así por lo que dice Herrera Estrella, sino lo contrario: porque favorece ampliamente los intereses empresariales, no contra investigadores nacionales, sino contra el bien público. Recordemos que la primer versión de esta ley fue presentada al Congreso por el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, del que Herrera Estrella era y es miembro. La coordinación del cabildeo de la ley Monsanto –que ahora les resulta insuficiente, porque ven la coyuntura para ir por más elementos privatizadores– estuvo a cargo de su colega Francisco Bolívar Zapata, ahora nombrado por Peña Nieto coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno. Los pocos cambios que otros hicieron en el proceso legislativo, como la obligatoriedad de establecer un régimen especial de protección al maíz por ser México centro de origen (¿una de las complicaciones a las que aluden estos científicos?) fueron vaciados de contenido con el reglamento de dicha ley. La consulta pública es una farsa, nunca considera las críticas. Las aprobaciones de siembras experimentales de transgénicos, particularmente maíz, han sido impugnadas legalmente muchas veces, motivando únicamente que el gobierno adaptara el reglamento para dejar las impugnaciones sin efecto. Ha sido un proceso de tal grado de "corrupción legalizada", que fue presentado por el Grupo de Estudios Ambientales como caso de violación de derechos de los pueblos y violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria, ante las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México. La ley que redactaron esos científicos y que ahora quieren modificar para facilitar aún más privatización y contaminación, evidencia la veracidad de la acusación general del TPP sobre "desviación de poder" del Estado mexicano contra el interés público y en favor de las empresas.
En todo caso, Herrera Estrella no se ha quedado esperando cambios. Tiene numerosas patentes a partir del trabajo en instituciones públicas y es socio fundador de Stela Genomics, empresa fundada en 2011 en Estados Unidos, con una sede cómodamente vecina al laboratorio de genómica que él mismo dirige en el Cinvestav. También es socia una investigadora a quien dirigió su doctorado en el mismo laboratorio. Stela Genomics usa el trabajo que se hizo en Langebio, financiado públicamente, para promover su negocio privado. Además, gestiona comercialmente las patentes de Herrera Estrella.
El modelo es Estados Unidos, donde el público financia las universidades que trabajan con y para las transnacionales, y los investigadores están a la venta, incluida la orientación de su investigación. La investigación en biotecnología en México va en esa dirección y hay varios ejemplos. Este tipo de conflictos de interés serán parte de los casos a presentar en la próxima sesión del TPP sobre maíz transgénico y corrupción de la ciencia.
*investigadora del Grupo ETC
La indefensión laboral como falsa solución
La indefensión laboral como falsa solución
Arturo Alcalde Justiniani
La indefensión laboral como falsa solución
Esta semana, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron varios temas de gran importancia para el futuro de los derechos humanos en nuestro país. Sus decisiones están relacionadas con el alcance del artículo primero constitucional, reformado hace tan sólo dos años, cuando se creó un nuevo paradigma respecto de la aplicación e interpretación de los tratados internacionales en esta materia. Estamos hablando de derechos relacionados con la vida, la libertad, la seguridad, el medio ambiente, la alimentación, la igualdad y los derechos humanos laborales, entre otros.
La Suprema Corte resolvió tres temas a raíz de diversas contradicciones de criterios generadas en el seno del Poder Judicial Federal. El primero, relacionado con la jerarquía entre la Constitución política y los tratados internacionales. El segundo responde a la pregunta de qué hacer en caso de que haya contradicción entre una disposición expresa en la Constitución y derechos garantizados en tratados internacionales. El tercero se refiere a la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los jueces mexicanos. El próximo lunes el pleno abordará un tema adicional en relación con la impugnación a leyes que contravienen un tratado internacional que reconozca un derecho humano.
