Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados

http://gaceta.diputados.gob.mx/

Consulte www.siclapueblanoticias.blogspot.mx

www.livestream.com/siclatv

www.siclapuebla.blogspot.mx

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reelección de servidores públicos, presentada por el diputado José González Morfín, en nombre del diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de agosto de 2013

El que suscribe, Luis Alberto Villareal García, con el carácter de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reelección de servidores públicos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El objeto de este proyecto legislativo es permitir la elección consecutiva de los siguientes cargos de elección popular:

1. Legisladores federales (diputados y senadores);

2. Legisladores locales;

3. Miembros de los ayuntamientos (presidente municipal, síndicos y regidores) y jefes delegacionales, imponiendo un límite máximo de doce años consecutivos en el ejercicio del cargo, con excepción de presidentes municipales, síndicos y regidores cuyo término máximo se establece en nueve años consecutivos en el ejercicio del cargo, quedando a la potestad de las legislaturas de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa la posibilidad de acotar dicho plazo máximo.

Esta propuesta de elección consecutiva de un cargo público acotada a un plazo busca otorgar más poder al ciudadano, a fin de que pueda tener el derecho de juzgar y decidir si sus representantes merecen o no continuar ejerciendo su función.

Asimismo, los ciudadanos que ejerzan como servidores públicos tendrán la posibilidad de concretar en el mediano y largo plazo las acciones legislativas y de gobierno que se hayan planteado, además de que podrán profesionalizarse para desempeñar mejor su función.

Es necesario expresar que en Acción Nacional no negamos que la existencia de una estancia prolongada en el ejercicio del poder tiende a corromper y a desviar del bien común a los ciudadanos que ocupan un cargo público que se debe perseguir, conscientes de ello, no proponemos una reelección automática e indefinida, sino constreñida a lo siguiente:

1. A un plazo máximo de 9 y 12 años, según el encargo.

2. En el ámbito de las entidades federativas y del Distrito Federal, sus órganos legislativos podrán acotar todavía más el plazo anterior, lo que favorece la autonomía de los Estados dentro del pacto federal.

3. La elección consecutiva estará sujeta a una nueva elección bajo el presupuesto de que la democracia moderna en México ya se delinea un sistema electoral fuerte y confiable.

4. Los ciudadanos podrán premiar o castigar con el voto a los servidores públicos, y lo más importante, podrán incentivar que haya una correcta actuación en el servicio público.

5. Asimismo, la reelección o elección consecutiva que se propone estaría enmarcada en un marco de mayor transparencia pública y favorecería la rendición de cuentas de los servidores públicos, como un aliciente positivo para conseguir el voto en razón de su desempeño.

De tal manera, la propuesta de iniciativa de reforma constitucional se enmarca y contiene los equilibrios funcionales necesarios que tienen por objeto evitar ante todo la corrupción en el ejercicio de cargos públicos, así como cualquier actividad fraudulenta que tenga como fin perpetuarse en el ejercicio de un cargo público.

Por otra parte, es importante destacar que la constante renovación de los cargos públicos, si bien, permite reorganizar las acciones de gobierno para que haya nuevas voces en los Congresos o en los Ayuntamientos, y que ante todo no haya un dictado único y totalitario, lo cierto es que la renovación periódica puede tener un efecto negativo en la uniformidad y regularidad de las políticas y servicios públicos, por la existencia de un constante aprendizaje de los nuevos ciudadanos que ejercen un cargo, o bien la implementación de una visión de gobierno diametralmente distinta que lleva a la ingobernabilidad y falta de claridad.

En el mismo sentido, la imposibilidad de la elección consecutiva entraña costos en la relación de gobierno y ciudadanos, ya que la dinámica de la actuación pública se basa en la constante y fluida comunicación entre quien gobierna y los gobernados, misma que se ve truncada ante los cambios en los periodos de gobierno.

Otro argumento que refuerza la elección consecutiva, trátese de diputados, senadores, legisladores locales o de los miembros de los ayuntamientos, es lograr ciudadanos que estén ampliamente profesionalizados en la consecución de tareas públicas, y que además cuenten con la experiencia necesaria para realizar con el mayor atino sus labores.

De igual manera, al prohibir la reelección se evita que el electorado premie un buen desempeño público, efectivamente, si un ciudadano al ejercer como diputado o como presidente municipal realizó un correcto servicio, muy seguramente la mayoría de los ciudadanos estarán convencidos de que su permanencia, por consiguiente su reelección es benéfica para la colectividad.

Del mismo modo, en el ámbito legislativo al permitirse la elección consecutiva se aumenta la posibilidad de crear acuerdos al interior de los parlamentos, crear vínculos más duraderos y con mayores puntos de contacto entre los representantes populares por negociaciones políticas previas, lo que puede ayudar a superar las divisiones partidistas en la discusión de los temas.

En las democracias modernas se permite la reelección, México es de los pocos países que la prohíben. La proclama revolucionaria original de "Sufragio Efectivo, No Reelección" iba dirigida al Presidente de la República, no a los demás cargos de elección popular.

A continuación se citan textualmente las ventajas que señala el politólogo Dieter Nohlen1 en un esquema de reelección legislativa:

En primer lugar, la reelección fomenta la constitución de una élite parlamentaria experta que puede ser funcional desde una perspectiva de eficiencia y efectividad, contribuyendo en definitiva a la calidad de la política. La promoción de la experiencia no es sólo de carácter individual sino también institucional, la cual se pierde al cambiarse la composición del Parlamento por completo con cada elección. Segundo, la no reelección priva al elector de votar o de ser elegido libremente, sin que haya razones democráticas que puedan legitimarlo. Tercero, la reelección crea las condiciones para que el elector encuentre su representante con el cual experimenta una relación de confianza crítica. En tiempos que se caracterizan por desconfianza interpersonal e institucional, no es lógico que al ciudadano que ha encontrado una persona en quien confiar no se le dé la posibilidad de reelegirlo. Cuarto, con la no reelección se puede agravar el problema de la adecuación de los parlamentarios a las necesidades de un presidencialismo renovado, del desarrollo de relaciones flexibles del presidente con el Parlamento que faciliten la gobernabilidad. Y quinto, la no reelección restringe la capacidad del electorado de enjuiciar —positiva o negativamente— a los representantes. En términos generales, mediante la no reelección se garantiza la alternancia personal en el mandato, sin que ésta tenga algún efecto de control sobre su ejercicio. En la teoría democrática se le atribuye tal efecto de control a las elecciones en caso de que el diputado en ejercicio se vuelva a presentar como candidato.

Por otra parte, es necesario mencionar que la gran mayoría de los anteriores argumentos han sido compartidos y presentados como iniciativas por legisladores de todos los partidos políticos, por lo que debe dejar de ser un tema tabú o simple bandera política y darle realidad política al mismo.

Punto medular de esta propuesta, es dejar claro que en Acción Nacional no estamos a favor de la reelección del Ejecutivo Federal por un periodo de 6 años más, y que por tanto, desterramos totalmente tal posibilidad, por lo que ésta propuesta de ningún modo podría dar lugar a la reelección del Ejecutivo federal.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, se somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política, para permitir la elección consecutiva de legisladores federales, legisladores locales, miembros de los ayuntamientos y jefes delegacionales

Único . Se reforma el párrafo primero y segundo del artículo 59, el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 adicionando un tercer párrafo recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero, cuarto y quinto para pasar a ser cuarto, quinto y sexto párrafos, el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116, la fracción I de la Base Primera del apartado C adicionando un segundo párrafo, recorriéndolos en su orden del artículo 122 y el párrafo tercero de la fracción II de la Base Tercera del apartado C del artículo 122; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 59.

Los senadores y diputados al Congreso de la Unión, podrán serreelectos hasta por un período máximo de doce años consecutivos.

Los senadores y diputados suplentes no podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente con el carácter de propietarios, siempre que hubieren conservado ese carácter por un periodo consecutivo de doce años para los Senadores y más de seis para los Diputados; los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

Artículo 115. ...

I. ...

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos serán electos por un periodo de tres años, y podrán ser reelectos consecutivamente hasta por dos periodos, en ningún caso podrán exceder los nueve años consecutivos en el encargo.

Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé,serán considerados como electos popularmente por elección directa desde el momento en que inicie el período para el cual fueron electos, nombrados o designados para efectos de los plazos a que alude el segundo párrafo de esta fracción. Los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios y hayan sido reelectos hasta por el período de nueve años, no podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente con el carácter de suplentes. En el caso de los suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente como propietarios, con excepción de que hubieren permanecido con ese carácter por el referido período, en ese caso no podrán ser electos salvo que medie un periodo sin que hayan desempeñando los cargos correspondientes.

...

...

...

II. a VIII. ...

Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ...

Los diputados de las legislaturas de los Estados podrán ser reelectos hasta por tres periodos consecutivos más, pero en ningún caso podrán exceder de doce años consecutivos en el encargo.

...

...

...

...

...

...

III. a VII. ...

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A. al B. ...

C. ...

Base Primera. ...

I. Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la Ley, la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución;

Los diputados a la Asamblea Legislativa podrán ser reelectos hasta por tres periodos consecutivos más, pero en ningún caso podrán exceder de doce años consecutivos en el encargo.

II. al V. ...

Base Segunda. ...

Base Tercera. ...

I. ...

II. ...

...

Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley y podrán ser reelectos, hasta por dos periodos consecutivos más, pero en ningún caso podrán exceder de nueve años consecutivos en el encargo.

Base Cuarta a Base Quinta. ...

D. a H. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero no será aplicable para los funcionarios que actualmente se encuentren en los encargos señalados y esta será aplicable a partir de la renovación inmediata siguiente.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro del año siguiente a la publicación del presente decreto.

Tercero. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán su legislación en lo previsto en el presente decreto en un plazo máximo de un año contado a partir de la publicación del presente decreto.

Nota

1 Nohlen, Dieter. La reelección. Tratado de derecho electoral comparado de América Latina / comps. Dieter Nohlen, Daniel Zovatto, Jesús Orozco, José Thompson. - 21 ed. - México: FCE, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, 2007. Págs. 292 y 293.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de agosto de 2013.

Diputados: Luis Alberto Villareal García, José González Morfín, Rubén Camarillo Ortega (rúbricas)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Agosto 7 

acuerdo CHICO

http://www.joseacontreras.net/mexico/Gobierno_Federal_2006_2012/acuerdodechapultepec/acuerdo_nacional.pdf


Consulte www.siclapueblanoticias.blogspot.mx
www.livestream.com/siclatv
www.siclapuebla.blogspot.mx

los años de la apertura democrática

http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues10.htm

Es ampliamente reconocido que 1968 puede ser tomado como el arranque de una fase de transición del país hacia la democracia moderna. Hasta entonces, la estructura del poder en México se mantuvo estable, pero sin la existencia del juego político necesario que permitiera la expresión de una sociedad que había ido creciendo y diversificáindose. El movimiento estudiantil de 1968 fue, al menos en parte, la expresión de un sector de la sociedad -las clases medias urbanas- que demandaba mayor participación en un sistema político que no había cambiado al mismo ritmo que el país.

La actividad legislativa poco representaba en términos de la pluralidad casi inexistente. Cierto que la presencia del Partido Acción Nacional, del Partido Popular Socialista y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana incitaba, de cuando en cuando, agitados debates en el interior de la Cámara de Diputados. Pero los partidos de oposición estaban todavía limitados a su poco peso numérico en el Congreso, en el caso del primero, y a su casi absoluta concordancia con el PRI, en el caso de los otros dos.