En la discusión sobre estos temas se destacaron dos visiones: una más progresista que sustentaba que la Constitución y los tratados tienen la misma jerarquía, y que los derechos contenidos en estos últimos deberían prevalecer sobre las restricciones señaladas en nuestra Carta Magna, y una visión más conservadora que sustentaba que la Constitución tiene un rango superior a los tratados, por tanto prevalecen las disposiciones constitucionales que restringen derechos contenidos en las convenciones internacionales. La decisión final fue darle la misma jerarquía a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, salvo cuando exista una restricción expresa, en cuyo caso deberá estarse a lo que marca la norma constitucional. Respecto de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se decidió que sí será vinculante para los jueces mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona. Esto incluye las sentencias dictadas en los casos en donde México no ha sido parte.
Por nuestra parte, compartimos la opinión de buena parte de los defensores de derechos humanos y sectores especializados, así como de diversas organizaciones de la sociedad civil, que califican de regresiva la decisión de la Corte en lo relacionado a la prevalencia de la Constitución cuando existe una restricción expresa de los derechos garantizados por tratados internacionales. Esto contradice a la reforma de derechos humanos de 2011 y a otros criterios que ya había expresado la misma SCJN. Los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional deben subsistir en todos los casos.
No obstante lo anterior, la decisión de la Corte tendrá un gran impacto en muchos de los asuntos que se encuentran ahora en los escritorios de los ministros por las limitaciones que operan en otras instancias de la justicia mexicana que no garantizan cabalmente los derechos contenidos en los compromisos que ha asumido nuestro país. Uno de los casos que ha generado particular interés está relacionado con la solicitud de registro sindical de los trabajadores al servicio del Instituto Federal Electoral (IFE), quienes han sufrido las consecuencias de una tendencia creciente en nuestro país que busca reducir los derechos laborales bajo la excusa de supuestas condiciones especiales de la actividad.
En el pasado, la segunda sala de la SCJN había negado la protección constitucional a los trabajadores de esta institución, avalando la legalidad del artículo 208 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual dispone que quien labore en esta dependencia debe ser considerado personal de confianza, sujeto además al régimen de excepción contenido en el apartado B del artículo 123 constitucional. Anclados en estas limitaciones, se les negó además el derecho a su libre sindicalización.
No obstante los obstáculos impuestos, los trabajadores del IFE no se han dado por vencidos, y ahora con renovados bríos intentan de nuevo su reconocimiento legal, cobijados en la vigencia de los convenios internacionales que sustentan con plenitud el derecho que reclaman. Alegan, con razón, que no existe restricción constitucional para el otorgamiento de su registro gremial, ya que la discriminación proviene de una ley de orden inferior. La segunda sala del máximo tribunal ha decidido asumir la competencia para resolver el caso en esta nueva perspectiva.
Colocar a los trabajadores en estado de indefensión por la supuesta importancia de su labor, responde a una visión corporativa y autoritaria que agravia no solo a los trabajadores directamente afectados sino a toda la sociedad. Además, envía el mensaje de que los compromisos asumidos con la comunidad internacional a través de los convenios no son tomados en serio. Con ésa misma lógica, se ha maltratado a los trabajadores de las comisiones de Derechos Humanos, a los trabajadores que laboran en funciones de seguridad pública y en días pasados, a los maestros del país. En cada caso, se han inventado argumentaciones distintas para justificar los prejuicios y la indefensión laboral como una solución. Recientemente, la ley aprobada al vapor en contra del magisterio nacional, evidenció esta tendencia. La intención de la Ley, más que buscar la calidad educativa, es crear un nuevo control burocrático suprimiendo la estabilidad laboral, ampliando la discrecionalidad del despido y limitando los mecanismos de representación y defensa.
Urge detener esta visión depredadora que cancela derechos fundamentales especialmente para las futuras generaciones.
El PRD debió votar contra la reforma educativa: Cárdenas Solórzano
El PRD debió votar contra la reforma educativa: Cárdenas Solórzano
Elio Henríquez, corresponsal
El PRD debió votar contra la reforma educativa: Cárdenas Solórzano
San Cristóbal de las Casas, Chis., 6 de septiembre.
Votar en favor de la reforma educativa "fue un error de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD)", afirmó este día el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, quien visitó en el penal al profesor indígena Alberto Patishtán Gómez.