Por ello es que el movimiento estudiantil removió de manera importante la necesidad de empezar a cambiar la cultura política de la sociedad mexicana, e iniciar un proceso de transición a la democracia que, a partir de entonces, ha transcurrido de manera lenta pero efectiva, y se ha visto reflejado en diferentes planos de la vida política nacional. A pesar de los sucesos de 1968, Luis Echeverría llegó a la presidencia a través de unas elecciones muy cómodas. Compartiendo su candidatura por el PRI con el PPS y el PARM, y teniendo como opositor único por el PAN a Efraín González Morfín, obtuvo el 84.63% del total de las votaciones. Además de la votación presidencial, la integración de XLVIII Legislatura se mantuvo de manera idéntica a como se había distribuido la Cámara de Diputados desde 1964: 178 diputados del PRI, 20 del PAN, 10 del PPS y 5 del PARM . En tales condiciones, la desventaja de la oposición se mantuvo en todos sentidos. Sin embargo, Echeverría, presionado por los acontecimientos de 1968, que habían dejado un saldo político mucho más grande que las proporciones del movimiento, se había presentado como candidato del PRI, y después como presidente, con un cuestionamiento al modelo de crecimiento -que partía, en principio, del reconocimiento a las desigualdades sociales y políticas generadas a lo largo del " desarrollo estabilizador " - y, al mismo tiempo, con un discurso oficialista que buscaba nuevas legitimidades y consensos que revitalizaran las instituciones de la Revolución Mexicana. Todo ello bajo el convencimiento de que de no hacer reformas la sociedad mexicana y, sobre todo, el Estado, podían tener problemas en el mediano plazo. En tal sentido, el presidente Echeverría trató de llevar a cabo un primer intento por recuperar la hegemonía y legitimidad estatal aparentemente perdida en 1968. Los cambios que habían ocurrido en la sociedad mexicana desde los años cuarenta (crecimiento, modernización, urbanización e industrialización), y la aparición y desarrollo de nuevos sectores sociales con demandas específicas ( v. g. las clases medias ), no habían sido acompañados de cambios políticos en el Estado y sus formas de gobierno. Como presidente, Echeverría impulsó ciertos cambios que dieron la impresión de una actitud más abierta a la tolerancia. Sin embargo, de manera contradictoria, a diferencia de la mayoría de las políticas de Echeverría, la " apertura democrática " sólo se expresó tímidamente en términos jurídicos. Las modificaciones de 1973 a la Ley Federal Electoral, promovidas en la XVIII Legislatura, de ninguna manera correspondieron al discurso de cambio que difundía el Presidente. De cualquier manera, los inicios del sexenio, y de la década de los setenta, fueron de definición de un sector de la sociedad: si la " apertura democrática " convenció a algunos jóvenes militantes del movimiento estudiantil de 1968 de participar a través de los pequeños canales legales que se fueron abriendo, algunos otros en cambio optaron por radicalizarse. La " derrota " de Tlatelolco, la represión de los llamados " Halcones " en junio de 1971, y la débil democratización de la vida política nacional, les hizo reflexionar sobre que la mejor vía para cambiar al país era la de la lucha armada, a través de las guerrillas en las montañas o a través de la guerrilla urbana. En el sexenio, las acciones de todos estos grupos radicales mantuvieron un clima de inestabilidad y zozobra en la sociedad a través de asaltos y secuestros, e implicaron respuestas igualmente violentas por parte del Estado. Aunque también se trató de contrarrestar a la guerrilla con el impulso a una reforma político-electoral que permitiera la participación legal de otros sectores de la sociedad. Obviamente, no sólo la guerrilla empujaba a tal reforma. Para entonces, diferentes sectores de la sociedad -muchos de ellos alentados por la retórica echeverrista- pugnaban por participar políticamente a través de organizaciones no oficiales. Una de las características del sexenio, es que fueron apareciendo diversos movimientos que trataban de presentarse como una opción política distinta a la que representaba históricamente la del propio Estado. Entre 1971 y 1974 la disidencia sindical tomó fuerza entre los electricistas, los maestros, los ferrocarrileros y los petroleros, pero también en un sinnúmero de sindicatos de empresa. A la vez, aparecieron organizaciones formales, tales como el Frente Auténtico del Trabajo y la Unidad Obrera Independiente. Por lo general, se luchaba por mejores condiciones económicas, pero también, cada vez más, por impulsar la democratización del sindicalismo oficial. Por otro lado, los movimientos independientes campesinos, aunque pequeños y aislados entre sí, empezaron a adquirir un perfil orgánico más definido a nivel local y regional, y en las principales urbes del país comenzaron a organizarse grupos de marginados y posesionarios que exigían tierras, títulos de propiedad y servicios. En síntesis, los años entre 1971 y 1976 fueron los tiempos de la aparición y ascenso de este tipo de movimientos que, aunque reprimidos muchos de ellos, hicieron evidentes las limitaciones de la apertura echeverrista, limitaciones contrastadas mucho más dramáticamente por la guerrilla urbana y rural. Contradictoriamente, la necesidad de iniciar una transición hacia formas más abiertas de democratización de la sociedad mexicana, que permitiera contrarrestar la presión de los movimientos independientes, radicales o no, se volvió una necesidad imperiosa, a riesgo de que se incrementaran los canales no institucionales de participación de la sociedad. Desde diciembre de 1971, como paso previo a las elecciones de 1973, se iniciaron mínimas reformas a la Ley Electoral, tales como el aumento del número de habitantes de los distritos electorales, y la reducción de la edad para ser diputado ( 21 años ) y senador ( 30 años ), que resultaban insuficientes en una sociedad con anhelos más fuertes de democracia. La modificación más importante en ese momento fue, sin duda, la disminución del porcentaje de votación, de 2.5 a 1.5, necesario para que los partidos políticos conservaran el registro y obtuvieran diputaciones de partido, mismas que con esa modificación aumentaron a 25. En realidad, esta última reforma tuvo que ver más que con una apertura democratizadora hacia la sociedad, con la necesidad de seguir contando con la presencia en la Cámara de Diputados de los que, más tarde, serían llamado partidos paraestatales: el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y Popular Socialista (PPS), quienes en la elección d 1970, habían obtenido sólo 0.54% y 0.84% respectivamente del votación total. Desde su campaña presidencial, Echeverría había planteado lo que haría su gobierno en términos económicos: creación de nuevos empleos, desconcentración industrial, apoyo a las regiones más atrasadas, justa distribución de la riqueza y, sobre todo, un cuestionamiento muy fuerte al papel de la iniciativa privada que había privilegiado en su beneficio el crecimiento económico en detrimento de la justicia social. Asimismo, propuso darle un mayor impulso al gasto social, particularmente a la educación y salud, tratar de resolver el atraso en que se encontraba sumido sector agropecuario, luchar por mejores condiciones de intercambio para los productos mexicanos en el exterior y, desarrollar un papel de liderazgo en torno a la integración económica latinoamericana. En esta perspectiva, una de las intenciones de Echeverría fue, con base en su propia interpretación de los principios básicos de la Revolución mexicana, la de recuperar el control de la economía que -según él- poco a poco se había trasladado a manos de la iniciativa privada. El mecanismo apropiado para tal fin, fue intervención gradual del Estado en la economía y la ampliación sus funciones en todos los niveles de la misma, con lo cual se justificaba la necesidad de pasar a un nuevo esquema de desarrollo q permitiera continuar el ritmo de crecimiento de los años sesenta, pero corrigiendo los enormes desequilibrios sociales que se habían generado. En ese sentido, Echeverría pensaba que era posible solucionar las contradicciones generadas por el '' desarrollo estabilizador ", sin atentar contra el esquema de crecimiento acelerado. Así las cosas, el Estado transformó su papel de primotor del desarrollo a rector de la economía. Ello dio pie a que empezara a tener injerencia tanto en la producción, distribución, circulación y consumo, para supuestamente lograr una equitativa distribución del ingreso. Desde esta perspectiva, Echeverría orientó su política económica en torno a tres vertientes fundamentales: una política social que buscó, por un lado, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y, por el otro, desarrollar una estrategia asistencial hacia los sectores mayoritarios de la sociedad; el crecimiento, Estado a través de la creación de empresas paraestatales, fideicomisos y organismos públicos, que abarcaron múltiples facetas de actividad económica del país, y, en tercer lugar, una política gasto público que, como nunca, creció cada año hasta convertirse en un costoso gasto improductivo que no resolvía los problema los sectores más necesitados, y en cambio resultaba improductivo y generoso para el país. Además, de acuerdo con este nuevo papel del Estado, Echeverría, tan pronto asumió la presidencia, envió al Congreso iniciativas de creación del Instituto Nacional para el Desarrollo la Comunidad Rural, del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También envió otras iniciativas que reformaron leyes vigentes, entre las destacaron la Federal de Reforma Agraria, la Orgánica de Petróleos Mexicanos y la de Control de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. En 1972 la XLVIII Legislatura reformó el artículo cuarto constitucional y expidió una nueva Ley General de Población, con el fin de adoptar una política de población. La reforma constitucional estableció el derecho de las parejas a decidir '' de manera libre responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos " . Paralelo a esto último, en 1976 se creó el Consejo Nacional de Población (Conapo), que quedó a cargo de la planeación demográfica y se expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, que estableció las bases jurídicas para ordenar los procesos relacionados con los asentamientos humanos y la distribución de la población en el territorio nacional. También la misma XLVIII Legislatura expidió la ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, y en 1973 otra ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera que, por cierto, provocarían protestas de la Asociación Nacional de Banqueros y de las empresas transnacionales. En realidad, tanto la XLVIII, como su sucesora la XLIX legislaturas desarrollaron una intensa actividad a lo largo de todo el sexenio echeverrista. Sin embargo, aunque toda esta intensa labor legislativa mostraba una clara necesidad de dar al país una nueva cara, y de que además las legislaturas del periodo mostraron un ritmo de trabajo que no habían tenido en gobiernos anteriores, el Congreso continuó -con la única excepción del PAN- mayoritariamente supeditado a las necesidades del Ejecutivo. La política económica-social más evidente a lo largo de su gobierno, fue el uso al llamado gasto social . Este se mantuvo por encima de otros rubros, aun por encima de la inversión en el sector industrial y paraestatal. Dentro del gasto social, la mayor inversión se dio en el sector agropecuario -que creció en el periodo a una tasa promedio anual de 34%-, seguido por el educativo y aspectos vinculados al desarrollo tecnológico -18% promedio de crecimiento anual- y, en tercer lugar, por el de salud. En el campo, el presidente pretendió desarrollar lo que llamó " la segunda etapa de la reforma agraria '', que consistió en tratar de continuar lo que había sido la política agrarista de Lázaro Cárdenas, y darle nueva presencia al paralizado ejido, colectivizándolo y apoyándolo para aumentar su producción. El objetivo era, además de refuncionalizar al ejido, que de su producción se pudiera recuperar la crisis alimenticia que el país vivía desde la década anterior. Paralelamente trató de llevar a cabo una reforma educativa, que culminó con la expedición de la Ley Federal de Educación en 1973. Esto fue acompañado de un aumento, en 14 veces, al presupuesto educativo, que permitió abrir nuevas escuelas superiores, como la Universidad Autónoma Metropolitana. También enfatizó la educación técnica al establecer 857 escuelas técnicas secundarias e institutos tecnológicos en todo el país. Pero además, el aumento del gasto público también provino del crecimiento del propio Estado, creó fideicomisos que y compró todo tipo de empresas que el sector privado no podía seguir sosteniendo, bajo el argumento de la necesidad de mantener los empleos. Esto llevó al intenso crecimiento del sector paraestatal que, sin embargo era visto como una necesidad por parte del Estado de cubrir áreas económicas que el mercado no podía satisfacer. En todo caso, la política económica del gobierno, con el fin de satisfacer las cargas sociales que se había impuesto implicó la existencia de un gasto público muy elevado que, además de no tener correspondencia con los ingresos del propio Estado, estuvo sujeto al inmediatismo, la improvisación, el desorden y, desde luego, la corrupción. Pero si la contradictoria política económica de Echeverría trajo beneficios a ciertos sectores sociales, en cambio, el eje determinante de los conflictos sociales durante el periodo echeverrista, se fue trasladando poco a poco por el lado del enfrentamiento con los empresarios. Desde el principio de su gobierno el presidente Luis Echeverría había tenido que enfrentar la desconfianza de los sectores privados hacia su gobierno. La retórica " populista '' se reflejaba en la economía en un programa que, para los empresarios, era difícil de asimilar. En esas circunstancias, la situación financiera del país se fue deteriorando fuertemente. Y si bien en el sexenio la economía todavia creció a un ritmo acelerado ( 5% promedio anual ), la inflación aumentó a niveles nunca antes vistos en la economía mexicana ( 14.2% promedio anual ), sobre todo después de 1973. Además, la inflación provocada por el aumento del circulante empezó a ser reforzada por los aumentos internacionales a los energéticos y la inflación mundial que para entonces apareció en el horizonte. Para 1976, la situación económica del país evidenciaba los síntomas de una profunda crisis, donde los problemas con la balanza de pagos, la disminución aguda de la producción agrícola e industria, el endeudamiento, la fuga de capitales y, en general, el estancamiento en el crecimiento del país eran los signos más visibles. A fines del sexenio, la relación entre los empresarios y el Estado no auguraba nada bueno. Las condiciones del enfrentamiento, aunadas a las dificultades económicas a que había entrado el país desde 1975, llevaron al gobierno -sobre todo a través de la retracción de la inversión y de la fuga de capitales- a un callejón sin salida, cuyo desenlace fue la devaluación del peso. En lo político, los avances no fueron significativos. La tímida Reforma Electoral de 1973 no había producido resultados realmente democratizadores. Las elecciones para diputados realizadas en 1973 no mostraron ningún cambio profundo: según cifras oficiales, con un abstencionismo del 34%, el Partido Revolucionario Institucional obtuvo el 70% del total de los votos, el Partido Acción Nacional el 14.60% -la cifra más alta hasta entonces-, el Partido Popular Socialista el 3.61%, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana apenas logró superar el porcentaje mínimo al obtener el 1.82%. El reflejo de esta votación en la Cámara de Diputados fue la existencia de 189 curules para el PRI, 25 para el PAN ( 23 de mayoría y 2 de partido ), 10 para el PPS y 7 para el PARM. La mismas condiciones electorales se repitieron tres años después en las elecciones presidenciales de 1976. Sin embargo, para entonces ya algunas fuerzas políticas que habían permanecido en la clandestinidad, trataban de manifestarse en forma legal. El viejo Partido Comunista Mexicano, sin registro, decidió aprovechar los aires democratizadores que soplaban en el país y, además de intentar agrupar en su seno a parte importante de la izquierda tradicional, presentó la candidatura, sin validez oficial, de Valentín Campa para la presidencia de la República. Otra presencia importante, con fuerza en la opinión pública, aunque sin participación electoral, lo constituyó el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Muy estrechamente vinculado al PMT, surgió en 1973 de una escisión en el CNAO, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Aunque se conformó oficialmente en 1975 y obtuvo su registro formal hasta 1978, se convirtió rápidamente en un nuevo partido paraestatal, destinado, más que nada, a oponerse a la oposición del PRI. Por su parte, el PAN, que había venido obteniendo una votación creciente, aunque sin representar un serio peligro para el PRI, y que en la Cámara de Diputados se había constituido en la única oposición crítica a la política del presidente Echeverría, en medio de controversias internas, terminó por no presentar candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 1976, por considerar que no había garantías suficientes para llevar adelante elecciones democráticas. Al realizarse las elecciones de 1976, no hubo más que un sólo candidato con registro: José López Portillo por el PRI. El PARM y el PPS, siguiendo su costumbre desde 1958, apoyaron la candidatura del PRI, y sólo el PCM presentó a Valentín Campa como contendiente. En estas circunstancias, las elecciones presidenciales resultaron cómodas para el PRI. Sin embargo, contradictoriamente reflejaban las condiciones de atraso político en que se encontraba el país: oficialmente, José López Portillo obtuvo el 90.63% de los votos emitidos, con un abstencionismo del 35.5%. Cuando en agosto de ese año se integró la L Legislatura en la Cámara baja del Congreso, de 237 Diputados, 195 eran del PRI, 20 del PAN, 12 del PPS y 8 del PARM. Ello representaba con toda evidencia un cuadro con las precarias condiciones políticas en que vivía el país a fines del gobierno de Echeverría quien, a pesar de la " apertura democrática '', no había podido generar las condiciones mínimas de un tránsito a una situación más abierta de participación política; además, ya era evidente la presencia de grupos que demandan presencia legal en el Congreso. Al empezar a trabajar el nuevo gobierno en diciembre de 1976 era evidente la crisis económica por la que atravesaba el país, tanto por los desequilibrios en el modelo de crecimiento seguido desde los años cuarenta, como por los acontecimientos negativos surgidos en el último sexenio, que al combinarse con la recesión internacional, crearon una situación recesiva de la economía que hacía peligroso el inicio de su gobierno. Pata López Portillo, sin embargo, no se trataba de modificar radicalmente la estrategia seguida por su antecesor, sino únicamente variarla para corregir los resultados negativos. En tal sentido, el problema fundamental de la desigual redistribución del ingreso subsistía y su gobierno se propuso corregirla desde otro ángulo: a través de un programa de creación de empleos. Para lograr esta alternativa siguió la misma senda echeverrista del gasto público elevado, pero tuvo en su favor un recurso muy importante: el petróleo. Durante la mayor parte de su gobierno, contó con la riqueza generada por el petróleo, lo que permitió que el país recuperara los índices de crecimiento -e incluso más altos- que habían existido en la década anterior. Pero el petróleo también incidió en la profundización de problemas que llevaron al país a una nueva crisis al final del sexenio: el gasto público excesivo y el incremento desproporcionado del endeudamiento externo. Para empezar, con el objetivo de lograr estabilizar al país, el nuevo gobierno se vio obligado a confirmar el acuerdo de estabilización pactado con el Fondo Monetario Internacional al final de la administración anterior, mismo que presuponía principalmente la reducción del déficit del sector público la limitación del endeudamiento externo, el no crecimiento del gobierno, la apertura al exterior y la aplicación de políticas restrictivas del salario. Parte fundamental del programa del nuevo gobierno fue la reforma administrativa. Con ésta, aparte de achicar y haces más racional el aparato público, se buscó introducir la racionalidad y la planeación, es decir, modernizar a la burocracia. Para ello, el gobierno, además de la creación inmediata de la Secretaría de Programación y Presupuesto -destinada a planear la forma en como se gastaban los egresos-, envió al Congreso tres iniciativas de leyes: la Ley sobre Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público que atribuyó la política presupuestaria a esta Secretaría para hacer coincidir en ella la confección del presupuesto con la planeación; la Ley General de Deuda Pública que colocó a la Secretaría de Hacienda como controlador único de la contratación de toda la deuda pública, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que redistribuyó funciones entre dependencias.