Dijo que había muchas razones para votar contra esa reforma, sobre todo en el terreno laboral y en cuestiones administrativas, pues lesionan los derechos de los normalistas de forma particular "y creo que no correspondía a los legisladores del PRD votar afectando estos derechos".
Expresó que el gobierno federal debe atender las demandas de los maestros, "razonar con ellos, conocer cuáles son los problemas y revisar a fondo todo el sistema educativo, de manera particular al sistema de educación normal".
Mencionó que primero debe existir respeto a los derechos de los profesores, una revisión a fondo del sistema de educación en las escuelas normales y, sobre todo, educación de calidad en todo el país, "porque andamos muy lejos de ella, y que el gobierno atienda las razones del magisterio y éste entienda también en su momento algunas razones del Estado para que lleguen a un acuerdo tranquilo".
Cárdenas fue entrevistado a su salida del penal de San Cristóbal, donde visitó durante hora y media al profesor Patishtán Gómez, preso desde hace 13 años. Indicó que decidió visitar al profesor tzotzil porque "es una causa con la que todos debemos solidarizarnos buscando que sea puesto en libertad".
La protesta magisterial no amaina a lo largo del país
La protesta magisterial no amaina a lo largo del país
L. Chim, C. Bañuelos, J. Lastra y E. Gómez
La protesta magisterial no amaina a lo largo del país
■ Preparan en Veracruz una controversia constitucional
Miles de profesores en varios estados continuaron con marchas, paros de labores, tomas de casetas, bloqueos carreteros y plantones en protesta por la aprobación en el Congreso de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual será promulgada, según dijo el presidente Enrique Peña Nieto, a su regreso de la octava cumbre de líderes del G-20, realizada en San Petersburgo.
En Campeche, alrededor de mil profesores del municipio de El Carmen pararon labores por tiempo indefinido, además de que se registraron paros escalonados en varias escuelas de Hopelchén, Escárcega y Hecelchakán. El próximo domingo decidirán si se suman los siete municipios restantes.
Por tercer día, mentores de 26 municipios del sur de Veracruz tomaron las casetas de peaje de las autopistas de Cosoleacaque-Veracruz, Sayula-La Tinaja y del puente Coatzacoalcos II para franquear el paso a miles de automovilistas, "que hoy no pagan el uso de las vías de comunicación, por la aprobación de la reforma educativa".
Además, hubo marchas en parques de las ciudades de Xalapa, el puerto jarocho, Ciudad Isla, Martínez de la Torre, Tuxpan, Fortín de las Flores, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Tihuatlán y Naranjos, donde los mentores informaron que preparan una controversia constitucional con el fin de defender sus derechos laborales.
En la capital de Aguascalientes poco más de mil 200 maestros marcharon por las principales avenidas y concluyeron con un mitin en la plaza de la Patria, donde calificaron la reforma como laboral.
De forma similar, unos mil profesores de los municipios tamaulipecos de Reynosa, Río Bravo, Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico, se sumaron a la inconformidad y exigieron la renuncia del dirigente de la sección 30 del SNTE, Rafael Méndez Salas.
En Chihuahua, un centenar de maestros de la sección 8 tomaron las casetas de peaje en Sacramento, sobre la autopista Chihuahua-Juárez y dieron pase libre a los automovilistas. También en esta entidad, salieron a las calles para protestar en los municipios de Camargo y Casas Grandes.
Otros cientos de maestros realizaron marchas y plantones en Sinaloa, Michoacán y Querétaro, mientras que en la capital de Oaxaca padres de familia de la primaria Flores Magón decidieron que profesores de la sección 59 impartan clases hijos ante el paro de labores que realiza la sección 22.
Por la noche, un contigente de 500 maestros de las secciones 21 y 50, marcharon hacia palacio de gobierno de Monterrey, donde se pronunciaron en contra de los dirigentes de ambas secciones. Desde 1993 no se ha dado un paro de labores de docentes en Nuevo León.
Por quinto día consecutivo maestros de Veracruz se congregaron en la plaza Lerdo, en Xalapa, donde un grupo de estudiantes de la escuela preparatoria Juárez arribó para apoyar a los profesores Cuartoscuro
jueves, 5 de septiembre de 2013
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