La nueva estrategia económica consistió en la ampliación del gasto público y la inversión masiva en la industria del petróleo para aumentar la extracción del crudo y aprovechar los altos precios vigentes. López Portillo siguió el camino del echeverrismo en cuanto al tamaño del Estado; su gobierno creció constantemente, y para fines de 1980 contaba con 77 organismos descentralizados, 450 empresas con mayoría accionaria estatal, 54 con inversión minoritaria, y 199 fideicomisos y fondos. Las empresas eran sumamente disímiles, y en ocasiones habían sido adquiridas al borde de la quiebra.

Esta inversión fue financiada con deuda externa y divisas así conseguidas sirvieron tanto para pagar el servicio de la deuda como para incrementar los ingresos del Estado. Dentro la perspectiva lopezportillista, todo ello alentaría al sector industrial y crearía empleo. El énfasis se puso en el empleo industrial, sin olvidar la productividad del campo y los proyectos sociales para los marginados. Esto explica por qué, a diferencia de su antecesor, López Portillo orientó su gobierno más hacia la inversión que hacia el gasto social. La industria fue reactivada mediante cuantiosas inversiones públicas en empresas del Estado, así como subsidios y exenciones a la exportación de manufacturas del sector privado. Por otro lado, y dentro de la lógica de la alianza sectorial, el nuevo gobierno convenció al movimiento obrero de moderar las perticiones de aumento salariales a cambio de la creación masiva nuevos empleos. Por el lado de la agricultura, aunque el Ejecutivo manifestó que éste era un sector prioritario, no fue sino hasta marzo de 1980 -más de tres años después de haber tomado posesión- que dio a conocer un proyecto para tratar de resolver los problemas le aquejaban: el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Se trataba de un plan para lograr la autosuficiencia alimentaria que evitaría las terribles importaciones y compensaría en buena medida la maltrecha balanza de pagos. El SAM llegó acompañado de la aprobación, por parte la LI Legislatura, de la Ley de Fomento Agropecuario, que apoyaba la posible asociación de ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios para la producción y la prestación de servicios. Lo interesante del caso, es que junto a la crítica de la izquierda por lo consideraban una ley '' reaccionaria y contrarrevolucionaria ", que preparaba la privatización del campo y debilitaba al ejido, en el mismo sentido se alzaron voces dentro de los diputados priistas. El descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo al inicio de la administración lopezportillista, en un momento en que los precios del combustible empezaban a subir, no pudo más afortunada y dio lugar a la certidumbre gubernamental de contar con una salida definitiva a su problema económico.

Consulte www.siclapueblanoticias.blogspot.mx

www.livestream.com/siclatv

www.siclapuebla.blogspot.mx

Yancuic :: Agencia de Noticias, Publicidad e Impresos

http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/30049

Política

Pide senador del PRD referéndum constitucional para aprobar reforma energética

Mario Delgado Carrillo

Es urgente que el Congreso de la Unión apruebe la ley reglamentaria del artículo 135 constitucional para llevar a cabo el primer referéndum de la historia en torno a la reforma del sector energético, afirmó el senador del PRD, Mario Delgado Carrillo.

Lunes 12 de agosto de 2013

Es urgente que el Congreso de la Unión apruebe la ley reglamentaria del artículo 135 constitucional para llevar a cabo el primer referéndum de la historia en torno a la reforma del sector energético, afirmó el senador del PRD, Mario Delgado Carrillo.

El también Presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República agregó que la prisa del gobierno de Enrique Peña Nieto para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada no debe ser impedimento para que una eventual reforma política haga realidad este derecho de los mexicanos, mismo que ya está plasmado en la Carta Magna.

El senador Mario Delgado  cuestionó que el PRD y el PAN defiendan la aprobación de reformas estructurales mediante acuerdos cupulares dentro del Pacto por México y que no busquen la participación y el consenso de la gente a través de mecanismos como el referéndum y la iniciativa popular.

Delgado Carrillo advirtió que por la importancia histórica de la nacionalización del petróleo, es insuficiente la aprobación de la reforma solamente por una mayoría en el Congreso de la Unión.

 "Por el peso histórico que tiene el petróleo y por su importancia hacia el futuro para todos los mexicanos, hay que llamar a la gente  a que se involucre directamente en el destino del sector energético, en la Constitución ya existe este derecho y no hay razón válida para no aplicarlo",

Explicó que el sábado 10 de agosto se venció el plazo previsto en la ley para que el Congreso de la Unión aprobara la ley reglamentaria del artículo 135 Constitucional, el cual contempla las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular, por lo que es necesario contemplar este tema en un eventual periodo extraordinario.

Añadió que se trata de romper con el monopolio tradicional de los partidos políticos como única vía para que la sociedad participe en las decisiones de gobierno, destacando que a través de estos mecanismos los electores podrían opinar y avalar reformas tan importantes como la que comenzará a discutirse del sector energético.

 "La gente debe de tener la última palabra y por ello pedimos Referéndum constitucional para la reforme energética", sentenció.

Consideró que en una democracia plena deben construirse acuerdos de largo plazo con mecanismos de participación directa, ya que acuerdos de coyuntura como el Pacto por México debilitan la vida democrática al pretender sustituir al Congreso y al verdadero consenso social.

Por último, manifestó que la existencia de grupo de senadores del PAN y PRD que plantean una nueva reforma política a debatirse en un periodo extraordinario, debe incluirse en la misma la ley reglamentaria del artículo 135 constitucional, ya que establecer los mecanismos de participación ciudadana es tan urgente como la creación de un organismo anticorrupción.

Consulte www.siclapueblanoticias.blogspot.mx

www.livestream.com/siclatv

www.siclapuebla.blogspot.mx

Laguna legal ayuda al narco; error jurídico data de 1973

Laguna legal ayuda al narco; error jurídico data de 1973

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/12/913256

2013-08-12 06:04:46

Vía Excelsior itms-apps://ax.itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewContentsUserReviews?type=Purple+Software&id=510688559

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de agosto.- Una laguna legal técnicamente impide al Ministerio Público federal perseguir el narcotráfico.

José Elías Romero Apis, quien en su calidad de subprocurador general de la República de 1982 a 1993 fue responsable de procesar a 60 mil personas acusadas de delitos contra la salud, aseguró que esa deficiencia legislativa data de 1973, cuando se derogó el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, de entonces a la fecha, la PGR ha consignado a miles de mexicanos por ese delito y los jueces federales han sentenciado a un buen porcentaje de ellos.

En entrevista conExcélsior, advirtió que uno de los riesgos es que sería sencillo para los ya sentenciados obtener un amparo que anularía su condena.

(Una solución) consistiría en que la Suprema Corte de Justicia declarara que el narcotráfico afecta a la Federación en alguno de sus intereses fundamentales. Es decir, que se trata de un delito contra la Federación." José Elías Romero Apis, Ex subprocurador de la PGR

Error legal despenalizaría al narco

Existe una laguna legal desde hace 40 años, cuando fue derogado el código sanitario, que técnicamente impide al ministerio público federal perseguir ese delito, según el especialista.

En su calidad de subprocurador General de la República, cargo que detentó de 1982 a 1993, José Elías Romero Apis llegó a ser responsable del procesamiento de 60 mil personas acusadas de delitos contra la salud.

Lo hizo, revela él mismo, consciente de que la ley mexicana tiene una laguna  —producto de una deficiencia legislativa que data de 1973, cuando se derogó el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos—  que técnicamente impide al Ministerio Público Federal perseguir el narcotráfico.

No obstante, de entonces a la fecha la PGR ha consignado a miles de mexicanos por ese delito, y los jueces federales han sentenciado a un buen porcentaje de ellos. Hasta la reforma judicial de 2008, el Ministerio Público no tenía la obligación de informar a los procesados sobre sus derechos constitucionales.

Esto es un fenómeno muy lamentable para la seguridad pública y la seguridad nacional. Consiste en el hecho de que, debido a ciertos errores de naturaleza legislativa cometidos en el pasado y no corregidos con posterioridad, hemos llegado a un estatus más que delicado en la lucha contra el crimen organizado."

Ello se resume en una peligrosa verdad guardada durante muchos años, por razones más que obvias: el narcotráfico o los delitos contra la salud no son delitos federales (...) Pero tampoco son delitos locales." José Elías Romero Apis, ex subprocurador general de la República

Romero Apis, quien también ha trabajado en la Consejería Jurídica de Los Pinos y ha sido presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, describió el viernes pasado, en un artículo publicado en las páginas editoriales de este diario, su "desconcierto" sobre "una peligrosa verdad guardada durante muchos años: el narcotráfico o los delitos contra la salud no son delitos federales ni están previstos en la legislación local".

El también constitucionalista abundó: "Ello se debe a un error legislativo cometido hace más de 40 años que nos puso frente a un vacío competencial de proporciones mayores que no se ha corregido".

En el contexto del debate sobre la conveniencia de despenalizar o legalizar la mariguana en México, así como del error de procedimiento por el que se tuvo que liberar al narcotraficante Rafael Caro Quintero, se pidió una entrevista a Romero Apis  —quien se declara a favor de la prohibición de las drogas—   con el fin de que ampliara su afirmación.

En la entrevista, el también ex subprocurador del Distrito Federal dice que los estados no están impedidos para legislar en materia de delitos contra la salud, y que hay otros delitos  —los electorales y los ambientales, entre ellos—   que están en la misma laguna legal que el narcotráfico.

−El viernes pasado su artículo de Excélsior dice que el narcotráfico no está penalizado por las leyes mexicanas. Esta afirmación es muy sorprendente. ¿Nos podría decir en qué consiste esta despenalización?

−Esto es un fenómeno muy lamentable para la seguridad pública y la seguridad nacional de nuestro país. Consiste en el hecho de que, debido a ciertos errores de naturaleza legislativa cometidos en el pasado y no corregidos con posterioridad, hemos llegado a un estatus más que delicado en la lucha contra el crimen organizado.

    "Ello se resume en una peligrosa verdad guardada durante muchos años, por razones más que obvias: el narcotráfico o los delitos contra la salud no son delitos federales. Luego, entonces, no puede investigarlos la fiscalía federal ni pueden juzgarlos ni sentenciarlos los jueces federales. Pero, al no estar contemplados en las leyes penales locales, tampoco son delitos locales ni pueden investigarlos los fiscales de los estados federados ni enjuiciarlos los tribunales de las localidades."

−¿Es esto lo que constituiría una "laguna" de la ley?

−En efecto, estamos frente a un vacío competencial de grandes proporciones que no se ha corregido, precisamente para no dar lugar a un problema mayor con su corrección a partir de poner en alerta a los delincuentes con una reforma correctora para el futuro pero que podría ser letal de no corregirse.

−¿En qué consiste una desfederalización de los delitos?

−Trataré de explicarme con mayor precisión y detalle. Son cuatro los criterios que determinan la atribución competencial de la Federación, en materia penal. Todos ellos se encuentran contenidos en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ellos son el criterio territorial, el local, el personal y el material.

−¿Podría explicarnos cada uno de ellos?

−Sí, como no. El primero de ellos es el principio de territorialidad. Por virtud de éste se consideran federales a los delitos cometidos en el extranjero: 1) por o contra mexicanos; 2) si producen efectos o se siguen cometiendo en México; 3) si se cometen en embajadas, consulados o legaciones mexicanas, y 4) los cometidos en buques o aeronaves mexicanos.

    "El segundo es el principio de localidad. Éste es muy parecido al anterior pero restringido a un lugar concreto. Por virtud de este principio se consideran federales los delitos cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras acreditadas en México y los cometidos en buques o aeronaves extranjeros ubicados en territorio mexicano.

    "El tercer principio es el de vinculación personal. Es éste un criterio de referencia subjetiva y se concreta en tres aspectos personales: 1) los cometidos en contra de la Federación o que  ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de sus atribuciones; 2) los cometidos por o en contra de un empleado federal en ejercicio o con motivo de sus funciones, y 3) los cometidos por o en contra de un servicio público federal centralizado, descentralizado o concesionado.

    "El cuarto y último es el principio de vinculación material y se refiere a que son delitos federales los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales, con excepción del Código Penal Federal. Bajo este criterio, pueden ejemplificarse como federales los delitos previstos en las leyes fiscales federales o en las leyes bancarias federales o en las leyes federales de comunicaciones.

    "Sin embargo, decíamos, el Código Penal no atribuye federalidad automática y los delitos que prevé ese ordenamiento sólo serían federales si se dieran bajo alguno de los otros tres principios."

−Luego entonces, ¿cómo es que el narcotráfico no está penalizado?

−Por algo muy lamentable. Los delitos contra la salud, genéricamente son conocidos como narcotráfico, se encuentran previstos por los artículos 194 a 199 del Código Penal Federal. Luego entonces este tipo de delitos no son federales por sí mismos. El principio de vinculación material no se da en este caso por la limitación de este ordenamiento para conferir federalidad.

    "De esta manera sólo sería materia federal la comisión de delitos contra la salud cuando, por ejemplo, lo cometiera un funcionario federal en ejercicio o con motivo de sus atribuciones. Ni siquiera por cualquier funcionario federal que no estuviere ejerciendo sus funciones."

−¿Cómo es que se pudo dar un error como éste?

−Es muy triste reconocerlo, pero este disparate jurídico tiene una historia simple, pero descuidada.

    "Hasta hace unas cuatro décadas los delitos contra la salud se encontraban previstos en lo que entonces era nuestra legislación sanitaria, misma que se denominaba Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. Pero se hizo una reforma de ésas que pensamos que nos acercarían a la modernidad cuando, en realidad, nos llevaron al retroceso.

    "Alguien dijo que era de mejor técnica normativa colocar los delitos en un solo ordenamiento, éste es el Código Penal, y retirarlos de la ley específica donde se encontraban. Pero, por ignorancia o por descuido, no se consideró que de esa manera se perdería la federalidad de dichos delitos.

    "Como consecuencia bien sabida de ello, el Ministerio Público Federal queda impedido para investigar la comisión de esos delitos puesto que su competencia se restringe a la investigación de los delitos federales, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

    "De la misma manera, los tribunales de la Federación también han quedado impedidos para enjuiciar y para sentenciar lo que les fuera sometido en materia de narcotráfico o delitos contra la salud.

    "Estas consideraciones sobre el Ministerio Público Federal y sobre los Tribunales de la Federación deben ser consideradas como un impedimento insalvable, de acuerdo con lo señalado por el artículo 124 constitucional, en el sentido de que toda facultad no conferida a la Federación queda reservada para ser ejercida por los estados."

−¿Cuáles son los problemas que se generan con esta imperfección normativa?

−El primero y más importante es el establecimiento de un espacio de impunidad. Además de lo anteriormente dicho respecto a la imposibilidad federal de investigación y enjuiciamiento, los estados federados han resbalado en la misma inercia equivocada de considerar a estos delitos como un monopolio federal y, por lo tanto, se han abstenido de legislar sustantivamente sobre esta materia. Es por ello que no existen delitos locales contra la salud, no obstante que constitucionalmente están facultados para ello.

    "Así, los delitos cometidos en esta materia no pueden ser investigados ni enjuiciados por la Federación aunque están previstos en una ley federal, pero que, de manera excepcional, no confiere federalidad material. Y, por otro lado, no pueden ser investigados y enjuiciados por los estados federados por la sencilla razón de que no los tienen contemplados en su legislación sustantiva y, por lo mismo, no resulta aplicable a ellos su legislación adjetiva."

−¿Qué podría pasar en la práctica?

−En el caso de aquellos individuos ya sentenciados por delitos contra la salud resulta que fueron enjuiciados y condenados por autoridades judiciales carentes de competencia para ello. Resultaría para ellos de relativa sencillez obtener una sentencia de amparo que anulara el proceso y el principal de sus efectos, que es la sentencia.

    "Pero, además, no podrían ser vueltos a enjuiciar, en este caso por una autoridad judicial local, por dos razones constitucionales fundamentales. La primera es porque se estaría violando el principio garantista non bis in idem. Es decir, habría una clara conculcación al artículo 23 constitucional en cuanto a la prohibición de juzgar dos veces por el mismo delito. Es evidente, además, que la reposición del juicio por razones imputables al descuido de la autoridad sería inaceptable constitucionalmente.

    "La segunda razón, a riesgo de ser reiterativo, es porque tendría que instalarse normativamente el nuevo delito local de narcotráfico y éste no podría aplicarse para enjuiciar por delitos cometidos con anterioridad a la vigencia del nuevo dispositivo, so pena de violar el artículo 14 constitucional en cuanto a la prohibición de dar efecto retroactivo a las leyes, en perjuicio del gobernado.

    "Ahora bien, tratándose de aquellos individuos todavía no sentenciados, bien sea que el proceso ya se haya iniciado o que se encuentre pendiente de incoación, la situación no es mucho mejor. Desde luego que el proceso iniciado ante un tribunal incompetente podría remitirse ante uno competente, bien por declinatoria que por inhibitoria. Pero, en la situación mexicana actual, ¿hacia dónde podría hacerse esta remisión?"

−En su tiempo como funcionario de la procuración de justicia, ¿comentó este asunto?

−Sí, desde luego lo comenté con mis superiores. Sin embargo, se tomó la decisión de no modificar las normas para no alertar a los inculpados y crear un problema mayor. Esta solución no era feliz, pero otra podría haber sido peor.

−¿Usted consignó a muchos narcotraficantes durante su función?

−En los números estadísticos, la institución debe haber consignado a unos 60 mil delincuentes durante los muchos años que serví en ella.

−¿En cuántos casos perdió usted el juicio contra ellos?

−En ninguno.

−¿Usted o sus agentes alertaban a los detenidos sobre sus derechos constitucionales?

−En aquel entonces no había obligación constitucional de informar al detenido sobre sus derechos. Esto vino a concretarse hasta con la reforma constitucional del año 2008 y quedó establecido en el nuevo artículo 20.

−¿Se han solicitado amparos por estas razones?

−No, hasta donde estoy enterado. Pero no estoy en contacto directo con el tema. El bufete que dirijo no atiende estas materias y, por lo tanto, no estoy en contacto ni con las autoridades especializadas ni, mucho menos, con los inculpados.      

−Sin embargo, usted ha seguido pensando en el asunto…

−Sí. Es una deficiencia normativa que me ha atormentado durante años. La he estudiado, lo he comentado en mis conferencias y hasta en ensayos especializados que han sido publicados. Lo bueno es que creo que hemos encontrado y tenemos a la mano una posible solución al problema.

−¿Cuáles podrían ser esas soluciones?

−El problema está creado y el daño está hecho. Por mucho que las autoridades de las últimas tres décadas se afanaron por paliar el desaguisado creado por los gobernantes de hace cuarenta años, hoy ha quedado a la vista de todos en dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que aplicarnos, en el entendido de que casi todas las soluciones se producirían para el futuro, dejando irresolutos los desórdenes del pasado.

    "La primera y más obvia sería la legislativa reglamentaria. Adicionar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que los delitos contra la salud son federales. Hasta allí queda purgado el defecto y queda colmado el vacío competencial. La Federación quedaría legitimada para investigar, perseguir, enjuiciar y sentenciar en materia de narcotráfico.

    "El único inconveniente es que sólo se lograría para lo que suceda de la reforma hacia el futuro. Lo sucedido desde los años setenta hasta la fecha quedaría aún sin solución porque no podría utilizarse de manera retroactiva.

    "La segunda solución sería la jurisdiccional interpretativa, que es la que más me convence y la que yo recomendaría. Consistiría en que la Suprema Corte de Justicia declarara que el narcotráfico afecta a la Federación en alguno de sus intereses fundamentales. Es decir, que se trata de un delito contra la Federación. Esto, desde luego, no es muy exacto ni muy pulcro pero reportaría la ventaja de que, con ello, se encuadraría la federalidad en los términos del artículo 50 de la LOPJF y, sobre todo sin problemas de retroactividad.

    "La tercera sería la legislativa constitucional. Esto consistiría en una reforma casi sin pudor o llena de cinismo. Reformar la constitución para señalar que, debido a los errores gubernamentales del pasado, las leyes pueden aplicarse retroactivamente en materia de delitos contra la salud. Bien para sancionar a los delincuentes. Peligroso para todos los que no lo somos."

−Dice usted que la que recomienda no es muy exacta pero, ¿aun así podría funcionar?

−Claro que sí. Una resolución de la Suprema Corte de Justicia es válida aunque no sea pulcra ni exacta. La definitividad de sus sentencias es absoluta. Por eso se ha dicho que la Constitución no dice lo que dice, sino que la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice. Vale más una resolución de la Suprema Corte que el pensamiento de cien sabios.

−¿Existen otros temas normativos con problemas similares?

−Sí, muchísimos. Esto es lo que sucede por legislar sin sabiduría y sin previsión. Porque lo que se ha hecho con el narcotráfico hoy sucede con los delitos electorales, los de propiedad intelectual e industrial, los ecológicos y algunos más que se encuentran en la misma situación imaginaria de que son federales pero que en realidad no lo son y que, además, no están previstos en las legislaciones locales.

−¿Espera que esta revelación surta algún efecto?

−Para quienes creemos en el Estado de derecho y hemos dedicado y sacrificado algo en nuestras vidas luchando contra el crimen es muy desalentador que la ley pudiera fracasar por los errores de los hombres. Desarmar y reparar esos errores cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho sufrimiento. Ojalá que todo lo que se haga sea para bien de la justicia, para bien de los mexicanos y para el bien superior de México.

Consulte www.siclapueblanoticias.blogspot.mx

www.livestream.com/siclatv

www.siclapuebla.blogspot.mx